Juana Cabezas, investigadora y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz advierte que el país atraviesa un momento crítico en materia de seguridad y derechos humanos. En un año electoral, fracaso de la Paz Total agrava el riesgo en las regiones.

Colombia enfrenta en 2026 un nuevo pico de violencia marcado por el aumento de masacres, según cifras de Indepaz, en un contexto en el que confluyen disputas territoriales, presencia de actores armados y tensiones preelectorales. El fenómeno, visible en regiones como Valle del Cauca, Antioquia y el Caribe, cuestionan la efectividad de la política de seguridad y la capacidad institucional para contener el deterioro.

El repunte rompe con la tendencia de relativa estabilización observada entre 2024. En apenas el primer cuatrimestre de 2026, el país ya registra 45 masacres, una cifra que enciende las alertas frente a lo que podría ser un retorno a los niveles críticos de 2020 y 2021.

Juana Valentina Cabezas, investigadora y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, explicó en CONtexto que “Colombia atraviesa un momento crítico en materia de seguridad y derechos humanos, marcado por el aumento de masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales en distintas regiones del país”.

Su lectura advierte sobre la persistencia de la violencia y transformaciones profundas en su comportamiento. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

Las cifras actuales no respaldan una narrativa de estabilización, sino que evidencian una reconfiguración del conflicto que tensionan las estrategias estatales, especialmente en un año atravesado por dinámicas electorales.

El análisis histórico permite dimensionar el fenómeno. Desde 2016, cuando se registraron 42 masacres, el país experimentó una escalada que alcanzó picos de 91 en 2020 y 96 en 2021. Aunque en los años siguientes se observó una leve reducción (94 casos en 2022 y 2023, y entre 75 y 78 en 2024 y 2025), el comportamiento de 2026 rompe toda tendencia.

El dato de 45 masacres antes de mitad de año no solo es alarmante, sino que proyecta un posible cierre cercano a los 90 casos. Esta evolución confirma que la violencia no ha desaparecido, sino que muta y se adapta a nuevas condiciones territoriales.

Territorio en disputa

Las regiones más afectadas reflejan una mezcla de dinámicas rurales y urbanas. Departamentos como Valle del Cauca, Antioquia y zonas del Caribe concentran buena parte de los casos, con ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla como escenarios recurrentes.

En estos territorios, las masacres responden principalmente a disputas entre bandas delincuenciales locales, muchas veces articuladas con estructuras armadas de mayor alcance. Este entramado complejiza la respuesta estatal y diluye la identificación de responsables. (Lea en CONtexto ganadero: Masacre en El Zulia confirma expansión del conflicto armado hacia zonas urbanas)

El caso reciente de Mocoa, en Putumayo, ilustra un patrón creciente: acciones violentas seguidas de amenazas y panfletos que anuncian control territorial o prácticas de limpieza social.

Líderes bajo amenaza

Aunque el número de líderes sociales asesinados en 2026 (46 hasta abril) es menor en comparación con el mismo periodo de 2025, la lectura no es necesariamente positiva. En 2025 se registraron 187 homicidios de líderes, consolidando una tendencia persistente.

Cabezas advirtió que no se puede hacer una lectura aislada, porque “esto es una fotografía, pero no es representativa del escenario total”. La preocupación radica en que, históricamente, los años electorales tienden a incrementar la violencia contra liderazgos sociales.

Además, el hecho de que las masacres estén superando en visibilidad a estos asesinatos en el análisis coyuntural indica un cambio en la intensidad y forma de la violencia.

Políticas de gobierno

El repunte de la violencia deja en entredicho la efectividad de la política de “Paz total”. Aunque esta estrategia busca negociar con distintos actores armados, los resultados en terreno muestran limitaciones.

Según Indepaz, las mesas de diálogo no han logrado frenar el control territorial ni las disputas entre grupos. A esto se suma una débil respuesta institucional frente a las alertas tempranas, que muchas veces no se traducen en acciones concretas.

Más que un repunte coyuntural, las cifras de 2026 reflejan una alerta estructural.