Un cruce de datos levantados en campo durante el ciclo de vacunación revela una presión delictiva mayor a la reportada por fuentes oficiales, evidenciando una brecha crítica entre lo que ocurre en las zonas rurales y lo que muestran los datos recogidos por las instituciones.

En Boyacá, durante el último ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina de 2025, un levantamiento de información a más de 96.000 actores del sector permitió identificar 1.449 incidentes de seguridad rural en los 123 municipios del departamento.

El ejercicio, liderado por Fedegán-FNG, reveló una brecha significativa entre los datos recogidos en territorio y las cifras oficiales, especialmente en delitos que afectan directamente la economía ganadera. (Lea en CONtexto ganadero: Robos, extorsiones y miedo: el drama ganadero en los primeros 12 días de 2026)

El contraste es contundente, pues mientras los sistemas oficiales reportan reducciones en indicadores como homicidio, hurto a personas y lesiones, la información levantada en campo muestra una dinámica distinta en las zonas rurales.

El caso del abigeato es el más revelador, pues en territorio se registraron 1.107 casos, posicionándolo como el delito de mayor impacto sobre el sector ganadero. Sin embargo, estos niveles no se reflejan en los registros oficiales, lo que evidencia un subregistro que oculta parte de la pérdida patrimonial que enfrentan los productores.

Algo similar ocurre con la extorsión, ya que los datos en campo identifican 131 eventos, frente a 70 reportados por fuentes institucionales. Aunque en los informes oficiales se percibe estabilidad, en la práctica los productores enfrentan una presión económica mayor.

Detalle del territorio

El análisis se sustenta en una muestra amplia: 55.810 hombres, 36.816 mujeres y 323 empresas, correspondientes a 80.203 predios rurales en los 123 municipios del departamento.

Según el general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, “los delitos como la extorsión subieron en incidencia, con 131 casos; el hurto bajó con 140 reportes, el abigeato subió con 1.107 incidentes (el delito de mayor impacto), el carneo e invasión de tierras subieron con 41 y 79 casos respectivamente. El secuestro bajó con 23 casos”.

En total, se registraron 1.449 incidentes de seguridad rural, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno y su persistencia en el territorio.

La información permite identificar focos específicos de afectación: Motavita (341 casos) y Tibasosa (340) encabezan la lista de municipios más impactados, seguidos por Viracachá (136), Paya (114) y Santa Sofía (80).

A nivel veredal, la concentración del delito es aún más evidente, pues en Sote Panelas, vereda de Motavita, se reportaron 74 casos de abigeato. En la vereda de Suescún en Tibasosa, se registraron 69 incidentes de este delito, además de 12 hurtos y un secuestro. En Pueblo Viejo (Viracachá) se contabilizaron 50 afectaciones, mientras que en Llano de Miguel (Paya) confluyen abigeato, carneo y extorsión. En Guatoque (Santa Sofía), se suman 29 casos adicionales.

Esta focalización territorial no aparece con el mismo nivel de detalle en los reportes oficiales, lo que limita la comprensión del fenómeno. (Lea en CONtexto ganadero: Inseguridad rural deja 10 casos y 42 reses afectadas en una semana)

Impacto directo

El comportamiento de estos delitos tiene consecuencias inmediatas sobre la productividad, pues el abigeato reduce inventarios y capital de trabajo, la extorsión incrementa los costos operativos y la invasión de tierras genera incertidumbre jurídica.

En conjunto, estos factores afectan la rentabilidad de los sistemas ganaderos y condicionan la toma de decisiones en las fincas, desde la inversión hasta la expansión productiva.

Aunque las alertas oficiales, como la emitida por la Defensoría del Pueblo para Cubará, advierten sobre riesgos por confrontación armada, los datos en territorio muestran que la afectación ganadera está distribuida en múltiples municipios.

Esto indica que el problema no se limita a zonas con presencia de actores armados, sino que responde a dinámicas delictivas más amplias que impactan de forma directa al sector rural.

El principal hallazgo es la existencia de una brecha entre la información institucional y la realidad en terreno. Esta diferencia no solo afecta la lectura del problema, sino también la capacidad de respuesta.

La evidencia recogida en Boyacá plantea la necesidad de fortalecer los sistemas de información, incorporar datos territoriales y ajustar las estrategias de seguridad rural para responder a una problemática que, hoy, tiene un impacto directo sobre la sostenibilidad del sector ganadero.