Uno de los fundadores del partido y esposo de la senadora por esa colectividad, María Fernanda Cabal, solicitó la división del partido para conformar un nuevo movimiento y atribuyó el quiebre al rol de asesores como Lester Toledo, al uso de encuestas sin respaldo legal y a la ausencia total de garantías internas.

José Félix Lafaurie llevó su ruptura con el Centro Democrático a un punto sin retorno. En una carta fechada el 23 de enero de 2026 y dirigida a la dirección nacional del partido, formalizó una solicitud de escisión y dejó constancia de que su permanencia política dentro de la colectividad se volvió inviable tras el proceso que definió la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

La frase que marca el quiebre es directa: “Sentimos que no tenemos espacio en el Centro Democrático”, a renglón seguido, Lafaurie sostiene que lo que inicialmente fueron advertencias se transformaron en “evidencia clara de graves irregularidades”, hasta cerrar cualquier margen de recomposición interna. (Lea en CONtexto ganadero: A pocos días de elegir la candidata del CD, Cabal encabeza todas las mediciones externas y el pulso de la opinión)

El eje más severo de la misiva apunta al papel de asesores externos. El dirigente señala de manera directa a Lester Toledo como actor central en la conducción del proceso y afirma que “los resultados fueron adulterados con su evidente participación”. A su juicio, el personaje de marras no operó como un consultor periférico, sino como un decisor de facto, con influencia directa sobre encuestas, cronogramas y desenlaces políticos.

Ese control, expone el escrito, se apoyó en encuestas sin garantías legales. Sobre el particular, el esposo de María Fernanda Cabal asegura que “ninguna de las firmas estaba inscrita en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras del Consejo Nacional Electoral”, pese a lo cual sus resultados se usaron como criterio definitivo para proclamar la candidatura. Para él, ese hecho despojó al proceso de legitimidad interna.

La carta también describe un vacío administrativo que, según su relato, facilitó el manejo discrecional de la contienda. “Hay ausencia de contratos formales y trazabilidad con las firmas encuestadoras; solo se emitieron órdenes de servicio”, advierte, y agrega que esas decisiones se tomaron sin control partidario efectivo y al margen de los principios de transparencia, achacando la responsabilidad al director nacional del partido Gabriel Vallejo.

Otro punto crítico es el uso de información interna del partido. En ese sentido, sostiene que las encuestadoras accedieron a bases de datos del Centro Democrático sin acuerdos de tratamiento de datos personales, lo que, en su criterio, agrava la responsabilidad de quienes dirigieron el proceso.

Para el firmante, el problema no fue solo técnico, sino político: ya que, de acuerdo con su visión, el procedimiento “careció de comités de garantías electorales, reglas claras de impugnación y mecanismos de control”, lo que impidió corregir el rumbo antes del desenlace. “Las diferencias no encontraron un canal institucional de resolución”, concluye.

Ante ese escenario, Lafaurie asegura que, aunque abandera la petición, no es un asunto unipersonal. “No se trata de una renuncia individual ni de un retiro silencioso”, precisa, y formula la decisión central: “Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del Centro Democrático, que le permita a María Fernanda su propia agrupación política”. La comunicación aclara que esta ruptura no busca afectar la candidatura ya proclamada ni el calendario electoral, y expresa respaldo a Paloma Valencia.

Procedimiento obligatorio y efectos irreversibles

La propuesta de José Félix Lafaurie no es simbólica ni retórica. Está anclada en el artículo 118 de los estatutos del Centro Democrático, que regula de forma estricta la escisión del partido. La norma exige que la solicitud sea respaldada por dos terceras partes de los miembros convencionistas de la Convención Nacional y que se formalice mediante acta. La carta ya presentada funciona como notificación formal para activar ese trámite.

Los efectos están claramente definidos. La agrupación escindida pierde el derecho a usar el nombre, los símbolos y las sedes del partido. Tampoco puede acceder a financiación estatal ni a espacios en medios de comunicación a nombre del Centro Democrático. (Lea en CONtexto ganadero: "Nunca me verán derrotada": Cabal revela su día más oscuro en su autobiografía)

Finalmente, al invocar este artículo, Lafaurie asume una ruptura con costos políticos altos y deja al partido ante una decisión de fondo: tramitar una escisión fundada en denuncias de adulteración del proceso interno o cargar con la responsabilidad de haber cerrado sus propios canales de deliberación y control.