Denuncias de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) coinciden con las advertencias de la senadora María Fernanda Cabal sobre la entrega irregular de tierras y el desmonte de la soberanía ambiental.

El Huila está en pie de alerta. Lo que debería ser un plan de reforma agraria se está convirtiendo en un atentado contra los ecosistemas más frágiles del departamento y en una amenaza directa al trabajo de más de dos décadas de conservación ambiental. (Lea en CONtexto ganadero: Las posibles irregularidades en la compra de tierras por la ANT según la Procuraduría)

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) lanzó una grave denuncia que hoy retumba en el Congreso y que refuerza las advertencias que ya venía haciendo la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal: el Gobierno de Gustavo Petro está sacrificando el futuro ambiental de Colombia bajo el disfraz de justicia social.

“El Huila se siente atropellado”

En un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara, el director de la CAM, Camilo Augusto Agudelo Perdomo, reveló que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha adquirido predios dentro de áreas protegidas, incluso en el Parque Natural Regional Páramo de Miraflores, ignorando la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los conceptos técnicos emitidos por la propia autoridad ambiental. (Lea en CONtexto ganadero: La reforma agraria no es solo entregar tierras, sino toda una infraestructura: Lacouture)

“El Huila se siente atropellado en sus intereses y en sus estrategias de conservación. Nunca fuimos consultados y se pasaron por alto todos los conceptos técnicos. Estamos hablando de un trabajo de más de 20 años que se está poniendo en riesgo”, declaró Agudelo.

El caso más escandaloso es la compra del predio El Paraíso en Gigante, que pese a cinco advertencias de la CAM y al certificado municipal que lo catalogaba como suelo de protección, fue adquirido por la ANT y entregado a comunidades indígenas. Peor aún, la corporación reveló que este terreno está en zona de alto riesgo, lo que agrava la irresponsabilidad oficial.

Desarraigando comunidades para poblar los parques

Según Agudelo, lo que ocurre en el Huila no es solo una afrenta ambiental, sino también un experimento social que raya en lo criminal: comunidades están siendo desarraigadas de sus territorios originales para ser trasladadas a parques regionales donde no hay condiciones de vida ni de producción. (Lea en CONtexto ganadero: Reforma agraria de Petro: promesas incumplidas y ataques a la propiedad privada)

“Están generando conflictos para esas pobres comunidades indígenas que no tienen allí las condiciones de producción. Y están poniendo en vilo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Recordemos que el Huila es el primer departamento en parques naturales regionales del país”, advirtió.

El escándalo no se limita a Gigante. Otros predios como Las Mañanitas en Garzón (95 % en conservación) o Versalles, Puerto Sergio y Villa Lucía en La Argentina (98 % en conservación) ya fueron adquiridos y entregados a comunidades. El Corredor Biológico Guácharos-Puracé, vital para la conectividad ecológica del sur del Huila, también estaría en la mira de la ANT.

Cabal: el negocio político detrás de la tierra

Las revelaciones de la CAM se cruzan con las denuncias que ha venido haciendo la senadora María Fernanda Cabal, quien ha señalado que la política de tierras del Gobierno Petro no es solo equivocada, sino también profundamente desigual y sospechosa de corrupción.

De acuerdo con su investigación, el 31 % de la tierra del país ya está en manos de comunidades indígenas (35 millones de hectáreas), mientras que la población afrodescendiente, siendo más numerosa, apenas posee el 5 %. “¿Es equidad que un indígena tenga en promedio 21 hectáreas por persona? ¿Qué colombiano no indígena tiene esa proporción?”, cuestionó Cabal.

Más aún, la senadora reveló que en esas tierras indígenas se concentra el 18 % de los cultivos de coca del país, a lo que se suma otro 21 % en Parques Naturales y 4 % en tierras afro. Es decir, casi la mitad de la coca de Colombia está protegida, blindada o fuera del alcance del Estado.

Pero la denuncia no se queda en la concentración de tierras. Cabal expuso contratos millonarios del Gobierno con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que suman casi 100.000 millones de pesos en lo que va del mandato Petro. El más escandaloso: un convenio de $25.000 millones con el Ministerio del Interior, destinado a “promover saberes políticos y ancestrales”, que terminó en pagos de hasta $80 millones para asesores espirituales y delegados indígenas.

“Que me cuenten en qué se han gastado cada peso, porque eso es plata de todos los colombianos. ¿Será que con esos contratos ya resolvieron el problema del agua potable, del acueducto, de la salud o la educación en las comunidades? Esto parece otro botín”, afirmó la líder opositora.

Una política que abre la puerta a la ilegalidad

La convergencia de las denuncias de la CAM y de Cabal pinta un panorama aterrador: mientras el gobierno habla de paz total y justicia social, la reforma agraria se convierte en un caballo de Troya que erosiona la soberanía ambiental, fomenta el desarraigo de comunidades y alimenta clientelas políticas con contratos oscuros. (Lea en CONtexto ganadero: Una Reforma Agraria bajo sospecha: ¿Expropiación disfrazada?)

¿Quién responde por la destrucción de los ecosistemas del Huila? ¿Quién asume la responsabilidad si los parques se convierten en escenarios de deforestación, cultivos ilícitos o minería ilegal? ¿Por qué el Gobierno ignora las 418.000 hectáreas del Huila aptas para la agricultura campesina y prefiere sacrificar reservas naturales?

El Huila, epicentro de una crisis nacional

El mensaje del director de la CAM es claro: el Huila no puede seguir siendo atropellado. Y las advertencias de Cabal encuentran aquí un eco contundente. Si se sigue adelante con esta política, el país no solo perderá sus áreas más valiosas de conservación, sino que se consolidará un modelo de reparto de tierras que premia a unos pocos y condena a todos.

El debate apenas comienza, pero la alarma ya está encendida. Lo que está en juego no es un simple trámite administrativo ni una pugna política más: es el futuro ambiental, social y productivo del país.