Tras año y medio de confrontación en el Catatumbo, la administración departamental advierte que el deterioro humanitario transformó el panorama para una salida negociada. Mientras continúan los atentados y crece la presión sobre las comunidades rurales, las autoridades priorizan la atención a la población y la respuesta institucional.

La guerra volvió a sacudir a Norte de Santander entre el 14 y el 17 de julio. Ataques con explosivos, hostigamientos y enfrentamientos armados dejaron víctimas, afectaron a la fuerza pública y pusieron nuevamente a la población civil en el centro del conflicto, especialmente en municipios del Catatumbo como Tibú y El Tarra. (Lea en CONtexto ganadero: ELN libera a los cinco ganaderos secuestrados tras 10 días de cautiverio)

La administración departamental, representada por Luis Fernando Niño, comisionado de Paz Norte de Santander, sostuvo en CONtexto Ganadero que, después de 18 meses de enfrentamientos, el escenario para una salida negociada prácticamente desapareció.

Más de 200 personas asesinadas y cerca de 100.000 desplazadas reflejan, según el funcionario, un conflicto que dejó atrás la posibilidad de construir confianza entre las partes.

"En estos cuatro años hubo diálogos y ceses al fuego, pero los avances político-militares se rompieron totalmente. Hoy no creo que estas organizaciones estén en capacidad de seguir avanzando en un diálogo político hacia una salida del conflicto", afirmó Niño.

El conflicto en el Catatumbo ya no solo se libra en zonas apartadas, pues en los últimos días, la violencia alcanzó infraestructura estratégica y espacios donde la población desarrolla su vida cotidiana.

Uno de los hechos más graves fue el ataque con una volqueta cargada de explosivos cerca del batallón militar y del aeródromo de Tibú. A esto se sumaron ataques con drones en sectores como Campo Dos, Filogringo y El Tarra, donde también se registraron combates.

"Esta confrontación se mantiene en una escala alta. Los atentados han sido contra la fuerza pública, pero también contra bienes protegidos y en medio de la población civil", explicó el alto consejero Niño.

Mayor presión

Aunque la violencia ha tenido manifestaciones en distintas zonas del departamento, Tibú y El Tarra concentran hoy la mayor preocupación de las autoridades por la intensidad de las operaciones armadas.

A ello se suman hechos como el asesinato de un policía y un civil en El Carmen durante las recientes festividades religiosas, una muestra de que la inseguridad trasciende el Catatumbo.

"Es una guerra asimétrica. Son personas que no portan uniforme, utilizan explosivos o drones y actúan en medio de la comunidad, lo que hace mucho más compleja la reacción de la fuerza pública", señaló Niño.

Población primero

Aunque algunas alcaldías activaron alertas por posibles desplazamientos, hasta ahora las autoridades no han confirmado salidas masivas de habitantes tras los hechos recientes.

Sin embargo, la experiencia acumulada obliga a mantener capacidad de respuesta inmediata. Norte de Santander ya enfrentó emergencias de gran magnitud y sabe que la situación puede cambiar en cuestión de horas. (Lea en CONtexto ganadero: Lafaurie estalló contra el ELN por secuestro de ganaderos y tierreros que invaden fincas)

"Tenemos puestos de mando unificado permanentes con Ejército, Policía e inteligencia, donde analizamos en tiempo real todo lo que sucede en el departamento y nos preparamos para cualquier eventualidad", indicó Niño.

La persistencia del conflicto mantiene en incertidumbre a miles de familias campesinas y ganaderas que desarrollan sus actividades en medio de las hostilidades, con riesgos para su movilidad, su producción y su seguridad.

"Nosotros no paramos de trabajar por las comunidades. Pero hay grupos armados que siguen afectando a la población y que no han querido respetar el derecho internacional humanitario ni el cese al fuego", concluyó Luis Fernando Niño.