El propietario de un predio en Pijiño del Carmen asegura que los protocolos oficiales no avanzan con la rapidez necesaria para recuperar su tierra. Dirigentes del sector advierten que la demora puede agravar la situación y convocan a la Brigada Solidaria Ganadera para acompañar el proceso.

La ocupación de la finca El Delirio, en Pijiño del Carmen, encendió las alarmas entre productores del Magdalena. Entre 50 y 60 personas habrían ingresado al predio sin que, según denuncias públicas, exista un proceso de negociación en curso con la Agencia Nacional de Tierras, mientras los protocolos institucionales avanzan con lentitud.

Desde el terreno, el propietario Sergio Mejía lanzó un llamado urgente: “Acudo hoy a la solidaridad del gremio ganadero, hoy estamos haciendo la labor de hacer la evacuación de los invasores que tengo en la finca, pero ha sido muy complejo el proceso con las entidades públicas, con la Alcaldía, con la Policía, con el Ejército, muy muy lento todo esto”, afirmó.

Aseguró que ha cumplido con denuncias y querellas, pero siente que la reacción no ha sido oportuna. “Esto es una realidad que nos puede pasar a todos… hoy por mí, mañana por ti”, insistió, al pedir que el gremio de la zona lo acompañe en la diligencia prevista con autoridades.

“Fedegán nos ha estado acompañando en todo este proceso, un funcionario ha estado pendiente, pero sí necesito que el gremio de la zona entiendan que esto es una realidad que nos puede pasar a todos. (…) De verdad acudo en este desespero de tratar de solucionar temas porque la ley no se mueve con velocidad”, manifestó.

El exviceministro Juan Gonzalo Botero también denunció la falta de acción temprana. “La Alcaldía Municipal no toma acciones, argumentan estar en carnaval. ¡Solicitamos apoyo de las autoridades!”, escribió en redes. Advirtió que, superadas las primeras 48 horas, cualquier restitución podría requerir orden judicial, prolongando la ocupación.

Desde la coordinación regional de Federación Colombiana de Ganaderos, el general (r) Fernando Murillo, líder de los Frente Solidarios de Seguridad y Paz (FSSP), pidió visibilizar el caso y activar solidaridad: “Sería importante que más ganaderos se unieran a la brigada solidaria para acompañar al señor Sergio y a las autoridades… para que realmente se desestime esa invasión”.

El Código Penal, en su artículo 263, contempla penas de prisión y multas por invasión de tierras, con agravantes en predios rurales en explotación. No obstante, la solución —coinciden los actores— debe ser institucional, coordinada y dentro del marco legal, protegiendo tanto el derecho de dominio como la integridad de las personas en el lugar.

Mientras tanto, el productor reitera su petición: “La comunidad tiene que tratar de apoyarnos, apoyarnos entre nosotros mismos los ganaderos a ver si sacamos esto adelante”.