El crecimiento de estructuras ilegales, el reclutamiento de jóvenes y la disputa por economías ilícitas explican el deterioro de la seguridad en el departamento. Arturo García Medrano advirtió que, sin intervención social profunda, el impacto alcanzará sectores productivos clave.

En abril de 2026, el departamento del Atlántico registró 104 muertes violentas, alcanzando un total de 394 en los primeros cuatro meses del año. Municipios como Barranquilla, Soledad y Malambo concentran la mayoría de los casos, en un contexto donde el sicariato, el control territorial y las rentas ilegales están detrás del incremento. Este fenómeno responde a una transformación estructural del crimen organizado que hoy impacta no solo la seguridad urbana, sino también la estabilidad social y económica de la región. (Lea en CONtexto ganadero: Entre cifras oficiales y temor en la ruralidad: así está la inseguridad en el Atlántico)

Durante años, la violencia en el Atlántico ha mostrado señales de crecimiento que no fueron atendidas con la profundidad necesaria. Hoy, el aumento sostenido de homicidios refleja una crisis que no es coyuntural, sino el resultado de dinámicas acumuladas. La evolución de las cifras —de 58 casos en meses críticos de 2025 a más de 100 mensuales en 2026— evidencia una escalada que supera incluso registros históricos.

Para Arturo García Medrano, abogado y analista del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, este fenómeno tiene raíces claras. “Han venido enfrentando durante mucho tiempo un incremento porcentual de la violencia criminal”, señaló, al advertir que, pese a operativos y capturas, los delitos de mayor impacto continúan en ascenso.

El diagnóstico apunta a un problema estructural: la consolidación de múltiples organizaciones criminales que han diversificado sus fuentes de ingreso y ampliado su control territorial. En este escenario, la violencia se convierte en una herramienta de regulación ilegal, con efectos directos sobre la vida productiva del departamento.

Economía ilegal

El auge de la violencia está estrechamente ligado a la disputa por rentas ilegales. No se trata únicamente del narcotráfico, sino también de actividades como la extorsión, el control de tierras urbanas y otras economías clandestinas que han ganado terreno en los últimos años.

Según García Medrano, en el Atlántico operan alrededor de 14 estructuras criminales, incluyendo grupos como el Clan del Golfo, además de organizaciones locales que han fortalecido su presencia en barrios y municipios. Estas estructuras no solo compiten entre sí, sino que buscan dominar territorios estratégicos para asegurar ingresos constantes. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

Jóvenes afectados y expansión de zonas

Uno de los elementos más preocupantes es la vinculación de jóvenes y menores de edad a estas dinámicas. El analista describió un proceso de “instrumentalización” que no es reciente, sino que se consolidó durante más de una década sin una respuesta efectiva.

Hoy, adolescentes cumplen roles dentro de las estructuras criminales como mensajeros, cobradores o actores directos en hechos violentos. Las cifras muestran que entre seis y ocho menores de edad pierden la vida mensualmente en medio de estos conflictos

El fenómeno tiene implicaciones porque no solo incrementa la violencia, sino que debilita el tejido social y limita la disponibilidad de mano de obra joven para sectores productivos, incluido el campo.

La violencia ya no se concentra exclusivamente en grandes centros urbanos, pues municipios y corregimientos que antes permanecían al margen comienzan a registrar hechos alarmantes, como en Sabanalarga y Sabana Grande.

En barrios con alta densidad poblacional y condiciones sociales precarias, las estructuras criminales encuentran un terreno fértil para expandirse. El uso de redes sociales como mecanismo de reclutamiento y coordinación ha acelerado este proceso, generando nuevas formas de organización delictiva.

Impacto social y respuesta del estado

El incremento de la violencia también se refleja en el aumento de víctimas mujeres y en hechos que afectan directamente a familias y pequeños negocios. Casos recientes muestran cómo la extorsión deriva en asesinatos, afectando actividades económicas básicas.

Aunque se han implementado medidas como refuerzos policiales y estrategias de seguridad, el análisis coincide en que las respuestas han sido principalmente reactivas. “Las soluciones han sido de naturaleza material, mas no de intervención de las comunidades”, advirtió García Medrano.

El reto, según el experto, pasa por intervenciones psicosociales profundas que reconstruyan el tejido familiar y reduzcan el reclutamiento de jóvenes. Sin estas acciones, la violencia seguirá alimentando un ciclo que amenaza no solo la seguridad, sino la sostenibilidad económica del Atlántico.