La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro de las condiciones humanitarias en Puerto López, corregimiento de El Bagre, donde con el uso de nuevas tecnologías bélicas fueron atacados varios animales de trabajo, cuya pérdida, revela una dimensión poco visible de la violencia que amenaza la subsistencia de las familias campesinas.

Las consecuencias de la confrontación entre grupos armados ilegales en el Bajo Cauca antioqueño volvieron a sentirse en Puerto López, corregimiento de El Bagre, donde recientes ataques con drones cargados con explosivos dejaron como saldo la muerte de una vaca y seis caballos pertenecientes a familias campesinas.

El hecho ocurrió en una de las zonas más golpeadas por la disputa territorial que sostienen estructuras ilegales y que, según las autoridades, continúa agravando la situación humanitaria de la región.

Lo ocurrido trasciende la pérdida de varios animales. Para las comunidades rurales, una res o un caballo representan trabajo, transporte, producción y patrimonio familiar.

Su desaparición implica una afectación directa a la economía de hogares que dependen de la actividad agropecuaria para subsistir.

La guerra alcanza un nuevo nivel de degradación, pues ya no solo deja víctimas humanas, desplazamientos o confinamientos, sino también destruye los medios de vida de la población rural mediante herramientas cada vez más sofisticadas. (Lea en CONtexto ganadero: En 2026 van más de 90 ataques con drones el Valle del Cauca)

La alerta de la Defensoría del Pueblo se sustenta en una serie de hechos que muestran el deterioro de las condiciones de seguridad en Puerto López y sus alrededores. Según la entidad, entre enero y mayo de 2026 se registraron al menos dos eventos de confinamiento y cinco desplazamientos forzados masivos en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

A estos episodios se suman amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, utilización de niños, niñas y adolescentes, además de afectaciones a bienes civiles en diferentes veredas del corregimiento.

La entidad también manifestó preocupación por el uso recurrente de drones adaptados para lanzar o activar artefactos explosivos en medio de la confrontación entre grupos armados ilegales.

Según la Defensoría, esta modalidad ha generado daños sobre viviendas, infraestructura comunitaria y otros bienes esenciales para las comunidades rurales.

El organismo advirtió, además, que el retiro de la Policía Nacional de Puerto López en marzo de 2026 incrementó la percepción de desprotección entre los habitantes y limitó la capacidad de respuesta institucional frente al control territorial ejercido por actores armados ilegales.

Los animales, las nuevas víctimas

Los animales fueron las principales víctimas de un reciente ataque ocurrido en la vereda Malena.

Sobre el caso de una vaca y seis caballos muertos, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) difundió imágenes del hecho, en las que se observan abatidos en los potreros. Según la organización, estos animales pertenecían a familias campesinas de escasos recursos que dependen de la producción agropecuaria para sostener sus hogares.

Para Corpades, el uso de explosivos lanzados mediante drones en zonas habitadas por población civil podría constituir una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, debido a los riesgos que genera sobre personas, viviendas y medios de subsistencia.

Además, el problema no se limita a Puerto López. En sectores cercanos como Montefrío, en Segovia, y Santa Isabel de Amará también se han reportado afectaciones asociadas a estos artefactos. En este último caso, la explosión también provocó la muerte de caballos y reses pertenecientes a familias rurales, afectando bienes fundamentales para su economía. (Lea en CONtexto ganadero: Entre cifras oficiales y temor en la ruralidad: así está la inseguridad en el Atlántico)

Miedo a alzar la voz

El silencio que rodea estos hechos refleja la complejidad de la situación que se vive en Puerto López y otras zonas del Bajo Cauca antioqueño. CONtexto intentó contactar a productores y habitantes de la región para conocer el impacto de los ataques sobre sus animales y actividades productivas. Sin embargo, el miedo sigue siendo uno de los principales obstáculos y ninguno de sus habitantes se atrevió a dar testimonio.

Lo que sí está confirmado, es que detrás de esta situación se encuentra una disputa que se intensifica entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc por corredores estratégicos y economías ilegales en el Bajo Cauca antioqueño.

Finalmente, tras los recientes ataques, el Ejército Nacional desplegó tropas del Batallón de Selva N.º 57 de la Brigada 11 para reforzar la seguridad en Puerto López y prevenir nuevos hechos de violencia.

Sin embargo, la Defensoría insiste en que la situación requiere respuestas integrales que permitan proteger efectivamente a la población civil.