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Una familia ganadera con casi 200 años de tradición enfrenta la ocupación ilegal de su tierra. Los invasores aseguran tener respaldo de la Agencia Nacional de Tierras, mientras crece la sospecha sobre el uso de “papeles chimbos” para legitimar el despojo.
El pasado fin de semana, más de 100 personas llegaron a la finca La Carmelita, en Córdoba, presentándose como beneficiarios de la Agencia Nacional de Tierras. Con un documento bautizado por los titulares como “papel prácticamente falso”, intentaron apropiarse de un predio agrícola con tradición ganadera de 150 años. (Lea en CONtexto ganadero: Invasión de tierras en Sabana de Torres: 80 personas ocuparon predio ganadero durante 45 horas)
Jorge Wilson Santa Ruiz, heredero del legado familiar, denunció el uso de esa presunta falsificación en un escenario en que la institucionalidad rural parece ceder ante la prepotencia y la desconfianza crónica.
La familia Santa Ruiz lleva generaciones dedicadas a la ganadería. Es por eso que uno de sus miembros detalló que su madre, de 92 años, es la dueña actual de la finca La Carmelita y sucesora de El Brillante, propiedad del padre fallecido hace seis años.
Además, poseen tierras en Ayapel, Montería y San Marcos, en Sucre y Córdoba. Llevan “150 años de ganadería, 200 años de tradición de nuestros abuelos”, destacó Santa Ruiz.
Este arraigo, construido con décadas de trabajo en el campo y un fuerte sentido de pertenencia al territorio, hoy se encuentra en riesgo. La defensa del patrimonio familiar enfrenta una amenaza latente: la llegada de forasteros que, amparados en un supuesto aval institucional, intentan reclamar como propias tierras ajenas.
Según Santa Ruiz, los ocupantes presentaron un correo electrónico como prueba de autorización oficial. En este había un mensaje que, según sus palabras, “no es dirigido a la Agencia Nacional de Tierras, ni tiene firma ni sello”. El denunciante calificó ese correo como “un papel prácticamente falso... un documento chimbo”, cuya legitimidad no se sostiene frente a uno original manejado por él para otros trámites legales.
El administrador del predio llamado Virgilio, confrontó a los ocupantes quienes dijeron que la agencia “los llamó” y que “al día siguiente llegaban para la entrega”. Pero cuando la exigencia fue verificar ese respaldo con un documento formal, los ocupantes sólo ofrecieron un pantallazo de un correo sin respaldo jurídico.
El pasado sábado a las 8:30 a.m., los ocupantes irrumpieron en la finca. Al día siguiente, el intendente logró convencerlos de retirarse. Pero el lunes no cumplieron, y permanecieron en el lugar apoyados por un grupo de unas 150 personas, según relató Santa Ruiz. El asunto llegó a oídos del coronel de policía de Montelíbano y al ESMAD, quienes realizaron visitas, pero sin que la situación se resolviera de inmediato.
La familia afectada interpuso una querella ante la inspección, respaldada por una inspectora local que ha ofrecido acompañamiento. Sin embargo, el carácter endeble del documento y la capacidad para movilizar personas determinó la persistencia del conflicto.
De acuerdo con Santa Ruiz, no es la primera invasión, pues hace un año enfrentaron una similar en otra finca, La Gloria, colindante con La Carmelita, también resuelta tras confrontaciones con líderes sociales.
Violencia histórica
La problemática no es solo administrativa, pues Jorge recordó con dolor que en julio de 2014, esa región exhibió lo peor de la violencia. Su hermano y el mayordomo fueron asesinados en Lorica, Córdoba, tras ser extorsionados por grupos armados.
En sus palabras, “le pidieron la cuota de sangre, lo atormentaron mucho y lo mataron a las siete de la noche”. Esa tragedia familiar los alejó del campo, desmotivándolos para seguir en la ganadería y haciéndolos más vulnerables ante situaciones como la que hoy viven. La muerte de su hermano llevó a la familia a la ausencia parcial, pero no total. Esto hizo que se debilitara su presencia en zonas rurales; una debilidad que ahora parece haber sido detectada por quienes promueven las ocupaciones.
Vacío institucional
Este caso deja ver cómo el sistema de restitución de tierras y la institucionalidad rural pueden ser vulnerados por actores que, aprovechando vacíos y burocracia, trafican con “legitimidad aparente”. En Colombia, el uso de documentos con apariencia legal —pero sin sustento real— abre la puerta a conflictos que agotan a propietarios legítimos y quebrantan la confianza en las entidades públicas.
Finalmente, lo que está en juego no es solo un pedazo de tierra, sino la herencia de generaciones. La resistencia de la familia Santa Ruiz es también una defensa de la memoria, del modelo de ganadería tradicional y de la legitimidad consagrada por siglos de trabajo.. (Lea en CONtexto ganadero: Invasiones en masa a fincas de Bolívar, ¿quién financia esta mafia?)