Dirigentes y productores del sector advierten que las ocupaciones de predios estarían siguiendo un comportamiento repetitivo y coordinado en varias regiones del país. Señalan que la reacción tardía de autoridades locales podría agravar el panorama y llaman a fortalecer la articulación gremial.

La preocupación crece en el campo colombiano. En departamentos como Magdalena, Cesar, Sucre y Casanare se han reportado nuevas ocupaciones de predios rurales en las últimas semanas, justo cuando el país entra en un escenario preelectoral.

El general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz de la Federación Colombiana de Ganaderos, advirtió que el fenómeno muestra un patrón repetitivo.

“Todas tienen un patrón que es cíclico. En los diferentes casos que hemos recibido, los invasores afirman que la Agencia Nacional de Tierras les va a entregar esas fincas. Sin embargo, nos preocupa que no se trata de situaciones aisladas sino que se ve planeado, como dirigido por alguien, y va a seguir aumentando”, afirmó.

Entre los casos recientes se encuentran ocupaciones en Tolú, Toluviejo (Sucre), Pijiño del Carmen (Magdalena) y Villanueva (Casanare). En este último municipio, el propietario habría optado por la reserva debido a la complejidad jurídica del predio. (Lea en CONtexto ganadero: Frentes Solidarios: la red que blinda a ganaderos frente a invasiones y delitos en el campo)

En Pijiño del Carmen, la situación ha sido especialmente tensa. Allí, el dueño del predio denunció lentitud institucional para ejecutar el desalojo. Según Murillo, “en unos lados, las autoridades funcionan, en otros no funcionan. Tiene que haber presión para que cumplan con su deber”. El oficial retirado recordó que la competencia recae en los alcaldes: “Esto es de autoridades locales, el alcalde tiene la solución en la mano y muchas veces por desconocimiento u otros factores no puede o no quiere actuar”.

A ello se suma el malestar frente a la actuación de la Agencia Nacional de Tierras en predios que estarían en alguna etapa de negociación. Propietarios denuncian abandono y desinterés, incluso condicionando la continuidad de procesos a que el desalojo se realice bajo la responsabilidad exclusiva del afectado.

El Código Penal colombiano, en su artículo 263, establece que quien invada terreno o edificación ajena con el propósito de obtener provecho ilícito puede enfrentar penas de prisión entre 48 y 90 meses y multas de hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la invasión ocurre en predios rurales con explotación agrícola o pecuaria, la pena aumenta a un rango de 54 a 120 meses de prisión.

La norma también contempla sanciones más severas si la ocupación se produce con violencia, superando medidas de seguridad o afectando bienes del Estado. No obstante, prevé mecanismos de terminación anticipada del proceso penal o principio de oportunidad si los invasores cesan la ocupación, desalojan el predio e indemnizan los perjuicios causados antes de etapas procesales clave.

Murillo anunció una convocatoria nacional virtual para fortalecer el “ABC” jurídico y operativo que deben seguir los productores ante estos hechos. “No podemos bajar la guardia. Si no hacemos nada, esto va a coger más fuerza”, concluyó.

Fedegán invita a los productores de los distintos departamentos a conectarse a una reunión este lunes 23 de febrero a las 4 p. m., convocada por el presidente ejecutivo José Félix Lafaurie Rivera, para que compartan sus casos y conozcan las acciones que se pueden adelantar ante un caso de ocupación ilegal.

🚨 ¡ALERTA EN EL CESAR: INVASIÓN Y PROSELITISMO POLÍTICO!

Denunciamos una nueva invasión a un predio ganadero en el departamento del Cesar. Lo más grave: los invasores no solo ocupan ilegalmente la tierra, sino que exhiben pendones alegando apoyo institucional de una alcaldía y… pic.twitter.com/xcAIOFPXxP

— FEDEGAN (@Fedegan) February 18, 2026