Ataques con drones, desplazamientos masivos y una creciente inseguridad en Cúcuta revelan que el conflicto dejó de ser un problema exclusivamente rural. Las autoridades advierten que el nuevo Gobierno deberá combinar acciones militares, inversión social y cooperación fronteriza para evitar que la crisis siga expandiéndose.

Los recientes ataques con drones contra viviendas campesinas, el carro bomba frente al comando de la Policía en Cúcuta y los atentados contra la Fuerza Pública evidencian una nueva escalada de la violencia en Norte de Santander.

La ofensiva ocurre cuando el país se prepara para un cambio de Gobierno y la región enfrenta una de sus etapas más complejas en materia de seguridad. (Lea en CONtexto ganadero: Catatumbo: 200 asesinatos y 30.000 confinados en año y medio)

Lo que ocurre hoy ya no puede analizarse únicamente desde el Catatumbo. La violencia se extendió hacia las ciudades, impacta la movilidad, el comercio, la actividad agropecuaria y mantiene una presión constante sobre los municipios que reciben población desplazada.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero Medina, sostuvo en CONtexto ganadero que el departamento enfrenta tres crisis simultáneas: la confrontación armada en el Catatumbo, la ofensiva del ELN contra la Fuerza Pública y el crecimiento de la criminalidad en Cúcuta y su área metropolitana.

Las últimas dos semanas reflejan la intensidad de la ofensiva armada. Además del ataque con drones en El Tarra, se registraron atentados contra mandos policiales y un carro bomba que dejó once personas lesionadas, entre policías y civiles.

“Han sido dos semanas de una arremetida bastante grande por los grupos al margen de la ley”, afirmó Quintero, al explicar que las autoridades evaluaban nuevas medidas de seguridad en un consejo extraordinario.

“El segundo escenario ha sido la oleada compleja que ha hecho directamente el ELN. Y el tercero es un escenario metropolitano donde tenemos complicaciones por la lucha entre bandas organizadas”, explicó.

Impacto regional

La expansión de la violencia también cambió el mapa de la inseguridad. Según la Gobernación, el 72% de la actividad delictiva del departamento se concentra en los cinco municipios del área metropolitana y, de ese porcentaje, el 68% corresponde únicamente a Cúcuta.

Este comportamiento obliga a responder con políticas diferenciadas, pues mientras el Catatumbo enfrenta confrontaciones entre grupos armados, la capital debe lidiar con extorsiones, hurtos y disputas criminales asociadas a la dinámica fronteriza.

La violencia también mantiene una presión creciente sobre los municipios receptores de población desplazada. Ocaña, Tibú y Cúcuta concentran la atención de miles de personas que abandonan sus hogares para proteger sus vidas.

El secretario aseguró que Norte de Santander continúa entre los departamentos con mayor número de personas desplazadas por el conflicto y señaló que actualmente se registran cerca de 155.000 afectados, especialmente provenientes de Tibú y los municipios del Catatumbo.

Lo que viene

Para el secretario de Seguridad, recuperar el control territorial exige mucho más que incrementar la presencia militar. Considera indispensable acompañar las operaciones con inversión en vivienda, vías, educación y oportunidades económicas para las comunidades rurales.

“Hay que agregarle un componente social para resolver problemáticas como vivienda, desarrollo, vías y colegios”, afirmó. (Lea en CONtexto ganadero: La guerra lo cambió todo: Norte de Santander no ve viable dialogar con el ELN)

Quintero identificó los cultivos ilícitos como uno de los principales motores de la violencia y expuso que el nuevo Gobierno deberá definir una estrategia que combine sustitución o erradicación con alternativas económicas para las familias.

“Acabando los cultivos ilícitos o sustituyéndolos podemos tener un ambiente diferente. Lo otro es normalizar de forma real las relaciones con Venezuela para luchar contra los delitos transnacionales”, concluyó.