Comunidades rurales defienden con dignidad el fruto de años de trabajo ante la amenaza de grupos que, bajo el pretexto de liderar protestas sociales, intentan ocupar predios en distintos municipios del departamento. Advierten que se trata de un patrón de invasiones coordinadas que pone en riesgo la seguridad del territorio y la estabilidad productiva.

Santander vive una creciente preocupación por la llegada de grupos organizados, supuestamente amparados por ONG y defensores de derechos humanos, que estarían ejecutando invasiones sistemáticas de predios rurales.

El fenómeno se repite, pues estas personas arriban en buses, portan chalecos identificados como miembros de organizaciones de derechos humanos o prensa, y se instalan con el argumento de liderar protestas campesinas. Sin embargo, para las comunidades locales, lo que ocurre es una invasión profesional camuflada de reivindicación social.

Los hechos más recientes tuvieron lugar en el sector de Macanillo y en las entradas del municipio de Confines. Varios buses, presuntamente provenientes de regiones como el Catatumbo, Puerto Berrío y Barrancabermeja, llegaron cargados de personas que, al descender, intentaron ocupar espacios públicos y privados, e incluso una institución educativa. En pocos minutos, comenzaron a instalar cambuches y carpas con la intención de establecerse de forma prolongada.

Esta vez, la historia tuvo un giro inesperado, pues lejos de recibir con temor o resignación la presencia de estos supuestos "manifestantes", las comunidades rurales reaccionaron con decisión.

Agricultores y familias de veredas como Guapotá, Palmas del Socorro y Confines se organizaron y, armados con palos y piedras, se enfrentaron a los recién llegados para expulsarlos. (Lea en CONtexto ganadero: Invasión de tierras en Sabana de Torres: 80 personas ocuparon predio ganadero durante 45 horas)

El respaldo de la comunidad fue contundente, ya que no se permitió la instalación de ningún campamento, y los invasores fueron obligados a retirarse, no sin antes protagonizar algunos enfrentamientos con los locales.

Andrés Parra, concejal de Palmas del Socorro y campesino de la zona, ha sido uno de los líderes más activos en esta denuncia. En declaraciones recientes con el medio Paso Televisión, afirmó que estas personas "son extrañas al territorio" y que no representan al campesinado real.

“Yo soy campesino, pero por más campesino que sea, no voy a llegar a pelear por mis derechos metiéndome en un cambuche con otra cantidad de gente. Esto no es legítimo”, declaró.

Parra denunció que estos grupos incluso intentaron sobornar a familias locales para que les alquilaran terrenos o espacios para instalarse, lo que refuerza la hipótesis de una operación estructurada y financiada desde afuera.

Estrategia frecuente

El uso de símbolos de legitimidad como chalecos de derechos humanos o de comunicadores sociales ha generado especial preocupación. Estos elementos han servido como escudos para evitar la acción inmediata de las autoridades, que se ven limitadas por los marcos legales que protegen la protesta social.

Sin embargo, las comunidades han aprendido a distinguir entre la legítima protesta campesina y las acciones de estos grupos organizados.

En entrevista con el medio local Onda Latina, el abogado Jader Torrado, quien se identifica como defensor de derechos humanos, rechazó las acusaciones. Según él, se trata de una protesta pacífica, organizada por diferentes grupos campesinos que buscan que el Gobierno nacional garantice sus derechos.

Lo cierto es que el país enfrenta un problema complejo, estableciendo una delgada línea entre la protesta legítima por acceso a tierras y el uso fraudulento de esa causa para fines oportunistas.

Mientras el Estado no defina mecanismos claros para diferenciar ambas situaciones, el campo queda expuesto a la anarquía, y los verdaderos campesinos, los que producen, siembran y luchan cada día contra la adversidad, seguirán pagando las consecuencias.

Frentes Solidarios de Seguridad y Paz

Los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz creados y liderados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) han atendido todos los llamados de los ganaderos en el territorio colombiano, ante cualquier caso de inseguridad, y claramente, de invasión a sus predios.

Es por esto que desde Fedegán se han brindado todas las herramientas para que los productores colombianos prevengan este tipo de situaciones, y también se han dado recomendaciones enfrentarlas cuando sea el caso.

Finalmente, el silencio de las autoridades nacionales no solo pone en riesgo la seguridad jurídica de la tierra rural, sino que alienta nuevas olas de invasión disfrazadas de lucha social. (Lea en CONtexto ganadero: Rápida intervención de los FSSP logró desalojar invasores en finca de Santander)