Esta vez, tres personas fueron asesinadas en un predio invadido bajo administración de la SAE, en zona rural de Yotoco, en el Valle del Cauca. El caso volvió a encender las alertas sobre territorios donde la ausencia estatal, las ocupaciones masivas y la presencia de bandas locales están configurando nuevos escenarios de violencia.

La noche del 5 de mayo volvió a dejar una escena de horror en el Valle del Cauca. Tres personas fueron asesinadas con arma blanca y de fuego en el sector de La Regina, zona rural del municipio de Yotoco, dentro de un predio perteneciente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) donde actualmente permanecen asentadas cerca de 500 familias.

El crimen, confirmado por Indepaz, se convirtió en la masacre número 51 registrada en Colombia durante 2026

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Fernando, Germán y Sandra, quienes, según la información, conocida hasta ahora, serían integrantes de una misma familia. El asesinato ocurrió en medio de un territorio marcado por la ocupación irregular de tierras, la presencia de estructuras delincuenciales locales y las advertencias previas emitidas por organismos de derechos humanos. (Lea en CONtexto ganadero: 45 masacres en 2026 devuelven a Colombia a los tiempos más violentos en su historia)

Detrás del crimen emerge una realidad más compleja que la simple crónica judicial. La Regina representa hoy uno de los tantos territorios donde la institucionalidad perdió capacidad de control y donde las comunidades conviven bajo tensiones permanentes derivadas del vacío de autoridad.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 013 de 2025 para Yotoco, advirtiendo sobre riesgos asociados a la imposición de normas ilegales y formas de gobernanza armada ejercidas por grupos criminales en la zona. Aun así, las advertencias no evitaron que la violencia escalara.

En La Regina, la ocupación del predio por cientos de familias transformó el lugar en un espacio de alta vulnerabilidad social. Habitantes del sector aseguran que en los últimos meses crecieron las disputas internas, las amenazas y la presencia de actores armados que ejercen control sobre dinámicas cotidianas dentro y alrededor del asentamiento.

La falta de presencia efectiva de las autoridades ha permitido que estructuras ilegales ocupen espacios de poder en medio de las necesidades de comunidades que llegaron buscando un lugar para vivir.

Según Indepaz, en esta zona tienen influencia bandas de carácter local. La organización insistió en que la situación refleja el deterioro de las condiciones de seguridad en varios municipios donde confluyen pobreza, ocupaciones irregulares y débil respuesta institucional.

El coronel Pedro Astaiza ha advertido que este tipo de escenarios terminan convirtiéndose en focos de violencia cuando no existe control territorial sostenido por parte del Estado. Su análisis apunta a que las ocupaciones masivas, sin acompañamiento institucional suficiente, pueden derivar en conflictos donde estructuras criminales terminan imponiendo reglas y control social.

Alertas sin atención

Ese mismo día también fue asesinada Sandra Nogales, lideresa comunitaria del barrio Las Vegas, en Bello, Antioquia. La mujer recibió varios impactos de bala y en el ataque resultó herido su esposo. Con este crimen, la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados durante el año ascendió a 54. (Lea en CONtexto ganadero: 35 masacres y 133 asesinatos en 1er trimestre de 2026 desnudan la inseguridad rural en Colombia)

La Defensoría del Pueblo había advertido igualmente sobre los riesgos en Bello mediante las alertas tempranas 013 de 2025 y 036 de 2019, relacionadas con la presencia de estructuras ilegales, homicidios selectivos y amenazas contra la población civil.

Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer los móviles y responsables del crimen, en Yotoco persiste una sensación de incertidumbre entre las familias asentadas en el predio.