Diez productores en siete departamentos fueron víctimas de hurto, carneo, extorsión y otras modalidades delictivas en la primera semana de febrero. Solo seis casos llegaron a las autoridades. La falta de denuncia puede abrir la puerta a mayores pérdidas y fortalecer a estructuras criminales que avanzan sobre el campo.

La primera semana de febrero dejó una señal de alerta para la ganadería colombiana. Entre el 1 y el 6 de febrero de 2026, distintos hechos delictivos impactaron explotaciones pecuarias en varias regiones del país, afectando directamente la productividad y la estabilidad económica de quienes viven del ganado.

El balance, presentado por el general (r) Fernando Murillo, líder de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, evidencia cómo la criminalidad rural sigue encontrando espacios para operar en zonas estratégicas para la producción de carne y leche. (Lea en CONtexto ganadero: Fedegán ofrece claves que usted puede aplicar para enfrentar la inseguridad en el campo)

En total fueron diez los casos registrados en siete departamentos: Cesar encabezó la lista con tres, seguido por Tolima con dos. Guaviare, Cauca, Bolívar, Arauca y Antioquia reportaron un caso cada uno. Siete hechos se atribuyen a delincuencia común y tres a estructuras organizadas, una combinación que refleja tanto oportunismo como planificación criminal.

El hurto de ganado volvió a ubicarse como la conducta de mayor impacto, con cinco casos en apenas seis días. A ello se sumaron un episodio de carneo, uno de extorsión, uno de estafa, uno de vandalismo y otro de comercio ilegal de carne. El saldo fue de 42 reses afectadas.

Para un productor, perder animales no es solo reducir inventario, pues cada res representa inversión en genética, alimentación, sanidad, tiempo y trabajo; es decir, es capital inmovilizado que desaparece de un día para otro. En muchos casos, esa pérdida obliga a postergar mejoras, frenar compras de insumos o aplazar pagos.

La consecuencia es una menor disponibilidad de ganado que impacta la cadena cárnica y lechera. Esto presiona la oferta y erosiona la confianza en zonas donde el productor ya enfrenta altos costos y volatilidad de precios.

Falta de denuncias

El hecho de que los casos se distribuyan en distintas regiones demuestra que el fenómeno no está focalizado en un solo corredor. César y Tolima aparecen con mayor número de reportes, pero la presencia de hechos en departamentos como Guaviare o Arauca indica que tanto zonas consolidadas como territorios de frontera productiva están expuestos.

La participación de delincuencia organizada en tres de los casos añade un componente de riesgo mayor. Estas estructuras suelen tener redes de comercialización ilegal y capacidad de intimidación, lo que dificulta la recuperación de animales y el desmantelamiento de las operaciones.

De los diez hechos conocidos, solo seis fueron denunciados formalmente, ya que cuatro no llegaron a conocimiento oficial. Según la postura del general (r) Murillo, esta situación limita la acción coordinada entre Policía y Fiscalía y reduce la posibilidad de judicializar responsables.

En los casos denunciados hubo presencia institucional, pues cuando se activa la ruta formal, intervienen las autoridades competentes y se abre la puerta a investigaciones. Pero cuando el productor opta por no reportar, por temor o desconfianza, la capacidad de reacción se reduce y el delito se invisibiliza.

Murillo insistió en que el trabajo conjunto con el Gaula de la Policía es fundamental, especialmente frente a la extorsión y las amenazas asociadas al hurto de ganado. La denuncia oportuna permite activar protocolos especializados y evitar que el problema escale.

La seguridad rural no depende únicamente de patrullajes, sino de información precisa y colaboración permanente. Cada reporte ayuda a identificar patrones, rutas de movilización ilegal y posibles puntos de sacrificio clandestino. (Lea en CONtexto ganadero: Ganaderos desplazados y carne clandestina. Así va la crisis de la inseguridad)