Productores de municipios de la cordillera nariñense están dejando a la suerte sus predios ante el avance de los enfrentamientos entre grupos ilegales. La imposibilidad de vacunar animales y la reducción progresiva de la actividad pecuaria amenazan la permanencia de las familias rurales en el territorio.

La disputa entre grupos armados ilegales en varias zonas de Nariño está provocando un fenómeno que va más allá de los problemas de seguridad: pequeños ganaderos están dejando abandonadas sus fincas, trasladando sus animales o vendiéndolos y cada vez resulta más difícil trabajar. La situación afecta especialmente a municipios de la cordillera occidental del departamento. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Ganaderos a vacunar! Del 4 de mayo al 23 de junio será primer ciclo de vacunación de 2026 contra fiebre aftosa en Colombia)

Aunque los recientes hechos de violencia han puesto el foco nacional sobre algunas localidades, el deterioro del orden público no es un fenómeno reciente.

Según Álvaro Arturo Chaves, coordinador regional de Fedegán-FNG en Nariño y Putumayo, se trata de una problemática que se ha venido agravando durante los últimos años.

“Además de los municipios donde hoy se concentra la atención, hemos visto cómo la problemática se ha extendido hacia corredores rurales que antes mantenían cierta estabilidad, afectando cada vez a más productores y limitando la actividad económica en amplias zonas del departamento”, explicó a CONtexto.

Los municipios más afectados se ubican en el corredor de la cordillera que conecta con la costa pacífica nariñense, una región históricamente golpeada por economías ilícitas y conflictos armados. Entre ellos figuran Los Andes, Linares, Samaniego, Cumbitara, Leiva y Policarpa.

En estas zonas predominan pequeños productores que dependen de unas pocas cabezas de ganado para sostener sus ingresos familiares. Su producción suele destinarse al consumo local y tiene una limitada conexión con mercados externos.

“Algo muy parecido nos está pasando en Los Andes desde hace dos años y medio. Los ganaderos no pueden ni siquiera ir a las fincas por la zozobra que existe en la zona”, señaló Chaves.

El dirigente recordó que situaciones similares ya habían ocurrido en Ricaurte, donde una gran parte de los pequeños productores terminó abandonando la actividad ganadera tras años de violencia.

¿Y el acceso a los predios?

Las afectaciones no solo recaen sobre los propietarios. Las labores sanitarias también han comenzado a verse comprometidas por la imposibilidad de ingresar a determinados sectores rurales.

Fedegán-FNG ha encontrado dificultades para desarrollar los ciclos de vacunación en algunos municipios debido a las restricciones impuestas por los grupos armados y a los riesgos existentes en terreno.

“Nosotros no hemos podido ejecutar la campaña de vacunación en el municipio de Los Andes porque estos grupos ilegales ya no dejan ni siquiera entrar al vacunador”, afirmó. (Lea en CONtexto ganadero: Este lunes 4 de mayo comienza el primer ciclo de vacunación contra aftosa de 2026 en Colombia)

La situación genera preocupación porque limita el seguimiento sanitario del inventario bovino y dificulta conocer con precisión cuántos productores permanecen activos.

Por eso, cuantificar las pérdidas económicas no resulta sencillo. La mayoría de estas explotaciones corresponden a sistemas de pequeña escala con una comercialización local e informal, lo que reduce la disponibilidad de registros.

“Cuando avanzan los ciclos encontramos que muchas de esas fincas ya no están. El productor logró sacar el ganado, venderlo o trasladarlo y prácticamente terminó su actividad”, indicó.

Más que seguridad

Para Chaves, la recuperación de estos territorios requiere una estrategia integral que combine presencia institucional, inversión social y oportunidades económicas para las comunidades rurales.

La complejidad del problema radica en que varias de estas regiones enfrentan rezagos históricos en infraestructura, conectividad y acceso a mercados, factores que han favorecido la permanencia de economías ilegales.

“Debe hacerse una intervención integral. No es solamente un tema de recuperación militar del territorio, sino que tiene que ir acompañado de un programa social que permita cambiar poco a poco este panorama”, sostuvo.