La violenta disputa entre comunidades Nasa y Misak en Silvia, Cauca, que dejó siete muertos y más de 110 heridos, abrió un fuerte debate sobre el rumbo de la política agraria del Gobierno Petro. El analista Pedro Medellín advirtió que el fortalecimiento de las guardias indígenas y la reforma de la jurisdicción agraria podrían estar creando escenarios en los que grupos particulares terminen imponiendo el control territorial por encima de la justicia ordinaria.

La tragedia ocurrida en Silvia, Cauca, no solo dejó una grave crisis humanitaria, sino que también encendió alarmas sobre las consecuencias políticas e institucionales de la llamada “revolución agraria” impulsada por el Gobierno nacional.

En una dura columna de opinión, el analista Pedro Medellín aseguró que el enfrentamiento entre indígenas Nasa y Misak refleja un cambio profundo en las reglas de manejo de los conflictos territoriales en Colombia.

“El problema de fondo aparece cuando se observa que esas guardias, más que ser organizaciones que deciden las comunidades, en realidad pueden ser estructuras armadas creadas o instrumentalizadas como verdaderos ejércitos”, afirmó Medellín al referirse a las guardias indígenas promovidas desde el Plan Nacional de Desarrollo.

El columnista cuestionó particularmente el punto cuatro del Plan de Desarrollo del Gobierno Petro, denominado “Vida, seguridad y libertad en los territorios”, en el que se establece que “se avanzará en el empoderamiento de las formas propias de control territorial (guardias indígenas, cimarronas, campesinas y de mujeres)”.

Para Medellín, ese enfoque podría terminar fortaleciendo estructuras paralelas de control territorial. “Pueden funcionar como para-Estados”, advirtió, señalando que estas organizaciones tendrían capacidad para ejercer presión política y controlar territorios al margen de las instituciones tradicionales.

El analista también puso el foco sobre el proyecto de Jurisdicción Agraria que cursa actualmente en el Congreso. Según escribió, la iniciativa busca “despojar a los jueces de la competencia que tienen para definir los procesos agrarios que se generen por conflictos entre personas o comunidades por la propiedad de la tierra”.

En ese contexto, Medellín aseguró que lo ocurrido en Cauca es una muestra de lo que podrá darse cuando los conflictos sobre la tierra dejan de resolverse en escenarios judiciales y terminan trasladándose a dinámicas de presión y confrontación directa.

“La ANT ha sido incapaz de tramitar adecuadamente el conflicto entre los pueblos Nasa y Misak y esa incapacidad ha llevado a que sea la gente la que tenga que resolver sus diferencias a bala o machete”, sentenció.

El conflicto que desató la crisis en Silvia

Las advertencias del analista surgieron tras los violentos enfrentamientos registrados desde el pasado 21 de mayo en la zona de La Ensillada, en Silvia, Cauca.

La confrontación entre integrantes del resguardo Nasa de Pitayó y del resguardo Misak de Guambía dejó al menos siete muertos y más de 110 heridos, según cifras del Ministerio de Defensa.

La disputa tiene raíces históricas y gira alrededor del control del predio El Alto Méndez, un territorio reclamado por ambas comunidades desde hace décadas.

Sin embargo, la tensión escaló luego de que la Agencia Nacional de Tierras emitiera en diciembre de 2023 varias resoluciones de “clarificación de vigencia de títulos coloniales” a favor de los resguardos Nasa de Pitayó, Mosoco y Yaquivá.

Aunque la ANT sostuvo que esas decisiones no desconocían los derechos territoriales del resguardo Misak de Guambía, las interpretaciones opuestas de ambos pueblos desencadenaron una nueva ola de confrontaciones.

Los Misak denunciaron invasiones territoriales y el desplazamiento de unas 250 familias, mientras que los Nasa defendieron la legitimidad de los títulos reconocidos por la entidad.

Bloqueos, desplazamientos y crisis humanitaria

La escalada violenta provocó bloqueos en vías rurales, interrupción de actividades agrícolas y enormes dificultades para la atención de heridos y desplazados.

La Cruz Roja, organismos de socorro y entidades como la Defensoría del Pueblo denunciaron obstáculos para ingresar a las zonas afectadas debido a la compleja topografía y a la persistencia de los enfrentamientos.

El alcalde de Silvia, Juan Carlos López, reconoció la gravedad de la situación y aseguró que “esto no lo resuelve el alcalde, es un asunto del orden nacional”.

Por su parte, el director de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz, defendió la actuación de la entidad y aseguró que “la Agencia Nacional de Tierras reconoció un título histórico que no supedita ni suspende” los derechos del resguardo de Guambía.

Además, insistió en que “los conflictos territoriales en el Cauca no se resuelven por la vía del enfrentamiento violento”.

Sin embargo, mientras el Gobierno intenta mediar y contener la crisis, el caso de Silvia ya abrió un debate nacional sobre el alcance de las reformas agrarias, el fortalecimiento de estructuras de control territorial y el futuro de la institucionalidad rural en Colombia.