La justicia administrativa negó ocho acciones que buscaban detener el plan del Gobierno para controlar esta especie invasora, mientras crece el debate ambiental y social en el país.

La controversia por el manejo de los hipopótamos en Colombia dio un giro decisivo. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedentes ocho acciones de tutela que pretendían frenar la estrategia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para aplicar eutanasia controlada a cerca de 80 ejemplares.

La decisión respalda, al menos en primera instancia, la política del Gobierno frente a una especie introducida en los años 80 por el narcotraficante Pablo Escobar, cuyos descendientes hoy superan los 160 individuos y continúan expandiéndose en el Magdalena Medio.

Fallo judicial

El juzgado concluyó que no existían fundamentos suficientes para suspender la intervención estatal y, por el contrario, instó a las autoridades a actuar con rapidez. La sentencia advierte que es necesario implementar medidas efectivas para frenar el crecimiento de una población que representa riesgos ambientales y posibles conflictos con comunidades rurales.

Además, el fallo fue enfático en evitar contradicciones futuras. Señaló que “cualquier decisión contraria a lo resuelto carecerá de efecto”, lo que refuerza el alcance de la determinación y marca un precedente para procesos similares.

Medida en debate

Las acciones de tutela habían sido presentadas por ciudadanos y organizaciones que cuestionaban el sacrificio de los animales. Argumentaban que no se habían agotado alternativas como la esterilización o la reubicación, y advertían posibles afectaciones a la protección animal.

Desde el Gobierno, sin embargo, se insiste en que las opciones no letales han resultado limitadas o inviables frente al ritmo de reproducción de la especie. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió la decisión al señalar que “ningún país ha querido recibir a esos animales y, debido a su alto costo, esta es una medida necesaria para controlar su población”.

La funcionaria también explicó que, aunque se mantiene abierta la posibilidad de traslado internacional, los esfuerzos diplomáticos no han tenido resultados concretos. “Se han adelantado gestiones, pero hasta ahora no han dado fruto, lo que obliga a tomar decisiones internas”, aseguró.

Pedagogía y próximos pasos

Más allá de avalar la estrategia, el juzgado ordenó a las entidades responsables desarrollar campañas de información para explicar a la ciudadanía el origen del problema y las razones técnicas detrás de la eutanasia. El objetivo es generar comprensión sobre una medida que sigue causando fuerte controversia.

El fallo aún puede ser impugnado ante instancias superiores. Mientras tanto, el plan sigue vigente y el Gobierno deberá avanzar tanto en su implementación como en la tarea de justificar ante la opinión pública una decisión que divide posturas entre expertos, ambientalistas y comunidades locales.