El país enfrenta un deterioro que combina presión criminal, debilidad institucional y decisiones cuestionadas. Para analistas como Rodrigo Pombo, el incremento de esas cifras demuestra el rumbo actual y una crisis que se agrava.

Colombia vive una crisis de seguridad que, lejos de ser coyuntural, refleja un deterioro estructural en el control del territorio. Las amenazas contra alcaldes, el crecimiento del crimen organizado y la fragilidad institucional evidencian un escenario en el que el Estado pierde capacidad de respuesta, mientras las regiones asumen una carga cada vez mayor.

El diagnóstico es compartido por distintos sectores, pero desde el análisis que hizo en CONtexto el abogado Rodrigo Pombo, la situación es aún más crítica porque el país enfrenta uno de los momentos más complejos en más de tres décadas con indicadores que muestran un deterioro simultáneo en lo urbano y lo rural.

A esto se suma una desconexión entre el nivel central y las realidades territoriales que, como advirtió Asocapitales, está desbordando la capacidad de las ciudades capitales para garantizar la seguridad.

La combinación entre decisiones políticas cuestionadas, debilitamiento institucional y expansión del crimen organizado configura una pérdida progresiva de control territorial con efectos directos sobre la gobernabilidad y la economía.

Y es que el hecho de que al menos 11 alcaldes de ciudades capitales estén amenazados marca un punto de quiebre en Colombia. (Lea en CONtexto ganadero: Petro no puede destituir alcaldes: penalista alerta sobre abuso de poder)

Para Pombo, este fenómeno es la evidencia de que la violencia ha escalado a niveles donde el poder local queda expuesto. “Cuando la violencia llega a las ciudades, lo que se demuestra es que el control territorial se perdió”, aseguró.

Desde Asocapitales, la alerta es que no se trata solo de seguridad, sino de la capacidad misma del Estado para gobernar en los territorios.

Paz total bajo cuestionamiento

Uno de los ejes más críticos del análisis de Pombo es la política de Paz Total. A su juicio, el enfoque de negociación con múltiples actores armados ha generado efectos contrarios a los esperados.

Las cifras que expone el informe de Asocapitales respaldan la preocupación de Pombo: más de 27.000 integrantes en estructuras criminales y un crecimiento superior al 23%.

Lejos de disminuir, estas organizaciones han fortalecido su control sobre economías ilegales en distintas regiones. (Lea en CONtexto ganadero: Terror y estrategia: lo que buscan los recientes atentados en Colombia)

Según el jurista, la situación envía un mensaje equivocado: “cuando el Estado negocia con el crimen sin imponer condiciones, se instala la idea de que delinquir paga”. En ese contexto, las organizaciones ilegales no se debilitan, sino que se reorganizan y expanden su control sobre economías ilícitas.

El análisis de Pombo también puso el foco en la política criminal, pues la alta reincidencia y el hecho de que cerca del 90% de los capturados enfrenten procesos en libertad reflejan, según él, un sistema que no está logrando disuadir el delito.

“La paz no se logra negociando con criminales, sino imponiendo el Estado de derecho”, sostuvo.

Desde su perspectiva, la falta de una respuesta firme ha debilitado la autoridad institucional y ha incrementado la percepción de impunidad.

Este escenario impacta directamente a los ciudadanos y a los sectores productivos que enfrentan mayores riesgos en sus actividades diarias.

El sistema penitenciario es otro punto crítico. La sobrepoblación y las condiciones actuales han convertido las cárceles en espacios en los que se fortalecen las estructuras criminales. Para Pombo, esto es parte de un problema más amplio: la incapacidad del Estado para cerrar el ciclo del delito, desde la captura hasta la resocialización.

Estado sin control

Más allá de las desalentadoras cifras, el jurista insistió en la pérdida de control territorial. Según su análisis, la violencia en las ciudades demuestra que el problema ya no está confinado al campo, desmontando la idea de que el origen del conflicto es exclusivamente rural.

Además, advirtió sobre un debilitamiento en el liderazgo institucional y en la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, lo que ha permitido el avance del crimen organizado tanto en lo urbano como en lo rural.

En paralelo, Asocapitales señaló que las ciudades están asumiendo entre el 40% y el 55% de los costos del sistema de seguridad, lo que profundiza el desbalance y limita su capacidad de respuesta.

El país enfrenta así una encrucijada compleja, por eso para Pombo la salida pasa por recuperar el control institucional, fortalecer la autoridad del Estado y replantear las estrategias actuales.