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Cuatro hombres asesinados, comunidades confinadas y pescadores sin garantías reflejan una crisis que había sido advertida por organizaciones sociales. La disputa armada en la Ciénaga Grande amenaza la seguridad del departamento, así como a la economía alimentaria de una región que depende del agua para sobrevivir.
La noche del pasado sábado en el corregimiento de Palmira, jurisdicción de Pueblo Viejo, Magdalena, dejó cuatro muertos y dos heridos tras un ataque atribuido a hombres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El hecho de sangre confirmó el temor que desde hace semanas venían denunciando líderes sociales, pescadores y organizaciones defensoras de derechos humanos: el control territorial de grupos armados sobre sectores estratégicos de la Ciénaga Grande y el abandono estatal que hoy mantiene a cientos de familias atrapadas entre la violencia y el hambre.
Mario Gutiérrez Bravo, José Gutiérrez Sevilla, Alberto Gutiérrez Corrales y José Gutiérrez Corrales fueron asesinados en el barrio La Esperanza mientras departían. Dos murieron en el lugar y otros dos fallecieron minutos después en centros asistenciales. (Lea en CONtexto ganadero: Masacre 49 en Colombia en 2026: lo que revela reciente ataque en Barrancabermeja)
Detrás de los crímenes, sin embargo, hay una historia mucho más profunda relacionada con la pérdida progresiva del control institucional sobre corredores fluviales estratégicos para la economía pesquera y las rutas ilegales que atraviesan la región.
La tesis que hoy sostienen organizaciones sociales y autoridades locales es contundente: la tragedia pudo evitarse.
Y es que días antes de la masacre, la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada había emitido una alerta pública denunciando amenazas, desplazamientos y restricciones impuestas por grupos armados en sectores de Pueblo Viejo, la Ciénaga Grande y el Parque Vía Isla de Salamanca.
La advertencia hablaba de pescadores despojados de sus motores, robos de artes de pesca, confinamiento y miedo.
También denunciaba que varias zonas ya no eran patrulladas por la Fuerza Pública, sino por estructuras criminales que ejercen control sobre la movilidad y las actividades productivas. Aun así, las medidas preventivas no llegaron.
En Pueblo Viejo, la violencia se calcula en redes abandonadas, jornadas de pesca perdidas y hogares sin alimentos.
Según cifras entregadas por la administración municipal, el 86% de la población depende directa o indirectamente de la pesca, una actividad que hoy enfrenta restricciones por la presencia de grupos armados ilegales.
El alcalde Brandon Márquez aseguró que desde hace meses vienen insistiendo ante el Ministerio de Defensa y otras autoridades sobre la necesidad de reforzar la seguridad fluvial en la zona.
El mandatario explicó que, tras gestiones con la Gobernación del Magdalena, se acordó la entrega de dos lanchas rápidas para que el Ejército pueda patrullar sectores de la Ciénaga y garantizar la tranquilidad de las comunidades pesqueras.
“Hemos sido insistentes ante las autoridades policivas, ante el ministerio de Defensa, que se comprometió con la gobernadora y con el municipio de proporcionar dos lanchas rápidas, para que el ejército nacional, a quien se le denegó la misionalidad de patrullar la ciénaga grande, garantizara la tranquilidad a nuestros pescadores”, expresó Márquez.
El mandatario también advirtió que muchas familias enfrentan carencias alimentarias porque salir a pescar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
“Hoy hay hogares que tienen carencias porque van a pescar y les despojan sus materiales de pesca”, sostuvo.
Capturas
Tras el atentado, unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta activaron un plan candado que permitió la captura de cinco presuntos responsables, entre ellos los alias ‘Kaleth’, ‘Mauro’ y ‘Maycol’, señalados de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
Según las autoridades, los detenidos tendrían más de diez años vinculados a actividades criminales relacionadas con sicariato y reclutamiento. Durante el operativo, fueron incautados dos revólveres y teléfonos celulares.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, encabezó posteriormente un Consejo de Seguridad Extraordinario junto a mandos militares, policiales y judiciales para evaluar la situación del municipio. Allí reconoció la gravedad del panorama que enfrenta Pueblo Viejo. (Lea en CONtexto ganadero: 45 masacres en 2026 devuelven a Colombia a los tiempos más violentos en su historia)
“Nos preocupa rotundamente la situación de Pueblo Viejo. Recordemos que allí claramente está la Ciénaga, la cual es un corredor de narcotráfico y donde también están los dos Grupos Armados Organizados disputándose territorio”, afirmó la mandataria.
La gobernadora anunció, además, que se estudia la instalación de una base militar temporal y el fortalecimiento de la seguridad fluvial en la zona, considerada estratégica para las rutas ilegales.
Mientras avanzan las investigaciones, la discusión de fondo sigue apuntando a la capacidad de reacción del Estado frente a las alertas tempranas emitidas por las organizaciones sociales.
Desde PDHAL insistieron en que lo ocurrido era previsible y cuestionaron la falta de acciones efectivas para proteger a las comunidades.
“Si el Estado no escucha a las organizaciones sociales y plataformas de Derechos Humanos, si no escucha los liderazgos sociales en sus territorios, ¿para qué existen y se exponen? Esto estaba advertido y simplemente dejaron que pasara”, señaló la organización.
Pdhal solicita respetuosamente al @petrogustavo un Consejo Ministerial para evaluar y tomar decisiones sobre la crisis humanitaria en Pueblo Viejo y el Parque Vía Isla de Salamanca.
— PDHAL Sierra Nevada de Santa Marta (@PdhalSN) April 6, 2026
Al parque no lo patrulla la Fuerza Pública. Lo patrullan los GAO, que imponen hambre y desolación. pic.twitter.com/cJBzNERVlF