Con actividades crecientes de extorsión y amenazas, los ganaderos y agricultores están siendo víctimas de las infames actuaciones de las disidencias de las FARC. Un informe de inteligencia militar revela que estas disidencias operan en múltiples departamentos, destacando su presencia en Caquetá y Putumayo.

Disidencias de las FARC siguen azotando a la población

Estas disidencias, conformadas por al menos 21 estructuras, han encontrado en la extorsión una fuente lucrativa de financiamiento para sus actividades ilícitas.

Según el informe, estas disidencias han expandido su control territorial en áreas rurales de municipios como Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Milán, Montañita y Cartagena del Chairá en Caquetá. Utilizando tácticas de constreñimiento y coerción, reúnen a las víctimas y les imponen exigencias económicas. La extorsión se ha convertido en una práctica común, afectando no solo a los ganaderos, sino también a las empresas, contratistas y políticos locales.

No solo exigen pagos extorsivos sino que amenazan con represalias en caso de incumplimiento. Los panfletos son utilizados como medio de intimidación, citando a los ganaderos de las veredas y fijando los montos a pagar en los municipios de Montañita y Cartagena del Chairá. Aquellos que se niegan a cumplir con las demandas corren el riesgo de sufrir represalias que pueden incluir daños a sus propiedades o incluso violencia física.

Empresas y políticos también están siendo extorsionadas

Los ganaderos no son los únicos afectados por las actividades de extorsión de estas disidencias. Las empresas y los contratistas también se encuentran en el punto de mira. En el caso de una conocida empresa telefónica se ha registrado un enfrentamiento directo, ya que la compañía se ha negado a pagar las extorsiones impuestas. En respuesta, los grupos armados ordenaron el apagado de las antenas en áreas de Cartagena del Chairá y Montañita, generando no solo pérdidas económicas para la empresa, sino también afectando los servicios de telecomunicaciones en estas zonas.

Los políticos locales también han sido objeto de amenazas por parte de las disidencias de las FARC. Los concejales y alcaldes de los municipios donde estas estructuras delictivas tienen presencia son sometidos a intimidaciones para que no voten a favor de proyectos de las administraciones municipales o para que desvíen recursos hacia las arcas de los grupos armados. Esta presión constriñe el desarrollo de las comunidades y socava la estabilidad institucional en estas áreas.

Es importante destacar que esta problemática va más allá de los ataques a los ganaderos y afecta la seguridad y el desarrollo de las comunidades en general. Las actividades de extorsión y amenazas generan un clima de temor e inseguridad que perjudica tanto a la economía local como a la inversión y el desarrollo en estas regiones.

EL ELN no se detiene

Las actuaciones de este grupo ya han sido ampliamente denunciadas a nivel nacional. A pesar de encontrarse en estos momentos en una mesa de negociaciones, sigue desplegando acciones en contra de la fuerza pública que en días recientes cobraron la vida de 10 soldados que custodiaban el oleoducto Caño Limón.

La poca actividad de las Instituciones del Estado con competencia para reprimir a estos grupos y el discurso permisivo del presidente Gustavo Petro permitió que en un corto periodo de tiempo esta organización duplicara su número de combatientes, como sostuvo el senador Iván Cepeda, quien advirtió que la guerrilla del ELN pasó de tener 2900 integrantes a 5800.

Ante este panorama, el concepto de "paz total" promovido por el presidente Gustavo Petro plantea numerosas interrogantes y desafíos en su implementación. Si bien la paz es un objetivo noble y deseable para cualquier sociedad, la idea de alcanzar una paz total parece simplista y utópica.

¿Cómo se puede lograr una paz completa en un país con actuaciones atroces de disidencias de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo y demás organizaciones criminales?
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