La incursión contra una instalación castrense en Norte de Santander y los enfrentamientos que han dejado decenas de víctimas en Guaviare cuestionan la capacidad institucional para responder al avance de estructuras ilegales. La periodista Salud Hernández advirtió que la persistencia de estas dinámicas en distintas regiones plantea interrogantes sobre las garantías democráticas y la presencia efectiva del estado a vísperas del ciclo electoral actual.

Un ataque contra una base militar entre Convención y San Pablo, en Norte de Santander, y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Guaviare, que ya dejan más de 50 muertos, según reportes preliminares, pusieron nuevamente en el centro del debate la seguridad nacional. (Lea en CONtexto ganadero: Drones con explosivos tienen jaque al Valle del Cauca: Jamundí bajo ataque)

Los sucesos ocurren en un momento especialmente sensible para el país. A menos de una semana de que se intensifique la carrera hacia las elecciones presidenciales, aumentan las preguntas sobre la capacidad del Estado para garantizar la presencia institucional en amplias zonas rurales donde las organizaciones armadas siguen ejerciendo influencia económica, social y política.

Para numerosos habitantes de las regiones afectadas por el conflicto, los hechos recientes no representan episodios simples, sino síntomas de una tendencia que se ha venido consolidando durante los últimos años enfocada en el fortalecimiento de grupos ilegales en territorios históricamente golpeados por la violencia y la débil presencia institucional.

La periodista Salud Hernández Mora, reconocida por sus investigaciones sobre violencia, narcotráfico y conflicto armado, expuso en CONtexto que los acontecimientos recientes confirman un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad.

En su opinión, la política de Paz Total no ha logrado contener la expansión de las estructuras criminales y, por el contrario, ha coincidido con un aumento de su presencia en varias regiones del país.

Para Hernández Mora, el ataque registrado en Norte de Santander y la confrontación entre las estructuras lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ reflejan una realidad que va más allá de los balances oficiales.

La periodista sostuvo que las disputas entre grupos ilegales por corredores estratégicos, economías ilícitas y control territorial continúan produciendo graves consecuencias para las comunidades. También advirtió sobre la capacidad de reclutamiento que conservan estas organizaciones, particularmente entre menores de edad.

Refiriéndose a los enfrentamientos en Guaviare, Hernández Mora señaló que resulta preocupante la capacidad de las estructuras armadas para incorporar nuevos integrantes a sus filas y afirmó que entre las víctimas reportadas podrían encontrarse menores reclutados en distintas regiones del país.

Según su análisis, la persistencia de secuestros, amenazas y mecanismos de intimidación demuestra que algunos anuncios de cese al fuego no se han traducido, necesariamente, en mejores condiciones para la población civil.

La situación, afirmó, mantiene restricciones de movilidad y limita actividades políticas en varias zonas del país.

Ausencia institucional

Hernández Mora sostuvo que uno de los principales problemas es la creciente capacidad de los grupos armados para ejercer control sobre comunidades y territorios donde la presencia estatal resulta insuficiente. (Lea en CONtexto ganadero: En 2026 van más de 90 ataques con drones el Valle del Cauca)

Según la periodista, la expansión de estructuras ilegales ha permitido que estas organizaciones mantengan mecanismos de intimidación, reclutamiento y control social en distintas regiones del país, afectando la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

Hernández Mora cuestionó la lectura que hace el Ejecutivo sobre la situación de orden público, “para ellos, la seguridad está bajo control. El ministro de Defensa dice que tiene unas Fuerzas Militares magnificas y que garantiza la seguridad de las elecciones, entonces, mientras tenga un gobierno que vive en otra realidad paralela, pues hay poco que hacer”.

La comunicadora también advirtió sobre el cansancio de las comunidades frente a una situación que se ha prolongado durante años y que, en muchos casos, ha generado una profunda desconfianza hacia instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia.

En algunas zonas, afirmó, los habitantes perciben que la respuesta estatal es limitada frente al poder que ejercen los grupos armados. Incluso, sostiene que existen territorios en los que las estructuras ilegales terminan imponiendo normas de comportamiento o resolviendo conflictos cotidianos, una realidad que, a su juicio, evidencia las dificultades del Estado para ejercer plenamente su autoridad.

Elecciones presidenciales

Otro de los aspectos que preocupa a Hernández Mora es la posibilidad de que la influencia de grupos ilegales termine afectando el desarrollo electoral.

La analista sostuvo que existen territorios en los que determinados sectores políticos enfrentan dificultades para realizar campañas, instalar publicidad o contar con testigos electorales. Mencionó, por ejemplo, que en algunas zonas de Arauca persisten restricciones de hecho que limitan la actividad política de ciertos movimientos y candidatos.

Desde su perspectiva, estas situaciones evidencian que el desafío no se reduce únicamente a la seguridad física, sino también a la protección de las garantías democráticas y de la participación política en igualdad de condiciones.