Más de 200 familias campesinas en la zona rural de Cúcuta aseguran que el deterioro de la vía Lagualasal–vereda El 25 tiene en riesgo puentes y alcantarillas, impide sacar sus cosechas y vulnera su derecho a la movilidad. Han enviado solicitudes formales a la Alcaldía y a la Secretaría de Infraestructura, pero aseguran que no han obtenido soluciones de fondo.

La situación de los productores agrícolas en la zona rural de Cúcuta, en Norte de Santander, se ha convertido en una carrera contra el tiempo. La carretera terciaria que conecta el sector de Lagualasal con la vereda El 25, pasando por puntos como La Punta y La Silla, presenta un deterioro progresivo que hoy amenaza con dejar incomunicadas a más de 200 familias campesinas.

Vicente Rubio, productor agrícola del sector, advierte que el problema no es reciente. “La vía está en mal estado desde hace 8 años que no le han hecho mantenimiento, y desde hace dos años la carretera es terrible; cuando llueve nadie puede entrar ni salir”, señala.

El panorama se agrava con cada temporada de lluvias. El riesgo es inminente. Las alcantarillas y un puente presentan daños estructurales que, según la comunidad, podrían colapsar en cualquier momento. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos de Sucre claman por vías: “Aquí no entra ni una mula cuando llueve”)

Infraestructura al límite

La Junta de Acción Comunal de la vereda El 25 elevó una solicitud formal a la Secretaría de Infraestructura de Cúcuta, invocando el artículo 23 de la Constitución Política. En el documento, fechado el 29 de noviembre de 2025, se pide una visita técnica urgente ante lo que califican como un desastre natural en la vía terciaria.

En la comunicación, el presidente de la Junta advierte que “son seis alcantarillas y un puente que están a punto de colapsar”, situación que se ve agravada por las lluvias constantes en la región. También deja constancia de que la carretera “se encuentra intransitable para vehículos y motos” y que el mantenimiento ha sido prácticamente inexistente durante años.

Rubio confirma que funcionarios de Gestión del Riesgo ya visitaron la zona. Sin embargo, asegura que las intervenciones no se concretan. “Los que tienen que hacer las labores dicen que no hacen presencia por ser una zona de orden público”, afirma.

Mientras tanto, la comunidad ha recogido cerca de 80 firmas en los últimos días para respaldar la petición formal ante las autoridades municipales. La comunidad exige respuesta. (Lea en CONtexto ganadero: En el Cesar, las vías terciarias “tienen más huecos que un rallador”)

Derecho a la movilidad

Más allá del daño físico de la carretera, los campesinos sostienen que la situación vulnera derechos fundamentales. En el documento enviado a la administración municipal se advierte que un eventual colapso del puente o de las alcantarillas dejaría a los habitantes “completamente aislados”, afectando derechos como el mínimo vital, el trabajo, la salud y la movilidad.

Rubio es enfático en este punto. “Están violando un derecho fundamental que es el derecho a la movilidad”, sostiene. Explica que en la vereda viven personas mayores que quedaron solas tras hechos de violencia o desplazamiento. Para muchos de ellos, esa carretera es la única conexión con el casco urbano y con servicios médicos.

La vía, que en el pasado tuvo importancia estratégica cuando por allí se transportaba crudo, quedó relegada tras la apertura de un desvío. Desde entonces, según los productores, el mantenimiento fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. No tienen otra salida.

Pérdidas en el campo

El impacto económico ya es evidente. La zona produce plátano, yuca, cacao y maíz, entre otros cultivos. Pero cuando las lluvias arrecian y la vía se vuelve intransitable, los alimentos no logran salir a tiempo hacia los mercados.

“La afectación es no poder movilizar lo que producimos; se nos dañan los alimentos”, relata Rubio. En la vereda, agrega, ya se han registrado pérdidas de toneladas de plátano que terminaron pudriéndose por falta de transporte.

Paradójicamente, los campesinos aseguran que a la zona sí ingresan brigadas institucionales para procesos como erradicación de cultivos ilícitos o asistencia técnica de algunas entidades agrícolas. “Van ingenieros de erradicación de coca, van los ingenieros de Asohofrucol, y ellos sí van a la zona”, comenta Rubio, dejando entrever la contradicción que perciben frente a la ausencia de obras viales.

Hoy, el temor principal es que un colapso estructural deje a la vereda El 25 y sectores aledaños completamente incomunicados. La comunidad insiste en que la solución no puede seguir postergándose. Para ellos, más que una obra de infraestructura, se trata de garantizar condiciones mínimas de dignidad y la posibilidad de seguir produciendo alimentos para la región.