Ojo a la incertidumbre jurídica y al reexamen de licencias ambientales del Acuerdo de Escazú

En la semana que termina, la plenaria del Senado, donde la mayoría está con el gobierno entrante, aprobó la ratificación del Acuerdo de Escazú, pese a las consecuencias que trae para Colombia.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas, manifestó en declaraciones a RCN su preocupación por algunos puntos que fueron incluidos en dicho Acuerdo y que son nocivos para el país.

El experto aseguró que la mayor preocupación radica en los altos riesgos de incertidumbre jurídica que se genera al ceder competencias soberanas a organizaciones en su mayoría internacionales. 

"No es necesario ceder competencias soberanas a unas organizaciones que se van a crear en el marco de Escazú, sobre las cuales el Estado colombiano no tendría ningún tipo de control político o fiscal, como pasa con la mayoría de los organismos internacionales que hoy en día no hay quien los controle. Van a poder emitir una serie de pronunciamientos activados por ONG que pueden ser de papel, poniendo en riesgo muchas cosas", advirtió.

Señaló que el Acuerdo de Escazú le otorga poder a las organizaciones para pedir que se reevalúen las licencias ambientales, aún después de un largo análisis por parte de las autoridades y de las consultas previas con las comunidades de zonas determinadas. (Lea: Vuelve a debate el Acuerdo de Escazú en el Congreso)

"Resulta que la autoridad ambiental luego de hacer todo el proceso para otorgar las licencias y de haber hecho consultas con las comunidades, alguien puede pedir una 'reexaminación' de esa licencia sin ninguna evidencia científica o técnica, porque el acuerdo no establece que se debe presentar este tipo de evidencias", explicó.

En ese sentido, Chacón manifestó que todo eso implica altos costos y efectos negativos en el desarrollo social de las comunidades.

Añadió que el Acuerdo de Escazú no le otorga ninguna capacidad nueva al Estado para enfrentar a los grupos armados responsables delos asesinatos de líderes sociales y de la deforestación, que se desprenden principalmente del cultivo de coca y la extracción ilícita de minerales.

"Se ha dicho que la legislación colombiana no es suficiente en materia de participación, acceso a la información y Justicia ambiental, lo cual es cuestionable porque efectivamente Colombia ha desarrollado todo un marco institucional para estos tres aspectos", apuntó.

Concluyó que, "uno lo que esperaría es que este Congreso con las mayorías que tiene y el gobierno entrante que ha demostrado compromiso con los temas ambientales, haga un desarrollo normativo acorde a la realidad nacional y acorde a la realidad de los territorios y las comunidades, para complementar lo que ellos sienten que hace falta".(Lea: ¿Sabe usted qué es el Acuerdo de Escazú y cómo afectará a la ganadería?)

La bancada del Centro Democrático, ahora en la oposición, siguió mostrándose contraria a su aprobación ya que "la soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona derechos humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional", consideró la senadora María Fernanda Cabal.

El siguiente paso en Colombia para el Acuerdo de Escazú será pasar por una comisión de la Cámara de Representantes, que también tendrá que debatirlo y votarlo en su plenaria. De ser aprobado, pasará a sanción presidencial del nuevo presidente, Gustavo Petro, que asumirá el 7 de agosto y que ya se ha mostrado a favor del mecanismo regional.

El Acuerdo de Escazú lo han ratificado Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.