Esta es la historia de un corto video que circula en estos días tranquilamente en las redes sociales sin generar, que yo sepa, comentario alguno (1). Es obvio que su apariencia anodina y pro turismo optimista engaña a más de uno. Si se lo analiza un poco, es fácil ver que se trata de un resobado trabajo de adoctrinamiento subliminal de tipo Farc-petrista, técnicamente exitoso.

La expulsión del espía venezolano Carlos Manuel Pino García, realizada el pasado 19 de diciembre por las autoridades de Colombia, muestra que las cosas podrían estar cambiando para bien en el terreno de la seguridad nacional. Esperemos que esa expulsión no sea un acto aislado sino el comienzo de una política más seria. Pues las deficiencias de Colombia en materia de seguridad nacional y contraespionaje son escandalosas.

Una revista de Bogotá publicó una nota este 12 de diciembre cuyo título dice: “Regaño del parlamento europeo a María Fernanda Cabal”.

Muy curioso es el lenguaje que emplea en estos días el ministro colombiano de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo al referirse al enfoque que tendría en este momento el gobierno del presidente Iván Duque sobre el tema de las modificaciones al acuerdo Santos-FARC.

La realidad política de Colombia le está pasando la cuenta al presidente Iván Duque. El acaba de ver, en Paris, cómo el bloque subversivo que actúa contra el país es y será intransigente, armado e internacional. Los disturbios creados contra Duque por los agitadores petristas en la Unesco y en SciencesPo, son apenas una expresión mínima de la funesta onda sediciosa que barre las ciudades colombianas y busca desbordar al nuevo gobierno.

1.- Según el estatuto de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ésta fue creada “para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.” Sin embargo, la JEP emerge como un nuevo engranaje del maltratado aparato de la justicia colombiana: puso en práctica un escandaloso sistema para evitar el juzgamiento y castigo de criminales de guerra y de lesa humanidad de las FARC y para acordarles, por el contrario, excarcelaciones, permisos de viaje, inmunidades, perdones, indultos y amnistías. Ese mecanismo de legitimidad dudosa está carcomiendo rápidamente el resto de las instituciones judiciales de Colombia.

La conmoción que creó en Colombia el texto de la Corte Constitucional que pretende disculpar (pues no se trata sino de eso) los crímenes sexuales cometidos por los jefes de las FARC contra sus víctimas, sobre todo contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, reclutados o secuestrados por esa banda criminal, no declina. Ésta, por el contrario, crece día a día sobre todo ante las explicaciones abyectas que lanza el señor Alexander Linares, presidente del grupo que inventó tal monstruosidad en la maltrecha Corte Constitucional colombiana.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó, el 15 de agosto de 2018, a 18 años y tres meses de cárcel a Nicolás Maduro, presidente en ejercicio de ese país, por corrupción activa, desvío ilegal de capitales y por haber recibido sobornos.

La estrategia de odio que le está imponiendo Gustavo Petro a su clientela política para explotarla como arma y masa de maniobra contra el nuevo gobierno que han elegido los colombianos puede volverse contra Petro mismo dentro de unas semanas.

No pudieron guardar su secreto ni una semana. La idea de ellos es dificultar o, peor, obstruir, la transición. Mas explícitamente: usar rehenes para arrancarle al presidente electo Iván Duque unas concesiones centrales sobre la llamada implementación de los acuerdos de La Habana, es decir, anular preventivamente toda acción del nuevo mandatario contra los aspectos más escandalosos del pacto anti colombiano.