Las Farc quieren perpetuar el control de los niños reclutados y de los niños secuestrados que logren salir de sus filas en los próximos meses. Quieren controlarlos de cerca para que no le cuenten a la prensa qué vida desgraciada tuvieron dentro de esa organización criminal y para que no se pasen, con el tiempo y la reflexión, al campo político contrario.

¿Santos pretende substituir la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Pretende imponer al aparato escolar colombiano el estudio de un texto diferente, revisionista y subversivo?

Nadie sabe qué está pasando en realidad en las 26 “zonas veredales transitorias de normalización”, ni en los puntos de “pre agrupamiento temporal” de narco-guerrilleros.

El presidente Santos, tras recibir su premio Nobel de la Paz, lanzó en Oslo una súbita ofensiva verbal contra la periodista Karla Arcila, de RCN Tv, quien había osado abordar, en una rueda de prensa, el tema candente y tan evocado en Colombia y España sobre los lazos que pueden existir entre el citado premio de este año y los intereses petroleros de Noruega.

Finalmente, con la precipitación acostumbrada, el Gobierno de Juan Manuel Santos puso hoy en línea un documento de 310 páginas que contiene el nuevo acuerdo “definitivo” con las Farc.

Colombia acaba de dar un ejemplo al mundo de sensatez y de amor a la libertad y al Estado de Derecho.

La revista Semana ya se equivocó una vez, en materia grave, respecto del Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega. Ahora vuelve a esa insana obsesión, sin reconocer sus errores, sin respetar la cosa juzgada y, sobre todo, sin hacer la necesaria investigación periodística al respecto.

La hipótesis más utilizada en estos años para tratar de explicar el dramático giro que dio Juan Manuel Santos frente al problema de la subversión y del narcoterrorismo en Colombia tan pronto llegó al solio de Bolívar, es que él quiere obtener el Premio Nobel de la Paz.

Los primeros en gesticular y rasgarse hipócritamente las vestiduras fueron el santismo y El Espectador.

1. Las maniobras desesperadas en curso de JM Santos contra el ex presidente Álvaro Uribe (la captura injustificada de su hermano Santiago, el intento de detener arbitrariamente a los dos hijos del expresidente y senador, y las intimidaciones contra el exministro Oscar Iván Zuluaga, presidente del partido Centro Democrático), no es un capricho de Santos, ni el resultado de trámites legítimos dentro de la Fiscalía.