Los reportes oficiales cayeron en ese departamento durante el primer semestre de 2026, pero las autoridades reciben más información sobre hechos que no llegan a la justicia. La desconfianza, el temor y el desconocimiento pueden dejar a los delincuentes fuera de las estadísticas y sin posibilidad de captura.

Durante el primer semestre de 2026 bajó el registro de denuncias por hechos de inseguridad rural en Tolima. Sin embargo, el Gaula Militar asegura que sigue recibiendo información sobre extorsiones y otras conductas que afectan a ganaderos, cafeteros y productores agropecuarios. (Lea en CONtexto ganadero: El ganadero calla y el ladrón gana: por qué el robo de ganado va en aumento pese a los controles)

La contradicción abre una pregunta difícil de resolver: ¿hay menos delitos en las fincas o las víctimas están guardando silencio? Sin denuncias suficientes, las cifras oficiales no permiten establecer con certeza cuál de las dos situaciones explica la disminución.

Esa brecha entre los registros institucionales y lo que ocurre en el territorio puede convertir la inseguridad real en una estadística engañosa. También reduce la capacidad del Estado para investigar, judicializar y detener a quienes amenazan el patrimonio y la actividad productiva rural.

El mayor Marcelo Efraín Romero Sánchez, comandante del Gaula Militar Tolima, reconoció en CONtexto Ganadero que el balance puede interpretarse de dos maneras: "una menor denuncia puede significar menos delitos, pero también que las personas se están absteniendo de denunciar por diferentes factores", señaló Romero Sánchez.

Miedo y silencio

El temor a represalias es una de las principales razones por las que los productores deciden no acudir ante las autoridades. En zonas apartadas, una amenaza puede afectar no solo al propietario, sino también a su familia, trabajadores y actividad económica.

En municipios del norte del Tolima, como Honda, Fresno, Herveo, Lérida y Líbano, delincuentes comunes estarían utilizando nombres de organizaciones armadas para aumentar la presión sobre sus víctimas.

Ese recurso criminal multiplica el miedo porque la víctima cree estar enfrentando una organización con mayor capacidad de retaliación. La intimidación puede llevarla a pagar, abandonar actividades o guardar silencio sin verificar quién está detrás de la amenaza.

Una denuncia no garantiza por sí sola una captura, pero activa mecanismos que permiten documentar el caso, recaudar pruebas y establecer conexiones con otros hechos. Cuando la víctima calla, esa ruta judicial pierde su punto de partida.

"Sin denuncia, realmente, no tenemos registro de los delitos y nos quedamos sin elementos suficientes para que se estructure el acto judicial que nos permita dar con la captura", explicó el comandante Romero Sánchez.

La ausencia de información formal también impide identificar patrones. Una llamada extorsiva que parece simple puede estar relacionada con otros casos, una red carcelaria o delincuentes que repiten la misma modalidad en varios municipios.

Además, el silencio dificulta las acciones rápidas. Una alerta oportuna puede permitir seguimientos, operaciones militares, actividades policiales o capturas en flagrancia mientras el responsable ejecuta el delito.

Confianza en juego

Para el sector agropecuario, la impunidad tiene un costo económico. La extorsión, el abigeato y las amenazas alteran las inversiones, incrementan los gastos de vigilancia y pueden llevar a reducir personal, producción o presencia en determinadas zonas.

Otro obstáculo es el temor a que la información sea filtrada. Algunos afectados evitan denunciar en su propio municipio porque creen que pueden ser observados o identificados por la organización que los intimida.

El mayor Romero Sánchez aseguró que el Gaula maneja los datos bajo reserva y puede desplazarse hasta el lugar solicitado para recibir la información. Esta alternativa busca evitar que la víctima se exponga innecesariamente durante el proceso.

La unidad también dispone de la línea nacional gratuita 147, desde la cual ofrece orientación inicial. Dependiendo del caso, el procedimiento puede continuar mediante canales presenciales o virtuales y con acompañamiento de la Fiscalía y del CTI.

El desafío, sin embargo, no consiste únicamente en divulgar una línea telefónica. Las instituciones deben demostrar resultados, proteger la identidad de quienes colaboran y responder con rapidez para recuperar la confianza perdida.

La caída de los registros durante 2026 no permite concluir que el campo sea más seguro. Mientras persista la distancia entre lo vivido en las fincas y lo reportado oficialmente, cualquier mejoría estadística deberá leerse con cautela.

Para las autoridades y los productores, la responsabilidad es compartida: el ciudadano aporta información y el Estado debe actuar. Cuando una víctima permanece en silencio, el delito no desaparece; simplemente deja de existir para la investigación. (Lea en CONtexto ganadero**: El abigeato le ha costado $560.000 millones a los ganaderos colombianos**)