Los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz registraron 11 casos de violencia directa contra productores ganaderos fueron registrados en una semana. Mientras el abigeato lidera la lista de crímenes, la mayoría de los hechos no son denunciados. La falta de acción institucional agrava la crisis y fortalece el control de estructuras armadas en zonas rurales.

Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz (FSSP), liderados por el general (r) Fernando Murillo, documentaron 28 hechos de violencia en zonas rurales del país. De estos, 11 afectaron directamente al gremio ganadero.

La situación, dispersa en siete departamentos, revela una preocupante combinación de criminalidad común, estructuras armadas ilegales y total desprotección estatal. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Qué medidas se están tomando en el Cesar para frenar el abigeato y carneo?)

En las fincas de departamentos como Huila, Cesar, Antioquia, Cauca y Cundinamarca, los ganaderos no solo enfrentan las inclemencias del clima o las fluctuaciones del mercado. Esta vez, el enemigo viene armado, organizado y, lo más preocupante, impune.

De los 11 casos registrados esta semana, solo tres fueron denunciados ante las autoridades, una estadística que evidencia el temor y la desconfianza que prevalece en las zonas rurales.

Cinco de estos casos corresponden a abigeato, el robo de ganado, delito que no solo golpea directamente la economía del productor, sino que también desestabiliza la cadena de valor cárnica y lechera del país.

Otros incluyen carneo (el despiece clandestino del animal en el mismo sitio del crimen), invasión de tierras, amenazas y hasta estafas.

De acuerdo con los datos del FSSP, ocho de los once ataques provinieron de delincuencia común, uno de grupos armados organizados y otro de una estructura armada ilegal. Un caso adicional no pudo atribuirse de forma concreta.

Esta dispersión de actores evidencia no solo la falta de control territorial por parte del Estado, sino también una criminalidad cada vez más diversificada, que aprovecha la débil presencia institucional para operar con libertad.

De acuerdo con el general (r) Murillo, “el delito de mayor impacto esta semana ha sido el abigeato”. Esta situación no es nueva, pues en las últimas semanas el delito es el que ha liderado la lista en casi todo el territorio colombiano.

Al borde del colapso

Los registros de esta semana no se limitan al ámbito ganadero, pues la violencia rural tomó otras formas que han generado un impacto social profundo. En Nariño, cerca de 1.937 personas fueron desplazadas del municipio de El Charco luego de que actores armados ocuparan escuelas y viviendas.

En la vía Panamericana, entre Pasto y Popayán, hombres fuertemente armados asaltaron camiones de carga, afectando la cadena de suministro.

En el Catatumbo, miembros del ELN instalaron un retén ilegal donde retuvieron por 40 minutos a cuatro funcionarios de la ONU. Y en el Cauca, indígenas invadieron la finca Maracaibo, en la vereda Miranda.

Estos hechos no solo representan riesgos a la seguridad alimentaria, sino que reflejan un deterioro estructural en las condiciones de vida del campo. (Lea en CONtexto ganadero: La inseguridad en el Cesar no termina, se reinventa)

Finalmente, ante este panorama, los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz se consolidan como un mecanismo civil de resistencia y visibilización. A través de ellos, se ha logrado mapear con precisión los hechos de violencia, documentar patrones delictivos y generar alertas tempranas. Sin embargo, todavía falta apoyo por parte de las autoridades.