El fin de semana, entre el 11 y el 13 de julio, dejó un nuevo pico de violencia en la capital del Valle del Cauca que puso en evidencia el peso de las economías ilegales sobre varios sectores. Autoridades locales y organismos de control coinciden en que, sin una respuesta más contundente del próximo Gobierno, la tendencia podría agravarse durante lo que resta del año.

Un total de 15 personas fueron asesinadas entre el sábado y el lunes festivo en Cali, una cifra que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital del Valle del Cauca.

Aunque las investigaciones continúan, las autoridades atribuyen la mayoría de los casos a disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico, un fenómeno que sigue marcando la violencia urbana y el control de barrios estratégicos (Lea en CONtexto ganadero: 2.325 homicidios se han presentado en el Valle del Cauca en lo que va de 2026)

Más que un balance de un fin de semana, los homicidios reflejan una dinámica que se ha consolidado durante 2026.

Las confrontaciones entre organizaciones criminales ya no solo buscan eliminar rivales, sino mantener el dominio sobre territorios en los que convergen la venta de drogas, las rentas ilegales y la intimidación de las comunidades.

Ese panorama explica por qué la preocupación trasciende las cifras del puente festivo. Con 561 homicidios registrados en 2026 hasta el 14 de julio, Cali enfrenta un escenario que mantiene la presión sobre las autoridades y cuestiona la capacidad institucional para contener la violencia durante el segundo semestre.

El personero distrital, Gerardo Mendoza, advirtió que "la juventud es la población más vulnerable frente a este tipo de violencias", una situación que, según explicó, evidencia el impacto social que tienen las economías ilegales sobre las nuevas generaciones.

Mendoza agregó que “Cali vive los efectos colaterales de las economías ilegales y la criminalidad continúa instrumentalizando a nuestros jóvenes", una realidad que muestra cómo las organizaciones criminales fortalecen sus redes mediante el reclutamiento y la presión sobre comunidades vulnerables.

Respuestas

El incremento de los homicidios reactivó el llamado de las autoridades locales para fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y coordinar nuevas estrategias con el Gobierno Nacional que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

El concejal Roberto Ortiz aseguró que "Cali necesita más inversión en seguridad. Ya superamos los 560 homicidios este año y, de mantenerse esta tendencia, podríamos cerrar nuevamente con más de mil casos". También advirtió sobre el riesgo de que la ciudad cierre 2026 con cifras similares a las de sus años más críticos.

Las expectativas ahora están puestas en las decisiones que adopte el nuevo Gobierno para reforzar la investigación judicial, el control territorial y la prevención en los sectores más afectados.

Para las autoridades locales, contener el avance del microtráfico será determinante para evitar que los homicidios continúen convirtiéndose en una constante del panorama urbano de Cali. (Lea en CONtexto ganadero: Valle del Cauca vive su peor crisis de seguridad en su historia reciente)