Una nueva incursión armada en zona rural de ese municipio reavivó la preocupación del sector azucarero que sostiene miles de empleos. Según cifras del gremio, en 2025 se registraron seis asesinatos de trabajadores, diez heridos y más de 1.040 eventos de inseguridad.

Un nuevo hecho violento sacudió al norte del Cauca en la mañana del 29 de abril luego de que un vehículo de seguridad que prestaba servicios a un ingenio azucarero fuera atacado en zona rural de Corinto.

El hecho dejó un trabajador muerto, otro herido y tres más secuestrados temporalmente. El caso, que se suma a una serie de atentados recientes, vuelve a poner en evidencia la creciente inseguridad que enfrentan quienes trabajan en la agroindustria de la caña y que hoy impacta directamente a las comunidades rurales.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, advirtió que se trata de una escalada sistemática que compromete la estabilidad social y económica del suroccidente colombiano.

La dirigente insistió en la necesidad urgente de una respuesta integral del Estado. (Lea en CONtexto ganadero: Inseguridad afecta a 22.000 camioneros al día: violencia en carreteras lastima la economía rural)

Y es que la violencia en el norte del Cauca ha dejado de ser un problema de orden público puntual para convertirse en una crisis estructural que amenaza la sostenibilidad del aparato productivo, afecta la vida cotidiana de miles de familias y tiene en jaque uno de los sectores más representativos del agro colombiano.

Más aún, la reiteración de ataques, incluyendo la quema de maquinaria agrícola y atentados contra transporte de caña, demuestra que existe un patrón de criminalidad que golpea a las empresas y que impacta directamente a trabajadores y comunidades que dependen de esta actividad.

Detrás de las cifras hay historias humanas. Juan Carlos Ceballos, de 47 años, padre de cuatro hijos, es la más reciente víctima mortal de esta ola de violencia. Su muerte no solo enluta a una familia, sino que refleja el drama silencioso que viven cientos de trabajadores que hoy salen a laborar con miedo.

Según cifras del gremio, en 2025 se registraron seis asesinatos de trabajadores, diez heridos y más de 1.040 eventos de inseguridad, entre ellos, extorsiones, secuestros y ataques a infraestructura. Estos números evidencian la magnitud del problema y su carácter persistente.

El impacto trasciende lo laboral debido a que en el norte del Cauca la agroindustria de la caña es comunidad. Cerca de 286.000 personas dependen directa o indirectamente de esta actividad, y seis de cada diez familias tienen algún vínculo con el sector.

Zozobra y tensión

La inseguridad ha transformado la cotidianidad en la región. “La gente tiene miedo, la gente tiene zozobra”, expuso Claudia Calero. Hoy, desplazarse al trabajo se ha convertido en una decisión cargada de incertidumbre en una región en la que, según el gremio, no existen condiciones mínimas para vivir, movilizarse y trabajar.

Este ambiente afecta la productividad, incrementa los costos operativos y desincentiva la inversión. Pero, más allá de lo económico, vulnera derechos fundamentales y erosiona la confianza en las instituciones.

La preocupación también radica en la posible normalización de la violencia. Para el sector, aceptar estos hechos como parte del paisaje cotidiano sería un error con consecuencias profundas para la estabilidad del país. (Lea en CONtexto ganadero: Terror y estrategia: lo que buscan los recientes atentados en Colombia)

Mensaje al Estado

Desde Asocaña, le piden al Gobierno Nacional una intervención integral y coordinada. No basta con aumentar el pie de fuerza. El gremio insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia, garantizar la presencia de la Fiscalía, jueces especializados y asegurar que no haya impunidad.

“Que ningún criminal piense dos veces en volver a actuar de esa manera”, ha reiterado Calero, subrayando la urgencia de acciones que devuelvan la seguridad al territorio.

El sector, con más de 160 años de presencia en la región, aseguró que mantendrá su apuesta por el Cauca. Sin embargo, advirtió que la continuidad de sus operaciones depende de condiciones mínimas de seguridad física y jurídica.