La sentencia es conocida a pocos días de cumplirse un año del secuestro de dos funcionarios del CTI y dos policías en Arauca. Las familias denuncian deterioro físico y emocional, mientras la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría exigen su liberación inmediata y cuestionan la contradicción entre el discurso político de la guerrilla y sus acciones armadas.

Las imágenes divulgadas por el ELN esta semana volvieron a sacudir al país. En los videos, difundidos cuando está próximo a cumplirse un año del secuestro de cuatro funcionarios del Estado en Arauca, sus familiares aseguran haber encontrado señales de desgaste físico y emocional que aumentaron la angustia de quienes esperan su regreso desde mayo de 2025.

“No los vimos bien ni física ni mentalmente”, dijeron familiares de los secuestrados, quienes además denunciaron sentirse solos frente a una situación que, según afirman, no ha contado con suficiente acompañamiento institucional.

El próximo 8 de mayo se cumplirá un año desde que fueron secuestrados los investigadores del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, junto a los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscritos a la Dijín.

El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció recientemente un supuesto “juicio revolucionario” contra ellos y advirtió que podrían permanecer hasta cinco años en cautiverio si no se concreta un intercambio por guerrilleros presos.

El anuncio provocó una fuerte reacción institucional y reabrió el debate sobre la estrategia de paz del Gobierno frente a esa guerrilla. La controversia surge además mientras el Comando Central del ELN propone públicamente un “acuerdo nacional” con el próximo gobierno que resulte elegido en las presidenciales, pese a mantener secuestrados a funcionarios estatales y sostener acciones armadas en distintas regiones del país. (Lea en CONtexto ganadero: Inseguridad afecta a 22.000 camioneros al día: violencia en carreteras lastima la economía rural)

Contradicción

La propuesta política del ELN coincidió con el endurecimiento de las críticas desde distintos sectores del Estado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, rechazó el supuesto proceso anunciado por la guerrilla y aseguró en declaraciones entregadas a Caracol Radio que “el ELN no es ninguna autoridad judicial. Es un cartel del narcotráfico y no es ningún organismo del Estado colombiano”, afirmó el ministro, quien además recordó que el secuestro es un delito que puede tener penas de hasta 40 años de prisión.

Las declaraciones del jefe de la cartera de Defensa se producen en medio de crecientes cuestionamientos sobre la persistencia y capacidad operativa del ELN. Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro aseguró que en tres meses acabaría con esa organización armada. Sin embargo, cuando su mandato entra en la etapa final, la guerrilla mantiene control territorial en varias zonas del país, continúa realizando secuestros y conserva capacidad militar y financiera.

Sánchez también hizo un llamado a la comunidad internacional, organismos humanitarios y la Iglesia católica para exigir la liberación inmediata de los retenidos. “Le pedimos a toda la comunidad internacional, a los defensores de derechos humanos y a la Iglesia católica que nos unamos todos en una sola voz”, expresó.. (Lea en CONtexto ganadero: Terror y estrategia: lo que buscan los recientes atentados en Colombia)

Voces institucionales

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron la liberación “sin condicionamiento alguno” de los cuatro funcionarios secuestrados, señalando que ese gesto sería una verdadera demostración de voluntad de paz.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también rechazó, de manera contundente, el denominado “juicio revolucionario”. “Que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad”, afirmó la funcionaria, quien calificó como “inadmisible” la actuación del grupo armado.

Desde la Defensoría insistieron, además, en el impacto humano que deja el cautiverio prolongado. En un pronunciamiento oficial, la entidad advirtió que los secuestrados presentan “afectaciones a su salud física y mental” y recordó que sus familias llevan casi un año enfrentando incertidumbre permanente.

“Al ELN le exigimos la liberación inmediata de los cuatro funcionarios y de todas las personas secuestradas”, señaló la Defensoría, que además pidió al Gobierno fortalecer las acciones para lograr su regreso.

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, se sumó al rechazo institucional y calificó el secuestro como “un ultraje a la dignidad humana”. En su declaración, aseguró que el Estado no puede reconocer “el poder de juzgamiento a civiles por parte de criminales, terroristas y narcotraficantes”.