En medio del paro armado del ELN y la presencia de múltiples grupos criminales, la inseguridad rural se recrudece, dejando a los ganaderos en una situación crítica. Entre el 9 y el 17 de diciembre, seis hechos violentos impactaron directamente al gremio sin respuesta efectiva del Estado, revelando la profunda vulnerabilidad del campo colombiano ante el crimen organizado y la violencia territorial.
Desde el pasado 9 de diciembre, el campo colombiano vive una de sus semanas más violentas del año.
Según el general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, se reportaron 21 hechos violentos a nivel nacional, de los cuales seis afectaron directamente al sector ganadero. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos desplazados y carne clandestina. Así va la crisis de la inseguridad)
El 13 de diciembre, que comenzó el paro armado de 72 horas convocado por el ELN, han aumentado los niveles de hostigamiento, terrorismo rural y miedo en varias regiones productivas del país.
El panorama ha sido alarmante con vehículos atacados, cilindros bomba abandonados, explosivos en vías y acciones coordinadas por grupos armados ilegales en departamentos estratégicos como Cesar, Norte de Santander, Magdalena medio y Nariño.
La mayoría de los hechos se concentraron en zonas donde el ELN mantiene influencia, mientras que otras estructuras armadas, como disidencias de las FARC y bandas criminales, también participaron en actividades violentas.
Ganaderos, víctimas de la inseguridad
De los seis casos registrados contra ganaderos que se presentaron del 9 – 13 de diciembre, cinco no fueron denunciados. El miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades y la falta de respuestas reales explican este silencio.
El único caso que sí fue formalmente reportado encontró respuesta únicamente por parte de la Policía Nacional, la fuerza pública que, según Murillo, “siempre es la que responde al llamado de los ganaderos”.
Los departamentos afectados fueron Valle del Cauca y Santander con un caso cada uno, mientras que Meta y Bolívar registraron dos hechos por departamento.
Los delitos variaron entre carneo, extorsión, abigeato, invasión de tierras, maltrato animal y alteraciones del orden público, reflejando la diversidad de amenazas que enfrenta el gremio en su día a día.
El impacto económico no es menor: 67 reses fueron vinculadas directamente a estos hechos de inseguridad, además de un predio afectado. Esto demuestra que no solo hay pérdidas económicas inmediatas, sino que se está presentando el debilitamiento del tejido productivo rural y la confianza en las instituciones.
Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 10 de diciembre en la vereda Santa Helena, municipio de Puerto Gaitán, Meta.
Indígenas del resguardo Piriri Vencedor atacaron una finca y mataron una vaca con una lanza, un acto que fue catalogado por los Frentes Solidarios como maltrato animal. También se reportó un incendio en las instalaciones de otra finca, presuntamente provocado por el mismo grupo.
Ante esta situación, Murillo ha dialogado con el director de Carabineros y el comandante departamental para buscar la judicialización de los responsables y el apoyo a las víctimas. La comunidad indígena implicada ya ha sido identificada.
A esto se suma lo ocurrido en Santa Rosa del Sur de Bolívar, donde los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y los llamados Autodefensas Gaitanistas impidieron el acceso del ciclo de vacunación ganadera, afectando la cobertura sanitaria del hato.
Durante esta semana, los Frentes Solidarios recibieron cuatro reportes de extorsión a vacunadores mediante panfletos supuestamente firmados por el ELN. Sin embargo, tras un análisis del estilo del mensaje y los números telefónicos utilizados, se concluyó que se trataba de extorsiones carcelarias encubiertas bajo el nombre de la guerrilla, lo cual complica aún más la trazabilidad y el combate de este delito.
Amenaza sin limite
La captura de alias ‘El Abuelo’, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia, trajo un pequeño respiro, pero no compensa el clima general de inseguridad.
Este líder venía extorsionando y secuestrando especialmente a productores ganaderos, generando temor en varias zonas rurales del país.
Según Murillo, el escenario actual evidencia una preocupante tendencia donde los grupos ilegales avanzan en su control territorial mientras la institucionalidad responde de forma tardía o insuficiente.
La violencia no da tregua y los ganaderos siguen resistiendo, muchas veces solos, en medio del fuego cruzado. (Lea en CONtexto ganadero: 41 hechos delictivos revelan una crisis que avanza sin denuncias en el sector ganadero)
El llamado urgente es a tomar medidas estructurales, pues el campo no puede seguir siendo la retaguardia del crimen organizado. La seguridad rural debe ser una prioridad nacional si se quiere preservar la productividad, la paz y la dignidad de quienes trabajan la tierra.
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