Daños masivos en predios productivos de Aldana y Guachucal afectan a trabajadores, transporte y procesamiento de leche. El impacto trasciende las fincas y abre interrogantes sobre seguridad, control territorial y consecuencias económicas en cadena.

El sábado 11 de abril de 2026, en zonas rurales de los municipios de Aldana y Guachucal, en Nariño, varios predios dedicados a la producción lechera resultaron afectados por incursiones que dejaron destrucción de infraestructura, equipos de ordeño y viviendas.

De acuerdo con testimonios de productores y pronunciamientos del general (r) Fernando Murillo, los hechos se concentraron en fincas como Santa Ana, El Hospital y La Merced y dejaron pérdidas que, en algunos casos, superan los 200 millones de pesos por propiedad y podrían alcanzar hasta 700 millones en total.

Según versiones recogidas en terreno, los grupos que habrían participado en estos hechos estarían conformados, en parte, por integrantes de comunidades indígenas de la zona, algunos de ellos encapuchados, lo que ha dificultado su identificación. No obstante, esta información hace parte de los señalamientos de las fuentes consultadas.

Más allá de los daños visibles en maquinaria e instalaciones, el impacto golpea una de las actividades clave de la economía regional: la producción lechera.

Equipos de ordeño destruidos, ganado disperso y rutinas productivas interrumpidas implican una caída inmediata en el suministro de líquido. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

“Esto no solamente afecta a las fincas, se extiende a toda la economía de la región”, Pedro Galeano*, uno de los ganaderos afectados a CONtexto ganadero, pero pidió mantener su identidad en reserva. Según su relato, bastante ecalofriante, la interrupción del ordeño pone en riesgo la salud de los animales, por enfermedades como la mastitis, y frena la entrega de materia prima a empresas procesadoras.

El efecto dominó alcanza a transportadores, veterinarios, trabajadores rurales y plantas de procesamiento, que dependen de un flujo constante de producción.

El testimonio del productor describió una escena de alta tensión. “Alrededor de unas 500 o 1000 personas se reunieron en una finca y de ahí empezaron a desplazarse por varios terrenos, dañando todo a su paso”, afirmó.

Según su versión, los daños incluyeron tuberías, motobombas, maquinaria y viviendas ocupadas por familias. “Atacaron las casas con gente adentro, con niños y mujeres: los dejaron sin vivienda”, relató.

El productor insistió en que no se trató de una ocupación prolongada, sino de recorridos destructivos porque “ellos hicieron una caminata por los predios destruyendo todo, eso no es invasión, eso es terrorismo”, sostuvo.

También advirtió sobre la dificultad para identificar responsables. En sus palabras, “la mayoría estaba encapuchado. Ahí debe haber de todo, incluso gente foránea. Eso habrá que investigarlo”, agregó el afectado.

En medio del contexto en el que ocurrieron los hechos, algunos productores han señalado que un día antes de los hechos estuvo en la zona el candidato presidencial Iván Cepeda, como parte de actividades políticas en el departamento. Sin embargo, cualquier posible relación entre esta visita y lo ocurrido posteriormente no ha sido establecida y forma parte de las preguntas que deberán esclarecer las investigaciones.

Visión de seguridad

El general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, confirmó que se registraron hechos similares en más de un municipio del departamento y que varios predios resultaron afectados de manera simultánea.

Desde su perspectiva, la situación exige medidas urgentes para proteger la actividad ganadera y evitar que estos episodios se repitan. La reiteración de eventos en distintas fincas sugiere, según indicó, una acción coordinada que afecta directamente la estabilidad del sector. (Lea en CONtexto ganadero: Crimen de mujer tras consejo de seguridad se suma a la ola de violencia que sacude a Sabanagrande)

Impacto social

Uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con la situación de las familias que habitan las fincas. Muchas de ellas dependen directamente de la actividad lechera no solo como empleo, sino como vivienda.

“Imagínese la angustia de una familia cuando se vienen cientos de personas encima de su casa a destruírsela”, apuntó el ganadero.

La pérdida de vivienda y empleo simultáneamente agrava la vulnerabilidad en zonas donde las oportunidades laborales son limitadas.

En medio de los hechos, surge un interrogante que empieza a circular en la región: ¿existe alguna relación entre lo ocurrido y el contexto electoral?, dado que figuras políticas visitaron el departamento en días previos. Por ahora, se trata de una hipótesis que deberá ser esclarecida por las autoridades.

También se plantea la responsabilidad de las autoridades locales y estructuras organizativas presentes en el territorio frente a la identificación de los participantes en estos hechos.

El productor concluyó con una advertencia que refleja la preocupación del sector: “Esto empieza en una finca, pero puede llegar a cualquier parte… a las ciudades incluso”, remató

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