El gremio afronta extorsiones, robos de ganado y amenazas que comprometen también el ciclo de vacunación bovina. La organización de los productores y la estrategia de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz podrían marcar la diferencia, pero las denuncias siguen siendo escasas.

Entre el 10 y el 16 de noviembre, los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz (FSSP), bajo la coordinación del general retirado Fernando Murillo, registró 41 hechos delictivos que afectaron al sector ganadero y al ciclo de vacunación bovina en Colombia.

De esos, 15 atentaron directamente contra ganaderos y 9 incidieron sobre la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Las implicaciones para un sector clave en la economía rural son profundas, no hay sólo pérdidas inmediatas, sino riesgos estructurales para la seguridad alimentaria y la competitividad.

Durante la semana en cuestión, los departamentos más afectados por el conjunto de 15 hechos contra ganaderos incluyen a Cundinamarca y Antioquia (3 casos cada uno), Bolívar (2 casos), y Tolima, Santander, Norte de Santander, Nariño, Cesar, Caquetá, Atlántico (1 caso cada uno). De esos delitos, nueve se atribuyen a delincuencia común, cuatro a delincuencia organizada, uno a grupos armados ilegales y otro a otra modalidad.

El total de bovinos vinculados fue 183 y un predio reportado. Los delitos más frecuentes: extorsión (5 casos), amenaza (4), abigeato (3), carneo (2) e invasión a finca (1). (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos desplazados y carne clandestina. Así va la crisis de la inseguridad)

Para el sector ganadero, estos números representan algo más que estadísticas: se traducen en fincas bajo presión, interrupción de cadenas sanitarias, mayores costos operativos y un entorno de riesgo que disuade inversión. Y, quizá lo más grave, un gran número de incidentes —22 de los 26 casos con ganaderos— no fueron denunciados frente a las autoridades.

Vacunación bovina en la mira

Que 9 de los 41 hechos delictivos afectaron el ciclo de vacunación indica una dimensión aún más crítica, cuando la seguridad sanitaria se vulnera, no sólo el patrimonio del productor está en riesgo, también lo está el acceso al mercado, la exportación de carne y la salud del hato bovino.

En un país como Colombia, la ganadería representa una parte significativa del PIB rural, alterar este engranaje abre la puerta a pérdidas muy superiores a las del robo directo de ganado o de amenazados productores.

Los FSSP juegan un papel esencial, ya que se trata de articular alertas tempranas, mecanismo de comunicación entre ganaderos, autoridades y fuerzas del orden. Según Murillo, estos frentes “no son para perseguir delincuentes, sino para trabajar en prevención y anticipación al delito”.

Murillo ha advertido que uno de los grandes desafíos es que muchos productores afectados no se registran ante las autoridades, lo cual dificulta el dimensionamiento real del problema y reduce la eficacia de la respuesta institucional.

Aún más, cuando el delito se infiltra en zonas rurales remotas o con poca presencia estatal, la respuesta se retrasa o falla, lo que pone en riesgo la continuidad de los programas sanitarios, la trazabilidad del hato y, en última instancia, la posición de la ganadería colombiana ante mercados exigentes.

Si el patrón se mantiene, la vacunación se vuelve vulnerable, el hato se expone a enfermedades, la cadena de valor se afecta y el consumidor final podría pagar más. (Lea en CONtexto ganadero: Delincuentes roban 110 reses y terminan capturados en operativo en Cesar)

Murillo advierte que sin una mayor articulación entre productores, autoridades y estructuras de apoyo, como los FSSP, la ganadería como motor económico regional corre peligro. La iniciativa de los frentes muestra avances, pero aún depende de la voluntad colectiva para denunciar, reportar e intervenir a tiempo.