Mientras productores reducen visitas y pierden control administrativo por miedo, el Gaula reporta 11 denuncias en 2026, la mayoría por llamadas y mensajes. Entre panfletos, fotos de negocios y engaños de “falso servicio”, el delito se moderniza y la inversión en seguridad rural queda en deuda.

El Atlántico, donde por años el sur y el centro-sur se percibían como territorios tranquilos, hoy vive un giro que golpea de frente a la ganadería. En lo corrido de 2026, gremios y autoridades reconocen un escenario de presión criminal que se expresa en extorsiones telefónicas, amenazas y modalidades cada vez más sofisticadas, con un impacto directo en la productividad y en la vida cotidiana del productor.

Jorge Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte), describió que “los índices de violencia en el área no metropolitana están tan graves como el área metropolitana”. Para él, el cambio es reciente pero sostenido, pues “en los últimos 2, 3 años ha crecido mucho la inseguridad. El año 2025 comenzó a reconocerse el tema y en lo que va del año 2026 ha empeorado aún más”.

El efecto más visible no es solo el miedo, sino el repliegue. “Ya no podemos quedarnos en la finca hasta tantas horas de la noche por el tema de la inseguridad”, insistió Rodríguez. Para el productor, “la finca es para vivirla, porque esa es nuestra empresa”, pero esa lógica se rompe cuando el ganadero se ve obligado a ir menos, vigilar menos y, por extensión, administrar peor.

Bajo amenaza

Cuando el ganadero reduce la presencia en su predio, pierde algo más que horas de sueño. Rodríguez advirtió que la inseguridad ya está afectando la operación, ya que “hemos disminuido la visita a nuestra finca, lo que conlleva también un descontrol en los manejos administrativos y financieros de nuestro negocio”.

En un sector donde el margen depende de la supervisión diaria —sanidad, rotación de potreros, inventarios, mantenimiento de cercas, manejo de personal—, esa ausencia se traduce en costos ocultos y decisiones tardías. (Lea en CONtexto ganadero: Robos, extorsiones y miedo: el drama ganadero en los primeros 12 días de 2026)

A esto se suma, según el líder gremial, el “abigeato, que sigue cada día en crecimiento en el Atlántico y en toda la región Caribe”. Pero, si hay un delito que domina la conversación y es la extorsión. “Básicamente es el tema por el que estamos preocupados”, añadió.

¿Qué dicen las cifras?

Del lado institucional, el mayor Carlos Felipe Moncada Maso, comandante del Gaula Atlántico, aportó el contraste numérico, asegurando que “a la fecha del 2026 tenemos 11 denuncias por extorsión”. En comparación con el año pasado, agregó, “iban 10, es un 10 % de aumento, una diferencia de un caso nada más”.

Sin embargo, el detalle de esas 11 denuncias reveló por qué el temor se siente más grande que el registro, pues “de esas 11 denuncias, 9 son digitales y 2 clásicas”. En consecuencia, el delito se está moviendo hacia canales donde la amenaza viaja rápido, se replica y se camufla, incluso cuando no siempre termina en denuncia formal.

Moncada explicó la diferencia entre estos dos tipos de extorsión: la “clásica” ocurre cuando los delincuentes entregan un panfleto y, tras establecer contacto, realizan una exigencia económica; mientras que la “digital” suele producirse mediante llamadas a números públicos, en las que los extorsionistas “se identifican como cualquier grupo”, aunque “por lo general, las hacen desde las cárceles”, explicó el comandante.

Y hay una variante que preocupa por su logística, la “extorsión mixta”. Según el comandante, “están tomando fotografías a los establecimientos” y esa imagen se envía a alguien recluido, que luego llama o escribe para presionar el pago. Esto quiere decir que la intimidación ya no necesita presencia física constante; le basta con datos, una foto y un teléfono.

Falsos servicios

A lo anterior se suma una modalidad que ha dejado víctimas fuera de los radares tradicionales, el “falso servicio”. Moncada relató casos donde citan a profesionales o trabajadores a veredas con poca señal; al llegar, nadie los aborda, pero los mantienen “en línea todo el tiempo” mientras llaman a sus familiares para hacerles creer que hay un secuestro.

En palabras del comandante, “jamás hay alguna persona intimidándolos con arma de fuego, no pasa eso”, pero aun así “muchos hacen consignación”. (Lea en CONtexto ganadero: Inseguridad rural deja 10 casos y 42 reses afectadas en una semana)

¿Qué necesita el ganadero?

Rodríguez aseguró que el gremio ha buscado salidas como reuniones con Policía, Gaula y Carabineros, y comunicación permanente. Pero advirtió que hay límites reales para instalar cámaras, teniendo en cuenta que la conectividad es costosa, especialmente cuando “el 85 % son pequeños ganaderos”. Su reclamo central apuntó a capacidad estatal, señalando que “falta más seguridad, mejor equipamiento, más patrullaje y que visiten las fincas”.

Moncada, por su parte, insistió en el primer paso: denunciar. “Lo primero que hay que hacer es la denuncia, poner en conocimiento del Gaula”. Por eso recomendó bloquear números, cambiar líneas, usar identificadores, guardar pantallazos y grabaciones. Y reconoció un punto sensible: el miedo a denunciar. Aun así, recordó que el delito de extorsión “es oficioso” y la información puede servir como elemento probatorio.