El abigeato en este municipio de La Guajira ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 50 reses robadas en el segundo semestre. Mientras los ganaderos denuncian abandono estatal y frustración, la administración local defiende sus esfuerzos, aunque reconoce limitaciones por falta de recursos nacionales y escasa coordinación con el gremio.

En el municipio de San Juan del Cesar, los productores enfrentan un enemigo llamado abigeato. El robo de ganado, o “carneo”, ha aumentado de forma sostenida en los últimos meses, y sólo en el segundo semestre del año se han documentado al menos 55 robos, según cifras compartidas por miembros del gremio ganadero. (Lea en CONtexto ganadero: Qué exigen los ganaderos para que autoridades hagan control en la venta de carne)

Si bien las cifras son preocupantes, el ambiente es aún más inquietante. La frustración ha llevado a algunos productores a ironizar con que, en ausencia de acciones efectivas, “hasta el Chapulín Colorado” podría ser su única esperanza de protección. Detrás de esta expresión hay desesperación genuina por pérdidas semanales, impunidad y una sensación de abandono por parte del Estado.

“En las noches, llegan a las fincas, se llevan lo que pueden cargar y dejan la osamenta tirada”, relató Juan David Lacouture, ganadero de la zona, quien junto a otros productores ha documentado estos casos desde julio. Los hurtos se han sofisticado, pues ya no se trata solo de animales al azar, sino de toretes selectos y novillas de vientre.

Pero Lacouture también advirtió que esta cifra solo representa “la punta del iceberg”. Muchos campesinos, dijo, no denuncian por miedo, desconfianza o simplemente porque “no sirve de nada”. Esta percepción ha calado hondo en las comunidades rurales, que observan cómo las denuncias se archivan sin consecuencias judiciales, mientras los responsables continúan operando con total libertad.

¿Qué dice el gobierno municipal?

La administración local, sin embargo, sostiene que sí ha intervenido. Elizabeth Mendoza, secretaria de Gobierno de San Juan, aseguró que tanto el Ejército como la Policía han realizado operativos y patrullajes en la zona rural.

“El ejército hace presencia en distintos puntos según inteligencia propia. Pero también reconocemos que esas medidas no han sido suficientes”, admitió.

Mendoza explicó que, aun cuando el Ejército ha asumido tareas de seguridad en zonas donde la Policía no tiene cobertura total, los recursos son limitados. En sus palabras, “estamos hablando de un municipio con una extensa zona rural, sin suficientes patrullas, gasolina o dotaciones. Nos ha tocado desde la alcaldía asumir incluso contratos para combustible del Ejército”.

Según la funcionaria, el municipio ha realizado inspecciones en expendios de carne, cierres temporales por irregularidades, y están explorando nuevas estrategias como la entrega de recompensas a quienes brinden información clave.

También hizo un llamado a los ganaderos para que colaboren con la entrega de información, “solicitamos una base de datos de trabajadores, porque muchas veces los delitos pueden originarse desde dentro de las fincas”.

Mendoza también vinculó el aumento del abigeato con la creciente presencia de actores ilegales en el territorio. “Este año hemos visto más grupos al margen de la ley disputándose el control de zonas, y eso trae consigo mayor delincuencia”, afirmó.

Además, señaló que parte del problema radica en la reducción del presupuesto nacional para la seguridad, ya que “la Nación ha disminuido recursos para las Fuerzas Armadas, y eso se nota en la falta de movilidad, motos dañadas, falta de botas y uniformes. Como municipio, no podemos asumir solos toda la carga”.

Hizo un llamado directo al Gobierno nacional para que aumente la inversión en seguridad en La Guajira.

¿Desconfianza y poca articulación?

Uno de los principales vacíos en la lucha contra el abigeato, según la funcionaria es la falta de coordinación efectiva entre los ganaderos y las fuerzas del orden. Mendoza insistió en que se han hecho esfuerzos por establecer canales de comunicación, aunque la información no fluye de forma oportuna desde el gremio hacia las autoridades.

Desde el lado de los ganaderos, sin embargo, la respuesta es otra. Según ellos, existe una falta de voluntad política para atender el problema de raíz.

“Lo que se necesita es prevención real, operativos en expendios ilegales y control de las rutas. Pero no vemos capturas, ni investigaciones que prosperen”, sostienen en conversaciones en grupo con autoridades locales, donde aseguran haber entregado reportes detallados.

En este punto, José Alberto Daza Mendoza, ganadero del municipio, aseguró que, “la inoperancia de las fuerzas públicas y la administración municipal puede generar desconfianza en la ciudadanía y afectar la seguridad y el desarrollo de la región. Es inaceptable que no se estén tomando medidas efectivas para controlar este problema”.

Daza ha sido uno de los voceros más insistentes en la necesidad de implementar controles diarios en los expendios de carne, verificar su legalidad, clausurar los irregulares y exigir la creación de un matadero adecuado en el municipio. “Esto es un foco de infección y un riesgo para la salud pública”, advirtió.

Urgencia de actuar

Mientras tanto, los robos continúan y con cada cabeza de ganado que desaparece, también se diluye un poco más la confianza en la institucionalidad. El impacto no es sólo económico; es también emocional y social. Familias enteras ven cómo su sustento es vulnerado sin respuesta efectiva.

En este clima de tensión, el llamado del gremio es que no buscan enfrentarse al Estado, sino trabajar junto a él. “Queremos ver a nuestras autoridades triunfando frente al delito, no quedándonos solos”, repitieron con insistencia.

Para Daza Mendoza, la salida es una cooperación real entre autoridades y comunidad, asignación de recursos adicionales para la fuerza pública y campañas de sensibilización sobre el impacto del abigeato.

“Necesitamos acción urgente. No podemos permitir que la seguridad rural colapse”, concluyó. (Lea en CONtexto ganadero: En San Juan del Cesar sufren con el abigeato y el sacrificio clandestino)

Este medio intentó obtener una respuesta oficial por parte del alcalde municipal, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible establecer comunicación ni se recibió pronunciamiento alguno.