Fundaredes, una ONG venezolana, denuncia la continua invasión de tierras y la extorsión a ganaderos por parte de grupos armados irregulares (GAI) en la frontera entre Venezuela y Colombia.

La situación se ha convertido en una "constante expansiva" que compromete los derechos a la vida, la integridad personal, la propiedad y el desarrollo de la actividad agropecuaria en la región, pese de las reiteradas denuncias por parte de las víctimas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.

El informe de Fundaredes resalta que las organizaciones criminales operan con el conocimiento de las autoridades militares y policiales, lo cual plantea serias preocupaciones sobre el incumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano en cuanto a garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Los grupos guerrilleros, paramilitares y otros grupos armados imponen sus propias reglas, pese a los intentos de regular las actividades en la zona fronteriza, como la educación, migración, intercambio comercial y vialidad,

Los ganaderos y productores agropecuarios de los estados Zulia, Táchira, Apure y Barinas se ven especialmente afectados por esta situación. Son víctimas de amenazas personales, así como de ataques a sus propiedades y bienes. En los últimos años, se ha observado un aumento en secuestros, asesinatos y extorsiones, principalmente en Zulia y Apure, como ha sido denunciado tanto por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) ante el Ministerio Público como por los medios de comunicación.

Impacto de la guerrilla en la ganadería

Fedenaga ha expresado su preocupación por las medidas extorsivas que obstaculizan el funcionamiento del sector ganadero en el país. Estas trabas son ejercidas tanto por grupos irregulares como por entidades estatales. Además, persiste el temor entre los ganaderos del estado Apure debido a la presencia de grupos irregulares y guerrilleros provenientes de Colombia, así como a la falta de presencia de cuerpos de seguridad y políticas de resguardo.

La interacción forzada entre los productores agropecuarios y la sociedad civil con los grupos irregulares colombianos es una realidad preocupante que afecta la estabilidad y la seguridad en la zona fronteriza. La ausencia de una respuesta eficaz por parte de las autoridades venezolanas agrava aún más la situación, generando un ambiente de impunidad que favorece la expansión de las actividades ilícitas de estos grupos armados.

Un informe del Observatorio Venezolano de Violencia estima que al menos el 65% de los productores de esa región son víctimas de la extorsión conocida como "vacuna". Además, una investigación de InSight Crime revela que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está involucrado en diversas economías criminales a lo largo de la frontera, y su papel en el contrabando de ganado ha sido ampliamente ignorado.

Según testimonios recopilados por InSight Crime, el ELN está vinculado al negocio del ganado en el estado Zulia. Estos grupos ilegales brindan servicios de custodia y facilitan el traslado de animales a través de los caminos irregulares bajo su control. A cambio, exigen comisiones económicas e incluso reciben animales como forma de pago. La participación del ELN en el contrabando de ganado ha pasado desapercibida, a pesar de ser uno de los aspectos más destacados en la economía criminal de la región fronteriza.

El informe también señala que los ganaderos han denunciado la corrupción de los cuerpos de seguridad presentes en la zona. Según testimonios anónimos, todos los cuerpos de seguridad que operan en la frontera reciben sobornos para permitir el transporte de animales. Esta situación genera un ambiente de impunidad y temor entre los productores, quienes se ven obligados a pagar extorsiones so pena de sufrir represalias, incluso asesinatos.
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