Los registros institucionales muestran un repunte de los hechos denunciados desde 2023, mientras las encuestas realizadas por Fedegán durante la vacunación arrojan resultados distintos. Esa brecha dificulta dimensionar el delito, asignar recursos y diseñar respuestas para proteger la actividad pecuaria.

Entre 2022 y lo corrido de 2026, la extorsión y el secuestro aumentaron en el Valle del Cauca, mientras el abigeato y el hurto a fincas disminuyeron según los registros oficiales. El comportamiento, sin embargo, no permite concluir que el campo sea hoy más seguro. (Lea en CONtexto ganadero: El ganadero calla y el ladrón gana: por qué el robo de ganado va en aumento pese a los controles)

La comparación con la información recopilada por Fedegán–Fondo Nacional del Ganado durante los ciclos de vacunación revela diferencias entre ambas fuentes. En el departamento, las encuestas gremiales registran menos casos que las denuncias conocidas por las autoridades, un resultado contrario al observado habitualmente en otras regiones.

Ninguna de las dos mediciones ofrece, por sí sola, una radiografía completa. Mientras las autoridades contabilizan hechos formalmente denunciados, Fedegán recopila información directamente en las fincas. Esa diferencia metodológica puede influir en la forma como se interpreta el comportamiento de la criminalidad y, en consecuencia, en las decisiones de política pública.

De acuerdo con las cifras expuestas por el general (r) Fernando Murillo, experto en seguridad, exdirector del Gaula de la Policía y líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, en 2022 se denunciaron 216 hechos contra el sector ganadero. El total bajó a 167 en 2023, pero volvió a subir a 208 en 2024 y a 237 en 2025.

Dentro de ese balance, la extorsión alcanzó 116 denuncias en 2025, mientras el secuestro mostró una tendencia creciente; el abigeato y el hurto a fincas presentaron reducciones. Murillo advirtió que "desafortunadamente acá hay un subregistro", una condición que, según explicó, obliga a interpretar con cautela las estadísticas.

Los delitos rurales también tienen efectos económicos distintos. El robo de animales descapitaliza al productor, el carneo destruye inventario y la extorsión introduce pagos ilegales permanentes que elevan los costos de operación y restringen nuevas inversiones.

Mediciones diferentes

La base de Fedegán se construye mediante información recogida finca por finca durante la vacunación. Su valor radica en llegar a productores que no necesariamente acuden a una estación de Policía o a una sede de la Fiscalía después de sufrir un delito.

En el Valle del Cauca, esa consulta reportó cifras inferiores a las oficiales. Murillo atribuyó parte de esa diferencia al temor de los productores a hablar sobre hechos que pueden comprometer su seguridad. "Hay una respuesta a eso: es el temor referenciado que hay en el ganadero a denunciar", sostuvo en CONtexto ganadero.

Según el análisis del general Murillo, ese ambiente está relacionado con la presencia de disidencias de las FARC, ELN, estructuras ligadas al narcotráfico y otras organizaciones criminales que operan en corredores estratégicos del departamento.

Las zonas mencionadas como más sensibles incluyen Jamundí y los límites con Cauca, Buenaventura, el centro del departamento alrededor de Tuluá, el norte del Valle y sectores de la cordillera Central próximos a Tolima.

Murillo añadió que algunas organizaciones estarían ocultando cobros extorsivos bajo supuestas contribuciones para obras comunitarias, cuando en realidad esos recursos terminarían financiando economías ilegales.

El reto político

El próximo gobierno recibirá una tarea que comienza por mejorar la calidad de los datos. Integrar denuncias, encuestas gremiales y reportes territoriales permitiría diferenciar tendencias reales de silencios estadísticos y focalizar mejor la respuesta institucional. (Lea en CONtexto ganadero: El abigeato le ha costado $560.000 millones a los ganaderos colombianos)

También será necesario facilitar canales seguros de denuncia, proteger al informante y coordinar a Policía, Fiscalía, autoridades locales y organizaciones productivas. Sin confianza, el ganadero seguirá asumiendo pérdidas mientras el Estado decide con información incompleta.

La eventual posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en Cali, prevista para el 7 de agosto, incorpora la seguridad del suroccidente al centro del debate nacional. Para Murillo, ese escenario enviaría una señal de respaldo a una región afectada por extorsión, narcotráfico, terrorismo y presencia de grupos armados, con la expectativa de que las estrategias de seguridad también lleguen a las zonas rurales.

La radiografía del Valle del Cauca no muestra una evolución uniforme: algunos delitos bajaron en los registros y otros aumentaron con fuerza. Lo que sí evidencia es que la brecha entre mediciones se ha convertido en parte del problema de seguridad y en un riesgo adicional para la rentabilidad, la permanencia y la inversión ganadera.