En 15 meses, la región acumula homicidios, desplazamientos masivos, confinamientos y reclutamiento de menores en medio de combates, bombardeos y ataques con drones. La dimensión de la emergencia expone el miedo cotidiano de las comunidades y contrasta la distancia entre el discurso oficial y la realidad del territorio. Comisionado de paz de Norte de Santander, Luis Niño, advierte que no hay señal de alivio.

La región del Catatumbo atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de orden público. En los últimos 15 meses, la confrontación armada ha dejado 200 personas asesinadas, 101.000 desplazadas y 30.000 confinadas, de acuerdo con las cifras expuestas por el comisionado de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, quien advirtió a CONtexto que la violencia no muestra señales de alivio y que la población civil sigue atrapada entre operaciones militares, acciones del ELN y la disputa con otras estructuras armadas. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

Las cifras no solo describen una crisis: revelan su acelerado crecimiento. En apenas cinco horas fueron asesinadas seis personas el pasado domingo 19 de abril, mientras que en un fin de semana unas 500 más tuvieron que abandonar sus casas, según reportes entregados por las alcaldías.

No menos importante que lo anteriormente esbozado que los seis casos de menores de edad secuestrados, retenidos o reclutados en una sola semana, un indicador que agrava la dimensión humanitaria del conflicto.

Es preocupante que en el Catatumbo la guerra sigue activa, se ha sofisticado y golpea de manera directa a las familias. Para Niño, la política de ‘Paz total’ del Gobierno Petro enfrenta una de sus mayores pruebas, porque la realidad del territorio muestra que, pese a los esfuerzos institucionales y a los intentos de diálogo, la confrontación se mantiene y en varios momentos se ha recrudecido.

Lo más grave, según su lectura, es que el costo no lo están asumiendo los actores armados, sino la población civil. Mujeres, niños, campesinos, adultos mayores y comunidades enteras viven entre el miedo, los desplazamientos forzados, el encierro y el riesgo permanente de quedar en medio de ataques indiscriminados.

Territorio bajo asedio

El comisionado describió una región con ataques recurrentes en corredores rurales donde convergen distintos actores armados. Las acciones ofensivas se mantienen y presentan una frecuencia que impide estabilizar el territorio.

La muerte de alias ‘Yair’, señalado como pieza clave en el fortalecimiento tecnológico del ELN, evidencia el nivel de organización de estos grupos. Sin embargo, Niño advirtió que este tipo de golpes no desarticula la estructura, ya que existen capacidades instaladas que permiten su continuidad con jefes emergentes que heredan el poder.

Tecnología de guerra

El uso de drones con explosivos introduce un elemento adicional de riesgo. Según Niño, estos dispositivos operan sin criterios de distinción y terminan afectando directamente a la población civil. (Lea en CONtexto ganadero: “La gente no duerme porque le puede caer una granada de un dron”: secretario de Seguridad en Norte de Santander)

La inestabilidad en la señal, por las condiciones de la región, provoca que muchos de estos artefactos caigan de manera impredecible, impactando viviendas o zonas habitadas. Hay que mencionar el uso de tecnologías más avanzadas, como sistemas de detección térmica, incrementan la capacidad ofensiva de los grupos armados.

Este tipo de confrontación configura un escenario de conflicto híbrido, donde las reglas tradicionales del combate se diluyen y aumentan los niveles de vulnerabilidad para quienes habitan el territorio.

Tensión en la región

Para el comisionado, la situación actual también refleja una tensión estructural. Mientras el Estado mantiene operaciones militares para recuperar control territorial, los procesos de diálogo enfrentan interrupciones y dificultades.

Niño reconoció que hubo periodos de reducción de la violencia, pero sostiene que el actual recrudecimiento demuestra que no existe una contención efectiva. En su análisis, la continuidad del conflicto depende, en gran medida, de las decisiones de los actores armados.

La falta de capacidad institucional en algunas zonas limita la documentación de los hechos, lo que genera subregistro y dificulta establecer responsabilidades. Esto, además de afectar la justicia, impide dimensionar completamente la crisis.

El diagnóstico final es de incertidumbre. Sin señales claras de desescalamiento, las comunidades continúan expuestas a hechos violentos que se repiten con alta frecuencia. La región, según las cifras y los testimonios, permanece en un estado de conflicto activo en el que la población civil sigue siendo la principal afectada.