Las mujeres rurales sostienen una parte clave del sistema agroalimentario, pero enfrentan brechas en acceso a tierra, ingresos y toma de decisiones. En este trabajo especializado elaborado por el proyecto Aliméntate de Región, sus autoras cuentan cómo las trabajadoras del campo de Bogotá-Cundinamarca trabajan más horas no remuneradas y reciben menos recursos, lo que limita su potencial productivo.

Autoras: María Alejandra Lopera y Ana Reyes Arias, comunicadoras Aliméntate de Región

Iniciar la jornada antes de que salga el sol, aprovechar cada minuto del día para cumplir con múltiples tareas y administrar con precisión cada recurso que llega a sus manos son dinámicas cotidianas para muchas mujeres en el campo y en la ciudad. En la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, esta realidad tiene nombre, rostro y una fuerza transformadora que sostiene el sistema agroalimentario.

En la vereda de San Jorge, ubicada en el corregimiento uno de Soacha, esta realidad la encarna Mayerly Reyes. Aún no son las cuatro de la mañana, pero para ella la actividad ha iniciado por completo. "Me levanto temprano, ordeño las vacas para obtener la leche con la que hacemos yogures; luego preparo el almuerzo y después salgo al cultivo a trabajar la tierra. En nuestra finca tenemos arvejas, fresas y otros productos que llevamos a la ciudad", relata Mayerly.

Desde su finca, pequeña en extensión pero inmensa en diversidad productiva y actividades, surte las mesas de muchos hogares urbanos. Cada día, ella combina la producción primaria, la transformación de alimentos y las labores de cuidado del hogar. Su historia es la puerta de entrada a una realidad amplia y persistente: la de miles de mujeres rurales que, todos los días, sostienen una parte decisiva de la red que lleva alimentos del campo a la mesa urbana.

Las cifras ayudan a dimensionar esa realidad. En Colombia, el 46,5 % de los hogares tiene jefatura femenina, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE. En la región central la tendencia se mantiene, con el 48 % en Bogotá, 46,8 % en Boyacá, 46,3 % en Cundinamarca, 45,6 % en Meta, 42,8 % en Tolima y 39,2 % en Huila.

Ahí empieza la brecha. No en la falta de trabajo, sino en la forma desigual en que ese trabajo se reconoce, se reparte y se recompensa. (Lea en CONtexto ganadero: 15 octubre: las mujeres rurales transforman el campo colombiano con liderazgo, resiliencia y visión)

Trabajadora del campo muestran lechugas recién cosechadas, fruto de su trabajo diario en sistemas agroalimentarios locales. Foto: Proyecto Aliméntate de Región

Las brechas que limitan el potencial productivo de las mujeres rurales

En la vida de Mayerly, como en la de muchas otras mujeres rurales, el tiempo rara vez pertenece por completo a una sola tarea. La producción convive con el cuidado, el trabajo doméstico y la administración del hogar.

En las zonas rurales de Bogotá, el 63 % de las mujeres se dedica principalmente a los oficios del hogar, mientras que en las zonas urbanas esta proporción es del 39 %, lo que representa una brecha de 24 puntos porcentuales, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG). El dato da cuenta de tareas domésticas y también de tiempo disponible, de horas que no entran a la cuenta formal de la productividad, pero que condicionan toda posibilidad de producir más, vender mejor, participar en una asociación o llegar a un espacio donde se toman decisiones.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE confirma esa desigualdad. En centros poblados y rural disperso, los hombres dedican 3 horas y 3 minutos al día al trabajo no remunerado, tiempo que para las mujeres es de 8 horas y 53 minutos al día. Una brecha que empieza pronto: entre jóvenes de 18 a 24 años, ellas invierten 7 horas y 59 minutos diarios; ellos, 2 horas y 48 minutos.

El resultado no se queda en casa, esta diferencia afecta directamente la economía rural. Más horas dedicadas al cuidado y en el trabajo doméstico significan menos margen para ampliar actividades productivas, menos posibilidad de generar ingresos propios y menos tiempo para participar en organizaciones, mercados o espacios de liderazgo. La desigualdad en el uso del tiempo termina reduciendo el potencial productivo de la región.

Desigualdad económica y feminización de la pobreza

Las brechas de género también se evidencian en los indicadores de pobreza. En las zonas rurales de Colombia, el 29,8 % de los hogares con jefatura femenina vive en situación de pobreza multidimensional, 3,9 puntos porcentuales más que la registrada en hogares rurales con jefatura masculina.

En la práctica, esta diferencia se traduce en decisiones cotidianas que las pone en jaque: comprar semillas para sembrar o pagar la matrícula de sus hijos o hijas, sostener una inversión productiva o responder a una urgencia en el hogar. La pobreza, en estos casos, es una restricción concreta sobre la capacidad de decidir, planear y proyectarse al futuro; refleja la carga de la pobreza y pone en evidencia lo que las cifras muestran.

En Bogotá, los hogares con jefatura femenina presentan niveles más altos de pobreza monetaria. El 23,8 % vive en pobreza, frente al 20,2 % de los hogares con jefatura masculina, según el OMEG. Además, el 49 % de los hogares con jefatura femenina se ubica en los estratos 1 y 2, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad económica.

La llamada feminización de la pobreza se expresa en más responsabilidades, menos activos, menos margen económico, desigualdades en el acceso al empleo, a la tierra y los recursos productivos, y con ello, a una exposición mayor a la inestabilidad. Mayerly, como tantas otras mujeres, no necesita que alguien le explique la ecuación; la vive en la administración diaria del tiempo, del esfuerzo y de cada peso que entra a su hogar.

Esta productora exhibe fresas cultivadas en sus predios, reflejo de su aporte clave a la producción de alimentos en la región. Foto: Proyecto Aliméntate de Región

Tierra, decisiones y financiamiento: en el centro de la brecha productiva

Mayerly trabaja la tierra todos los días, pero su experiencia y la de varias mujeres rurales muestra que producir no siempre significa decidir. El acceso a la tierra sigue siendo uno de los retos más urgentes y persistentes. En Cundinamarca (sin incluir datos de Bogotá), solo el 38 % de los predios rurales están titulados a mujeres como únicas propietarias, según la Nota Estadística del DANE sobre propiedad rural con enfoque de género. Y el 85 % de esos predios corresponde a microfundios de menos de tres hectáreas, una escala que limita las posibilidades de desarrollar proyectos productivos de mayor alcance.

La propiedad formal tampoco implica poder de decisión. En muchos casos, una mujer figura como titular del predio, pero las decisiones clave, como elegir qué cultivos sembrar, decidir cuándo vender la cosecha o invertir en nueva maquinaria, siguen pasando a otros. La Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 muestra que solo el 30,51 % de las unidades productivas agrícolas en Cundinamarca son lideradas decisivamente por una mujer. La cifra confirma que la formalidad de la propiedad no garantiza el control real sobre la tierra, la producción y los recursos.

Las brechas también se reflejan en el acceso al financiamiento rural. Según GeoAgro 2025, en Cundinamarca por cada 100 operaciones financieras otorgadas a hombres, solo 68 son para las mujeres. Además, por cada $1.000.000 que ellos reciben, ellas reciben en promedio $531.706. Esta diferencia define quién puede invertir, tecnificarse o resistir un mal ciclo productivo.

La desigualdad tampoco termina cuando se cierra el cultivo o se vende la cosecha, continúa en los espacios de participación y de toma de decisiones públicas. Según la Línea Base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, solo el 12 % de las mujeres participa en espacios institucionales. Los Consejos Locales de Mujeres con 6 %, y el Consejo Territorial de Participación con 5 %, son los espacios con mayor participación femenina. Cuando se pregunta por las razones de esa baja participación, el 40 % de las mujeres dice que la falta de tiempo es el principal obstáculo; luego, el desconocimiento de las organizaciones, con 20 %; la falta de interés, con 13 %; y la desconfianza en estos espacios, con 10 %.

Las mujeres sostienen gran parte del sistema agroalimentario, pero todavía llegan con menos tiempo, menos recursos y menos voz a los espacios donde se decide cómo funciona.

Igualdad de género: una condición para sistemas agroalimentarios sostenibles

La historia de Mayerly muestra con claridad que el problema no es la falta de capacidad ni de trabajo, el problema es que el sistema no les devuelve a muchas mujeres rurales, en la misma medida, lo que ellas ya aportan al campo y a la ciudad.

Cerrar estas brechas fortalece la red que pone la comida en la mesa de la región y responde, al mismo tiempo, a una exigencia de justicia social. Cuando las mujeres tienen mayor acceso a la tierra, al financiamiento, al conocimiento, a los mercados y a los espacios de decisión, mejoran sus condiciones de autonomía económica, la productividad agrícola aumenta, se mejora la seguridad alimentaria y las economías rurales se fortalecen.

Para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos, es necesario incorporar el enfoque de género en las políticas públicas rurales. Hay que priorizar el acceso de las mujeres a los recursos productivos, redistribuir el trabajo de cuidado y garantizar su participación en la toma de decisiones. (Lea en CONtexto ganadero: El 30 por ciento de la ganadería es liderada por mujeres)

En este contexto, el proyecto Aliméntate de Región, resultado de la alianza entre la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca (RMBC), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la RAP-E Región Central y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), impulsa el Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA) y el Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional.

A través de esta apuesta, la alianza trabaja para ordenar mejor la producción, el transporte, la distribución y el consumo de alimentos en la región; pero también buscar contribuir al cierre de brechas que afectan a quienes sostienen esa red, entre ellas, las mujeres rurales. Fortalecer la conexión entre el campo y la ciudad exige mirar con atención quiénes producen, en qué condiciones lo hacen, qué tan cerca están de las decisiones que afectan su trabajo y su vida, y así promover un sistema agroalimentario basado en la equidad, la sostenibilidad y la participación local.

La transformación empieza en el territorio, en jornadas como la de Mayerly, que enlazan producción, cuidado, conocimiento y permanencia en el campo. Cada cultivo que sale de su finca hacia la ciudad, cada producto que transforma y cada decisión que toma en su parcela forman parte de una red más grande, una red que lleva alimentos a millones de personas.

Reconocer ese trabajo ya no basta. Hace falta traducir ese reconocimiento en decisiones públicas, financiamiento, acceso a activos productivos, redistribución del cuidado y participación incidente. Asegurar mejores condiciones para las mujeres rurales fortalece su autonomía económica y contribuye a construir sistemas agroalimentarios resilientes, inclusivos y sostenibles, capaces de enfrentar los desafíos climáticos, económicos y sociales del futuro.

Cuando las mujeres rurales tienen más oportunidades, fortalecen el campo y el sistema agroalimentario que sostiene a toda la región.

Este proyecto es el resultado de la alianza entre la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca (RMBC), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la RAP-E Región Central y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).