El informe presentado durante la transición presidencial expone limitaciones en equipos, presupuesto y mantenimiento que comprometen la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Para el exministro de Defensa Diego Molano, revertir ese escenario exigirá decisiones políticas, inversión sostenida y una estrategia enfocada en recuperar el control territorial antes de que la criminalidad amplíe su influencia sobre la economía rural.

El proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, dejó al descubierto un diagnóstico que trasciende el estado de los equipos militares. Los documentos revelan déficits en aeronaves, artillería, transporte y material de guerra que, de mantenerse, podrían limitar la capacidad del Estado para responder a las amenazas de los grupos armados y proteger las actividades económicas en el campo. (Lea en CONtexto ganadero: “La Paz Total terminó fortaleciendo a los grupos criminales”: Diego Molano, exministro de defensa)

El reporte advierte que el Ejército enfrenta un déficit del 66,3% en material de guerra, además de un inventario envejecido y restricciones presupuestales que han retrasado el mantenimiento y la modernización de equipos estratégicos. A ello se suma una falta de 1,6 billones de pesos para cubrir salarios y prestaciones durante lo que resta de la vigencia de 2026.

La discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse en un asunto económico y de seguridad nacional, pues la movilidad de la Fuerza Pública, la inteligencia y el control territorial también inciden sobre la inversión, la producción agropecuaria y la confianza de quienes desarrollan actividades en las regiones.

En entrevista con CONtexto ganadero, el exministro de Defensa Diego Molano sostuvo que el diagnóstico confirma un deterioro progresivo de la capacidad operativa. "Ha habido un desmantelamiento de la inteligencia, lo que hace perder control y conocimiento sobre los grupos criminales", afirmó.

Capacidad operativa

El informe identificó los mayores rezagos en áreas fundamentales para las operaciones militares. La artillería registra un déficit del 96%, mientras que el transporte alcanza el 93 %, debido al envejecimiento del parque automotor y a la escasez de repuestos, baterías, llantas y combustible.

La infantería presenta un faltante del 85 %, con dificultades para sostener vehículos blindados como los LAV III y M113-A2. La caballería, por su parte, reporta un déficit del 78 %, afectando la recuperación de vehículos dañados durante operaciones.

Molano considera que las limitaciones también afectan la movilidad aérea, pues "hoy, de 60 helicópteros de la aviación del Ejército, apenas 12 están en operación porque los demás permanecen en tierra por falta de mantenimiento", explicó.

Según el exministro, la pérdida de capacidad no solo reduce la reacción militar, sino que restringe operaciones contra el narcotráfico, limita el despliegue de tropas y dificulta recuperar el control de zonas donde operan organizaciones ilegales.

Seguridad y economía

Una menor presencia institucional facilita la expansión de las economías ilícitas, aumenta la presión de los grupos armados sobre las comunidades y eleva los riesgos para sectores productivos como la ganadería.

Molano relacionó esa pérdida de capacidad con el aumento de distintas expresiones de violencia registrado en los últimos años. "Hoy tenemos un país con más ataques terroristas, más secuestros y más extorsiones, mientras los grupos ilegales fortalecieron su presencia territorial", señaló.

Desde su perspectiva, el fenómeno también cambió de naturaleza. Por ello, aseguró que las organizaciones criminales ya no dependen exclusivamente del narcotráfico, sino que combinan extorsión, secuestro, microtráfico y otras rentas ilegales mediante estructuras locales que operan como franquicias criminales.

Ese modelo, explicó, termina afectando directamente a productores rurales y empresarios agropecuarios, quienes enfrentan mayores costos de operación y riesgos para mantener sus actividades en varias regiones del país. (Lea en CONtexto ganadero: La inseguridad rural, entre las grandes deudas del gobierno saliente con el campo)

Prioridades

El exministro planteó que la recuperación debe comenzar con una decisión política orientada a restablecer el control territorial y fortalecer las capacidades institucionales. A su juicio, la modernización de equipos debe ir acompañada de una reorganización de la inteligencia y de mayores recursos para mantenimiento.

"La primera inversión debe hacerse en pie de fuerza, inteligencia y reactivación de las fuerzas de tarea conjuntas", sostuvo al referirse a las prioridades presupuestales que, en su concepto, debería asumir la nueva administración.

También consideró necesario incrementar los recursos destinados al mantenimiento de aeronaves, vehículos y embarcaciones. "Si se activan esos recursos, muchas capacidades que hoy están en talleres podrían volver rápidamente a operar", afirmó.

Molano añadió que otro componente será fortalecer la cooperación internacional en inteligencia y tecnología, además de enfocar las operaciones sobre las finanzas de las organizaciones criminales y no únicamente sobre sus cabecillas.

El desafío para el nuevo gobierno será transformar el diagnóstico del empalme en decisiones presupuestales y operativas. Recuperar los equipos será apenas una parte de una tarea más amplia: restablecer el control territorial y devolver confianza a las comunidades y empresas que sostienen la economía rural.