En este municipio de Antioquia se dieron a conocer presuntas irregularidades en procesos de recuperación de baldíos adelantados por la Agencia Nacional de Tierras. Aseguran que, pese a tener escrituras y décadas de posesión legítima, enfrentan actuaciones administrativas que podrían dejarlos sin sus predios y sin sustento económico. El caso ya llegó a los tribunales y reabre el debate sobre los límites de la reforma agraria del Gobierno Petro.

La incertidumbre se apoderó de varias familias rurales de la vereda La Ceiba, en el municipio de Vegachí, Antioquia. Campesinos dedicados a la ganadería, la agricultura y la piscicultura aseguran que hoy están al borde de perder las tierras que han trabajado durante décadas, en medio de procesos llevados a cabo por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para recuperar presuntos baldíos.

Uno de los afectados, sin revelar su identidad le relató a la revista Semana que la entidad abrió un expediente sobre su predio sin que él hubiera sido notificado de manera efectiva. Según explicó, solo tuvieron conocimiento del trámite meses después de iniciado, cuando faltaban apenas días para el cierre probatorio.

“Nos notificaron por la página. Como vivimos en el campo, no nos enteramos. Cuando supimos, ya estaban recogiendo pruebas y faltaban dos días para cerrar el caso”, denunció el campesino, quien teme represalias.

La preocupación creció al considerar que las familias cuentan con escrituras públicas y documentos que acreditan la propiedad de los terrenos desde hace décadas. En uno de los casos, la finca fue adquirida legalmente en 1969.

Para los habitantes de la zona, el problema no es solo jurídico. Detrás de cada expediente hay proyectos productivos, empleos rurales y familias enteras que dependen de la tierra para sobrevivir.

Presión por acelerar la reforma agraria

El caso de Vegachí se da en medio de la apuesta del Gobierno Nacional por acelerar la reforma agraria y mostrar resultados concretos en formalización y entrega de tierras.

Con ese propósito, el Ejecutivo expidió el Decreto 1191 de 2025, mediante el cual se habilitan mecanismos para que la ANT reciba bienes rurales provenientes del Fondo de Reparación de Víctimas y los incorpore a programas de dotación de tierras.

Sin embargo, el decreto ya enfrenta demandas ante el Consejo de Estado. Los demandantes advierten que el Gobierno habría creado mecanismos de transferencia de dominio sin suficiente soporte legal, abriendo la puerta a eventuales vulneraciones del derecho de propiedad y del debido proceso.

En Vegachí, los campesinos sostienen que la urgencia política por mostrar resultados en hectáreas formalizadas estaría derivando en procedimientos apresurados y poco transparentes.

“Somos campesinos de buena fe, con una trayectoria limpia y con documentos públicos que acreditan la titularidad de nuestras tierras”, señalaron en una tutela presentada contra la ANT.

En ese recurso advirtieron que una eventual recuperación del predio implicaría “la pérdida del lugar de habitación, del único medio de subsistencia y del proyecto de vida” de varias familias campesinas.

Recusaciones, tutelas y denuncias disciplinarias

El conflicto escaló rápidamente a los estrados judiciales y disciplinarios. Los afectados recusaron a funcionarios de la ANT, incluido su director, Juan Felipe Harman, e, incluso, al presidente Gustavo Petro, argumentando falta de garantías y presuntas actuaciones arbitrarias dentro del procedimiento.

Según documentos conocidos del caso, los campesinos denunciaron que funcionarios de la entidad continuaron adelantando actuaciones pese a haber sido advertidos sobre los efectos suspensivos de las recusaciones y sobre la existencia de una tutela en curso.

La situación terminó en una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación. Allí se cuestiona que el equipo comisionado por la ANT hubiera continuado visitas y actuaciones en el predio aun cuando existían recursos pendientes de resolver.

Posteriormente, la propia ANT dejó sin efectos algunas actuaciones y ordenó suspender retroactivamente parte del procedimiento.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, finalmente, ordenó dejar sin efectos las actuaciones administrativas surtidas en el caso, al considerar que existían irregularidades que comprometían garantías constitucionales.

En su decisión, el despacho advirtió una “actuación reprochable” por parte de la entidad y señaló que la conducta administrativa afectaba principios de buena fe, coherencia y lealtad procesal.

Debate sobre propiedad privada en el campo

El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de la reforma agraria y la protección de la propiedad privada rural.

El abogado Mauricio Pava Lugo aseguró que, si un predio tiene carácter privado y no baldío, el Estado no puede apropiarse de él sin indemnización ni garantías judiciales.

“Si el predio es privado, no baldío, el Estado no puede tratarlo como baldío para tomarlo sin pagar. Lo que están haciendo podría convertirse en confiscación”, afirmó.

Pava también cuestionó el creciente uso de decretos para modificar procedimientos relacionados con tierras y advirtió sobre riesgos de concentración de poder administrativo.

Por su parte, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, negó que exista una decisión definitiva contra los campesinos de Vegachí y aseguró que los predios no están en riesgo.

“Está en una fase inicial y no tienen por qué preocuparse”, sostuvo el funcionario, quien defendió que los procesos buscan identificar ocupaciones indebidas y garantizar acceso a tierra para campesinos sin propiedad.

Mientras tanto, en Vegachí persiste la angustia. Más allá de las cifras oficiales sobre hectáreas formalizadas, los productores rurales aseguran que el verdadero desafío está en garantizar seguridad jurídica, transparencia y respeto por quienes durante años han hecho producir el campo colombiano.