A garrotazos contra la propiedad privada

Por: 
Página del Ganadero-CONtexto Ganadero
30 de Junio 2013
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Foto: Página del Ganadero.
El primer punto del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se dio en el terreno rural.
 
Agricultores y ganaderos serían los que de entrada tendrían que poner en el juego de la paz, mientras que otros sectores económicos sólo se limitarían a ver los resultados.
 
Así planteado el juego y aceptado y validado por el Gobierno del Presidente Santos, a poco andar se dio un viraje de la propuesta inicial –de la ?Política de Desarrollo Agrario Integral ? hacia una ?Reforma Rural Integral (RRI) ?–, sin que los fundamentales de tal Acuerdo sean coherentes ni en derecho ni en economía.
 
Muchos analistas señalan que primó el chantaje de las armas y la intimidación, bajo el argumento de la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera después de 50 años de violencia, soslayando el Estado de Derecho e implantando un modelo de desarrollo rural que genera mayor pobreza en un contexto de globalización. 
 
Los ejes del acuerdo
 
Dos son las frases que dominan el primer punto del acuerdo: economía campesina, familiar y comunitaria; y asociatividad y participación de la comunidad. 
 
De esta manera el Gobierno aceptó que el modelo de desarrollo rural se debe fundamentar en la economía campesina, familiar y comunitaria, y que para ubicarla en tal posición debe proveérsele de todos los elementos básicos: tierra, capital, mercado, subsidios, etc., y blindarla con un marcado proteccionismo, bajo el argumento de proporcionar bienestar y buen vivir a las gentes del campo e inclusión a las etnias, erradicar la pobreza, promoción la igualdad, y cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, entre otros.
 
Reforma que se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción por parte del Estado. Para los negociadores del Gobierno al parecer es claro que el país puede, con un modelo de economía campesina, familiar y comunitaria, entrar a competir con los modelos de desarrollo agropecuario imperantes en los países o grupos de países con los cuales Colombia firmó TLC, como el de Estados Unidos o la Unión Europea, u otros, que son modelos empresariales modernos.
 
Los pequeños ganaderos productores de leche, hoy quebrados por unas importaciones, son el ejemplo de que “una cosa es lo piensa el burro y otra el que lo enjalma”.
 
Tierras gratis
 
El modelo aceptado se sustenta, desde luego, en la tenencia de tierra. Por ello el Gobierno acordó la creación de un Fondo de Tierras.
 
Fondo que se alimentara de las tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, tal como lo había dicho el vocero oficial de la delegación del Gobierno, pero que ahora señala que también lo hará de la aplicación de la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública, y de aquellas con vocación agropecuaria que resulten de la actualización de las zonas de reserva forestal, entre otras. 
 
En plata blanca, se dio paso a la expropiación en un proceso similar al que acabó con la agricultura. 
 
Pero no sólo había que ir por la tierra. Como el acceso a la misma es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar de los habitantes del campo y el desarrollo eficiente de la producción, el Gobierno se comprometió a proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (capital semilla, riego, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable, y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y cooperativismo y a la comercialización de productos. 
 
Tal como señala el acuerdo, “Como complemento al Fondo se ha acordado que se fortalecerán otros mecanismos de acceso a tierras por parte de la población campesina: el subsidio integral para compra y la creación de líneas especiales de crédito.
 
En adición a la distribución de tierras, lo acordado reconoce el papel de la formalización de la propiedad rural como mecanismo de acceso y para tal fin crea una jurisdicción agraria con cobertura y capacidades regionales. 
 
?Como medidas adicionales para dar un buen uso a la tierra, el Gobierno Nacional definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación, el bien común y las visiones territoriales construidas en el marco de las instancias de participación comunitaria, entre otros criterios ?. Son discrecionalidades que quedarán en manos de las Farc. 
 
¿Y de la platica qué?
 
Del cuero salen las correas, dice un refrán popular. De los propietarios actuales. Sí, señores agricultores y ganaderos. El Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades.
 
No es claro, pero tal como lo señala el acuerdo, parece ser que la guerrilla  ?brindará la asesoría ? para la implementación de un adecuado sistema de cobro y recaudo del predial, adoptando las medidas necesarias para que las tarifas se fijen en desarrollo del principio constitucional de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social (lo contrario es una función del Estado).
 
 
Las zonas de reserva campesina
 
Quedaron en el Acuerdo. Se estableció que el Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las ZRC constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas consideren representativas.
 
Los planes de desarrollo rural que conocemos, son muy pequeños frente a este acuerdo. Lo que no dice nada es de donde se va sacar la plata para todo ello. El mecanismo tributario ya muestra desgaste, pues los ajustes ya realizados durante la última década han elevado el valor catastral de los predios rurales de 30 billones a 94 billones de pesos, con un crecimiento del ¡213%!, pero además, por ningún lado se lee el compromiso de la guerrilla. ¡Así, sí que es bueno firmar un acuerdo!