La Policía de Carabineros decomisó 1.930 kilos de carne y subproductos cárnicos transportados sin cadena de frío ni registro sanitario cerca de Popayán. Las autoridades presumen que el cargamento es, al parecer, producto del abigeato y procedieron a su inmediata destrucción.

En una operación contra el abigeato —delito que continúa afectando al sector ganadero del país—, la Policía de Carabineros y de Protección Ambiental incautó un total de 1.930 kilogramos de carne y despojos cárnicos que eran transportados en un camión sin las condiciones mínimas de salubridad.

Según el general (r) Fernando Murillo Orrego, estratega de seguridad de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), las autoridades detectaron el vehículo con la carga circulando en una vía cercana a Popayán y procedieron a la verificación de documentos, los cuales no cumplían con los requisitos sanitarios establecidos. (Lea en CONtexto ganadero: Incautan 75 cabezas de ganado en operativos de control en el Meta)

Según el concepto emitido por la Secretaría de Salud del Cauca, el cargamento no contaba con registros sanitarios ni cadena de frío adecuada. Además, el municipio de La Vega, desde donde los ocupantes afirmaron que provenía la carne, no tiene una planta de sacrificio bovino autorizada por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

“Al ser un producto de consumo humano que no cuenta con la inocuidad respectiva no garantiza una correcta manipulación, y tampoco una adecuada cadena de frío y registros sanitarios, se tomó la decisión de incautar y en compañía de la secretaria de Gobierno de Popayán, destruir estos alimentos”, informaron las autoridades.

El producto incautado fue avaluado en aproximadamente 30 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación asumió el caso, y tanto los ocupantes del vehículo como el camión quedaron a su disposición. (Lea en CONtexto ganadero: Operativos en establecimientos cárnicos de Ibagué incautan carne en descomposición)

El abigeato, o robo de ganado, constituye un delito contemplado en el artículo 243 del Código Penal colombiano. Las penas oscilan entre 60 y 120 meses de prisión, además de multas de hasta 50 salarios mínimos legales vigentes. Asimismo, los bienes utilizados en esta actividad ilegal, como el vehículo incautado, podrían ser sometidos a extinción de dominio.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades ilícitas, que afectan la seguridad alimentaria y ponen en riesgo la salud pública.