Un informe de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) con más de 70.000 registros reveló el alcance del fenómeno que afecta a productores y empresas rurales en dos departamentos clave. Las cifras muestran concentración territorial y abren interrogantes sobre el subregistro en zonas donde casi no existen denuncias formales.

La seguridad del campo volvió a encender las alarmas al cierre de 2025, pues una encuesta aplicada a más de 59.000 personas del sector ganadero en Antioquia y Chocó identificó 2.800 hechos de extorsión reportados o informados, convirtiendo este delito en el de mayor impacto en la región.

Solo en Antioquia se registraron 2.530 incidentes de seguridad, con municipios como Remedios y Segovia encabezando la lista. El estudio, liderado Fedegán–FNG, advierte que la problemática no solo persiste, sino que se concentra y, en algunos territorios, ni siquiera llega a instancias formales.

Según el general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, “empezamos con la región número 1, hablamos del 2025 como se cerró. Esto hace parte de la encuesta donde se procesaron 70.297 datos”. (Lea en CONtexto ganadero: Fedegán ofrece claves que usted puede aplicar para enfrentar la inseguridad en el campo)

El ejercicio incluyó 50.026 hombres, 11.489 mujeres y 1.297 empresas en Antioquia, así como 1.174 hombres, 374 mujeres y 12 empresas en Chocó. En total, fueron 59.102 productores y actores del sector encuestados directamente.

Más allá del volumen de información, el hallazgo principal es contundente: 2.800 casos de cobros ilegales reportados por los propios ganaderos, muchos de ellos no formalizados ante las autoridades.

“Hablamos de 2.800 hechos que son denunciados o, mejor dicho, informados”, precisó Murillo, marcando una diferencia clave entre el registro comunitario y la denuncia judicial.

El estudio también identificó otros delitos como el hurto de ganado, pero el peso del cobro forzado sobresale por su recurrencia y por el impacto económico que genera en las finanzas de pequeños y medianos productores.

Mayor impacto

La concentración territorial es otro de los datos reveladores, ya que cinco municipios de Antioquia acumulan la mayor parte de los reportes: Remedios con 509 casos, Segovia con 400, Vegachí con 356, Yalí con 251 y Yolombó con 110. Estas cifras reflejan un fenómeno focalizado que afecta corredores productivos estratégicos para la economía ganadera.

En total, el departamento registró 2.530 incidentes de seguridad vinculados al sector, consolidándose como el epicentro de la problemática en la región analizada.

Para los productores, el costo no solo se mide en dinero, pues cada pago forzado reduce la capacidad de inversión, limita la contratación de personal y afecta la productividad.

En contraste, Chocó reportó apenas seis casos distribuidos en tres municipios: Carmen de Atrato (3), Riosucio (2) y Acandí (1). Sin embargo, Murillo advirtió que en ese departamento se identificaron seis veredas afectadas donde no existen denuncias formales.

“Allá no hay denuncias”, señaló, subrayando que la ausencia de registros oficiales no necesariamente equivale a ausencia de hechos. La brecha entre lo que ocurre y lo que se reporta abre un debate sobre la confianza institucional, el acceso a la justicia y el temor a represalias.

La encuesta, al basarse en información directa del sector ganadero, ofrece una mirada complementaria a las estadísticas oficiales y plantea preguntas sobre el subregistro en territorios con menor presencia estatal. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos desplazados y carne clandestina. Así va la crisis de la inseguridad)