La confrontación entre estructuras armadas ilegales en el sur del país escaló a un nuevo nivel tras un documento en el que uno de los grupos reconoció decenas de bajas en combate. El Gobierno advierte posibles implicaciones penales y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, mientras avanzan las labores para recuperar, en Guaviare, cerca de medio centenar de cuerpos en una zona marcada por la disputa de economías ilícitas.

La crisis de seguridad en Guaviare sumó un nuevo capítulo el pasado 28 de mayo cuando el Ministerio de Defensa respondió públicamente a un comunicado emitido por el Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, estructura disidente de las antiguas Farc liderada por alias ‘Calarcá’.

El pronunciamiento se produjo en medio de los enfrentamientos registrados desde el pasado 26 de mayo en la vereda La Siberia, donde dos facciones armadas ilegales se disputan el control territorial.

Según el documento difundido por la estructura de ‘Calarcá’, los combates contra hombres al mando de alias ‘Iván Mordisco’ habrían dejado al menos 50 muertos.

La organización aseguró que cerca de 100 de sus integrantes se encontraban en un campamento cuando fueron atacados por aproximadamente 250 combatientes de la facción rival.

Para el Ministerio de Defensa, el contenido de ese comunicado trasciende el relato de una confrontación armada y podría tener implicaciones judiciales de gran alcance.

Esa cartera ministerial sostuvo que el documento “constituiría la confesión y admisión pública de un atroz delito”, al reconocer la muerte de múltiples personas, entre ellas, presuntamente menores de edad.

De acuerdo al Ejecutivo, el propio comunicado podría convertirse en un elemento de análisis judicial sobre posibles graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a la legislación penal colombiana, en un contexto en el que las disputas entre grupos armados continúan dejando un alto costo humanitario para las comunidades rurales.

La respuesta del Ministerio de Defensa estuvo acompañada de fuertes cuestionamientos al contenido del comunicado de las disidencias.

La entidad afirmó que el reconocimiento de las muertes, especialmente si se confirma la presencia de menores de edad entre las víctimas, podría configurar una grave violación de las normas nacionales e internacionales que regulan los conflictos armados.

Además, recordó que quienes ejecuten, financien, ordenen o faciliten este tipo de conductas podrían enfrentar procesos judiciales, tanto en Colombia como en el exterior, con penas que podrían alcanzar hasta 50 años de prisión.

La cartera ministerial también rechazó lo que calificó como intentos de justificar los hechos bajo argumentos de “legítima defensa” o acciones militares internas entre organizaciones ilegales.

Región atrapada

Mientras se desarrolla el debate jurídico y político, en terreno continúa una compleja operación humanitaria. Las Fuerzas Militares informaron la activación de un corredor especial para facilitar la recuperación de al menos 48 cuerpos que, según información suministrada por líderes comunitarios, permanecen en áreas rurales afectadas por los enfrentamientos. (Lea en CONtexto ganadero: En 2026 van más de 90 ataques con drones el Valle del Cauca)

La medida fue coordinada entre la Gobernación de Guaviare, autoridades municipales y mandos militares, ante la magnitud de los hechos registrados en esta zona del país.

La confrontación involucra a la estructura 44 Bloque Amazonas, asociada a alias ‘Iván Mordisco’, y a la estructura Isaías Carvajal, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño de alias ‘Calarcá’.

Los recientes hechos se suman a varios atentados terroristas y de violencia que se han presentado en el país. En enero de este mismo año, autoridades regionales reportaron la presencia de 26 cuerpos en carreteras cercanas al caserío La Paz, en jurisdicción de El Retorno, también en Guaviare.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, ambos casos estarían relacionados con la disputa que sostienen estas estructuras armadas por corredores estratégicos, rutas de movilidad y economías ilícitas en el suroriente colombiano.

La región se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación entre facciones disidentes que, tras la ruptura de antiguos acuerdos internos, buscan consolidar su influencia sobre territorios clave para actividades ilegales. (Lea en CONtexto ganadero: Drones con explosivos tienen jaque al Valle del Cauca: Jamundí bajo ataque)

El costo de la guerra

A la dimensión judicial y militar de los hechos se sumó una fuerte reflexión de la Defensoría del Pueblo, que puso el foco en las víctimas y en las condiciones en las que las comunidades tuvieron que enfrentar la emergencia.

La Defensoría advirtió que el aislamiento geográfico, sumado a la limitada presencia institucional y al insuficiente control territorial en la zona, obligó a las comunidades a convivir durante dos días con los cuerpos de las víctimas antes de que pudiera ingresar una misión humanitaria.

La entidad describió la escena como “desoladora y espeluznante” y destacó el trabajo de la comisión que logró recuperar los cadáveres, con apoyo de organismos humanitarios y de la regional Guaviare.