Ajustes introducidos podrían alterar variables clave del programa de fomento, como tasas de interés y condiciones de acceso, sin una evaluación previa de sus consecuencias. Este escenario, el ente de control advirtió que podría terminar afectando a los productores agropecuarios, especialmente a los de menor escala, y reducir la efectividad de los instrumentos de fomento.

La Contraloría General de la República emitió una advertencia preventiva sobre la implementación de la Resolución 10 de 2025, mediante la cual se modificó la regulación del crédito de fomento agropecuario y rural, al considerar que su diseño y trámite podrían comprometer recursos públicos y afectar el acceso al financiamiento para los productores del campo.

Según el organismo de control, la resolución resulta “jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa”, al generar un escenario de incertidumbre regulatoria que podría impactar la confianza en el sistema de crédito rural y exponer al Estado a contingencias financieras.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el proceso de expedición de la norma. La Contraloría indicó que esta fue publicada “sin contar con los estudios técnicos completos que debían justificarla”, lo que impidió una evaluación adecuada de sus efectos económicos, financieros y fiscales antes de su adopción. En ese contexto, señaló que los actores del sector participaron en el proceso sin disponer de un análisis integral que respaldara los cambios propuestos.

Adicionalmente, el ente de control advirtió que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) omitió un requisito clave del trámite regulatorio. De acuerdo con el comunicado, no se solicitó “el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio, un paso obligatorio cuando una regulación puede impactar la libre competencia económica”, lo que pone en duda la solidez jurídica del acto administrativo.

Desde el punto de vista institucional, la Contraloría alertó que algunas decisiones contenidas en la resolución podrían exceder las competencias de la CNCA, especialmente en lo relacionado con la modificación de condiciones de los Títulos de Desarrollo Agropecuario y la definición de esquemas de tasas diferenciadas. (Lea en CONtexto ganadero: MinAgricultura anuncia créditos con subsidio a productores golpeados por el clima y bajos ingresos)

En el frente financiero, el organismo señaló la ausencia de análisis sobre el impacto de la medida en entidades como Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías, advirtiendo que estos vacíos podrían afectar su estabilidad y reducir la capacidad del sistema para otorgar crédito. Por ello, la Contraloría instó a la CNCA a evaluar la adopción de medidas que permitan “impedir que se materialicen los daños producto de los riesgos expuestos en esta advertencia” y proteger los intereses públicos.

🚨Advertimos que la Resolución 10 de 2025 fue expedida sin estudios técnicos completos, sin concepto previo de la @sicsuper y con posibles extralimitaciones de competencia. Además, no se evaluó su impacto financiero en @Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), lo que… https://t.co/FFd11qLQXK

— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) December 16, 2025