Autoridades reportan avances en la eliminación de cultivos ilícitos, pero en las regiones están permeadas de economías ilegales, disputas armadas y control criminal. La distancia entre los indicadores y la realidad territorial deja dudas sobre el impacto real de la estrategia.

La Policía Nacional anunció que superó las metas de erradicación de cultivos ilícitos en los primeros 100 días de 2026, con más de 2.289 hectáreas intervenidas. Sin embargo, en los mismos territorios donde se reportan estos avances, como Putumayo y Bolívar, continúan las disputas entre grupos armados, el control ilegal y la dependencia económica de la coca, lo que plantea una pregunta de fondo: ¿las cifras reflejan una reducción real del problema o solo un resultado operativo? (Lea en CONtexto ganadero: EL CAMPO SE CANSÓ: menos plata, más coca y un gobierno que legisla por X (Twitter))

Lejos de negar los datos oficiales, el contraste con otras mediciones y con la realidad en terreno sugiere que la erradicación, por sí sola, no está transformando las estructuras del narcotráfico. Mientras las autoridades destacan cada hectárea eliminada como un golpe a las economías criminales, los indicadores históricos muestran que los cultivos se mantienen en niveles altos y que la resiembra sigue siendo una constante.

De hecho, informes recientes han registrado más de 262.000 hectáreas de coca, con miles de nuevas áreas sembradas y otras tantas retomadas. A esto se suman tasas de resiembra que superan el 60%, lo que implica que buena parte de los cultivos erradicados reaparecen en poco tiempo, muchas veces en las mismas regiones donde se ejecutan los operativos.

¿Cifras del éxito?

El informe de la Policía sostiene que la erradicación, tanto manual como mediante aspersión terrestre, es una herramienta efectiva para debilitar las finanzas de las organizaciones criminales. Según la institución, cada hectárea eliminada reduce la capacidad de expansión de estos grupos y fortalece la presencia estatal.

En línea con esta visión, el Gobierno ha defendido una leve reducción de cultivos en 2025 y ha resaltado los avances en sustitución voluntaria, apoyada por comunidades campesinas. La meta de 10.000 hectáreas para 2026 se mantiene como objetivo central.

Territorio sin control

En regiones como Putumayo, la coca continúa integrada a la economía local. Incluso con programas de sustitución, muchos campesinos mantienen el cultivo como una fuente de ingreso estable frente a la falta de alternativas sostenibles.

María Fernanda Cabal ha advertido sobre la magnitud del problema y la pérdida de control territorial. “Hay demasiado dinero ilegal en 350 mil hectáreas de coca (…) hoy hay 400 municipios de Colombia donde el control territorial es de los ilegales”, señaló en entrevista con Carlos Vera.

En el terreno, productores como Francisco Serna, ganadero de Antioquia, describieron un escenario marcado por el deterioro del orden público. “La mal llamada ‘paz total’ (…) ha contribuido al aumento descontrolado de los cultivos de coca y (…) la disputa de territorios entre los grupos armados”, afirmó.

La pregunta que queda abierta es si la estrategia actual está resolviendo el problema o si, por el contrario, está produciendo resultados que lucen positivos en los informes, pero insuficientes frente a la complejidad del territorio.