Un informe de Indepaz puso sobre la mesa una realidad: en zonas como Putumayo y el litoral Pacífico, las economías ilegales siguen ofreciendo ingresos, control y respuestas donde la institucionalidad no aparece. Para Carlos Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, el reto no es desarmar estructuras, sino recuperar legitimidad territorial.

En el Pacífico colombiano y Putumayo, la paz no se juega, únicamente, en una mesa de negociación ni en una operación militar. Se define todos los días en veredas donde el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión siguen siendo más rentables que la legalidad, mientras miles de comunidades conviven con grupos que imponen reglas, resuelven conflictos y aprovechan los vacíos del Estado. (Lea en CONtexto ganadero: Polémico comunicado de alias ‘Calarcá’ es visto por MinDefensa como admisión de la masacre)

El reciente informe de Indepaz advierte que la violencia en estos territorios no puede explicarse solo por la presencia de estructuras armadas. Detrás hay economías, rutas, ausencia institucional y una disputa silenciosa por la legitimidad.

Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, sostuvo en CONtexto que el problema exige mirar más allá del fusil y entender el negocio que sostiene la guerra.

Para Chacón, las economías ilegales son el motor que permite a los grupos criminales nacer, adaptarse y mantenerse en los territorios. No se trata únicamente de cultivos ilícitos, sino de cadenas completas que incluyen insumos, transporte, lavado de activos y control social.

“Si no se enfrentan las economías ilícitas, el motor de las dinámicas de violencia por parte de los grupos criminales va a persistir”, afirmó.

Nadie deja un negocio rentable

La frase resume una realidad incómoda para cualquier proceso de paz: nadie abandona una fuente de ingresos millonaria si la legalidad no ofrece una alternativa parecida.

En territorios sin vías terciarias, conectividad, servicios públicos o mercados formales, la economía ilegal no solo financia a los grupos armados. También se convierte en el único circuito económico disponible para muchas familias.

“De nada sirve erradicar y pretender que la gente se quede sin un medio de subsistencia lícito”, señaló Chacón.

La advertencia tiene especial importancia para el sector rural. Sin formalización de tierras, inversión privada, agroindustria, turismo o negocios legales, la paz queda reducida a una promesa difícil de sostener. (Lea en CONtexto ganadero: Más ataques dejan decenas de muertos: ¿quién protege a Colombia de cara a las elecciones?)

Cuando el grupo armado parece autoridad

Uno de los puntos más delicados es la regulación social que ejercen los grupos criminales. En algunas zonas, estas estructuras resuelven disputas, imponen sanciones, carnetizan a la población, organizan obras comunitarias y establecen normas de convivencia.

Para Chacón, ese fenómeno es grave porque desplaza la legitimidad del Estado hacia actores ilegales. Cuando una comunidad acude al comandante armado antes que a un juez, el problema ya no es solo de seguridad.

“La legitimidad es el centro de gravedad”, explicó.

Esa sustitución institucional puede llegar a normalizar la presencia criminal. Según el analista, en algunos territorios las personas describen la situación como “normal”, aunque reconozcan que hay estructuras armadas controlando la zona.

Más que negociación

Buscar la paz es un mandato constitucional, pero el analista advierte que cualquier proceso debe producir resultados concretos en materia de desarme, justicia, verdad y desarticulación de las economías ilegales.

“Sentarse a negociar por negociar lo único que está haciendo es crear un entorno para que el grupo se fortalezca”, sostuvo.

El desafío, entonces, no está entre dialogar o combatir. Está en construir una estrategia que combine seguridad, justicia, desarrollo económico y presencia institucional permanente en los territorios.

El reto del próximo gobierno

Para Chacón, el próximo gobierno recibirá un país con grupos criminales fragmentados, presencia rural y urbana, capacidad económica y aspiraciones de control político.

La tarea inicial será recomponer inteligencia, movilidad de la fuerza pública, capacidades tecnológicas contra nuevas amenazas y coordinación con autoridades locales.

También deberá enfrentar la corrupción en el sistema judicial, especialmente cuando esta facilita fugas, impunidad o captura institucional por parte de estructuras criminales.

“Se necesita entender esas dinámicas para recuperar la confianza de los ciudadanos y el control territorial”, concluyó.