Así ha sido el pago de la multa interpuesta al sector azucarero por la SIC

A causa de supuestas prácticas restrictivas de la libre competencia, el gremio pagó $260 mil millones. Asocaña y otros ingenios interpusieron un recurso de apelación para que la sanción sea revisada.   “La ley permite que los sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en este caso los ingenios y los representantes legales, ejecuten un recurso de reposición en donde tienen que ver lo Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado. Es un proceso que demora, pero el tema es el daño en la reputación del sector, es algo irreparable”, dijo en diálogo con CONtexto ganadero, Carlos Fernando Molina Durán, presidente de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña.   El vocero indicó que la sanción no cobijó a este gremio, pero que el sector en general, del cual hacen parte 350 mil familias y que genera 180 mil empleos directos e indirectos, está sufriendo las consecuencias.   Al respecto, Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, aseguró que la decisión de la SIC sembró la duda y la deslegitimación del sector. (Lea: 5 aspectos para fortalecer el FEPA, según Fedepanela)   “Y es que en el imaginario colectivo quedaron grabados los señalamientos mediáticos al sector, por decir lo menos, de ser un cartel que atenta contra el consumidor y las amas de casa. Lo que pocos saben es que la propia SIC señaló que los ingenios no realizaron acuerdo competitivo alguno para fijar de forma directa o indirecta los precios en el mercado del azúcar (Resolución 5347 del 13 de febrero de 2012) y que aquellos son el resultado de la oferta y la demanda, por lo que sus variaciones no son producto de un acuerdo de precios (Resolución 5350 del 13 de febrero de 2012). El fin de un cartel es manipular los precios, es contraevidente acusar de cartel a un subsector al que se le está absolviendo de esa reprochable práctica”, dijo.   Según el presidente de Asocaña, las multas impuestas por la SIC se refieren a hechos inexistentes y sin efecto alguno sobre el mercado. Uno de los motivos que llevó a la sanción se basó en una presunta obstrucción a la importación de 20 toneladas de azúcar procedentes de Costa Rica.   “En primer lugar, este azúcar arribó sin obstáculo alguno al país. En segundo lugar, su posible afectación sobre el mercado nacional era nula, por cuanto era un azúcar para incorporar en bienes procesados que terminarían siendo exportados. En tercer lugar, se trataba de 20 toneladas, cuando durante el periodo de investigación (2008-2012) ingresaron al país 941 mil importadas de 12 países, por decenas de mayoristas, distribuidores, comerciantes e industriales colombianos, según cifras de la DIAN”, añadió Londoño Capurro. (Lea: Uso del agua se redujo 50 % en cultivo de caña de azúcar)   La multa fue pagada parcialmente a principios de 2016, según el gremio en su mayoría, con recursos de crédito, financiación bancaria y, en otros casos, bajo los plazos y condiciones que otorga la propia Superintendencia.   “Estos pagos se dieron no porque el sector admitiera su responsabilidad sino porque simple y llanamente así lo establece la Ley. Si el pago de las sanciones que impone la SIC no se hubiese realizado dentro de los términos estipulados, se habrían causado altos costos financieros, administrativos y perjuicios graves para el desarrollo de la actividad productiva”, precisó Luis Fernando Londoño.   De acuerdo con lo anterior, el sector azucarero continuará adelantando todas las acciones legales que aún tiene disponibles, para impugnar ante la Justicia la resolución sancionatoria, en defensa de los derechos legítimos del sector, así como lo hizo en el año 2011, a raíz de las sanciones impuestas a los ingenios productores de etanol y a sus representantes legales por una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de ciertos cultivadores de caña por un supuesto acuerdo de precios de la caña destinados a la producción de etanol. (Lea: Reducir el uso del agua en el campo sí es posible)   De acuerdo con Londoño, se instauraron demandas de nulidad de la resolución correspondiente y ya ha habido fallos a favor de los sancionados por parte de los Tribunales Administrativos, que ordenaron la devolución de las multas, debidamente indexadas, a los sancionados.   “Estimamos que las demandas de nulidad de la resolución sancionatoria de finales del año pasado sean estudiadas con todo el rigor jurídico que ha caracterizado siempre a los magistrados de los Tribunales Administrativos y a los consejeros de Estado de nuestro país y, en consecuencia, se haga justicia con esta agroindustria que tanto ha contribuido al desarrollo socioeconómico del suroccidente colombiano y del país en general”, puntualizó.