El fin de las protestas abre un nuevo capítulo en la gestión territorial: autoridades, productores y municipios pactan medidas que buscan corregir distorsiones en los valores rurales y dar oxígeno financiero a miles de contribuyentes. Cumplimiento será decisivo para evitar una nueva escalada social.

Tras intensas jornadas de diálogo, Santander puso fin a los bloqueos que paralizaron sus principales corredores viales luego de que la Gobernación de ese departamento, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), alcaldes y voceros ciudadanos firmaran un acuerdo para revisar los avalúos catastrales y mitigar el impacto del impuesto predial. (Lea en CONtexto ganadero: De 100 a 2.800 millones: el avalúo que tiene contra las cuerdas a ganaderos en Colombia)

La protesta, originada por incrementos considerados desproporcionados, encontró, luego de casi una semana de protestas, una salida negociada que ahora deberá traducirse en resultados concretos en el corto plazo

El pacto, respaldado por la Resolución 0384 de 2026, permite ajustar los incrementos en los avalúos bajo criterios territoriales y reconoce que los valores aplicados no reflejaban, en todos los casos, la realidad de los predios, especialmente en zonas rurales con vocación ganadera.

Además, el acuerdo incluye la revisión masiva de los estudios catastrales, la emisión de un acto administrativo general para evitar reclamaciones individuales y medidas de alivio económico como la ampliación de plazos y descuentos en el pago del predial, un punto clave para productores que venían asumiendo una presión fiscal creciente.

Origen y compromisos del acuerdo

La raíz del conflicto fue económica porque en múltiples municipios los nuevos avalúos elevaron significativamente el valor del impuesto predial, generando preocupación entre propietarios rurales, ganaderos y autoridades locales.

La percepción generalizada fue de inconformismo, ya que los ajustes no correspondían a las condiciones productivas ni al valor real de la tierra, lo que desencadenó movilizaciones y bloqueos que terminaron afectando, no solo la movilidad, sino también la dinámica comercial de varios departamentos.

El gobernador Juvenal Díaz asumió un papel central como mediador del proceso. Según explicó, los compromisos incluyen la revisión de los avalúos, el acompañamiento técnico de la Gobernación, la instalación de mesas de trabajo con participación de alcaldes y voceros, y la gestión para ampliar los plazos de pago del impuesto predial. (Lea en CONtexto ganadero: Avalúos disparados: Fedegán denuncia aumentos de hasta 1000 % y pide reunión con IGAC)

Desde el Igac, Jean Carlo Colmenares reiteró el carácter conciliador del proceso. “En conjunto con las administraciones, en compañía de la gobernación como garante del proceso se van a revisar todos estos estudios que se hicieron para ajustar nuevamente los valores en los casos que se requieran, dado que es un proceso masivo”, aclaró.

Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la decisión de evitar que cada ciudadano deba iniciar trámites individuales, lo que habría generado congestión administrativa y mayor incertidumbre.

El plan de acción contempla intervenciones diferenciadas. Municipios como Lebrija, San Gil, Barichara, Curití y Simacota serán priorizados en las revisiones iniciales, mientras que Cimitarra, Sabana de Torres y Puerto Wilches tendrán un plazo más amplio para ajustar sus procesos.

En aproximadamente dos semanas deberán completarse las primeras revisiones, lo que será clave para sostener la credibilidad del acuerdo.

El sector ganadero

Para los productores, el acuerdo representa más que el fin de los bloqueos. Es la posibilidad de corregir una carga fiscal que amenazaba la viabilidad económica de muchas explotaciones.

El incremento en el predial había comenzado a trasladarse a los costos de producción, afectando decisiones de inversión y sostenibilidad en el mediano plazo.

Jorge León, director ejecutivo de Fedegasan, valoró positivamente el resultado del diálogo: “me parece ideal porque al fin y al cabo mediante el diálogo se llegó a un acuerdo y ese acuerdo es reevaluar todos los temas de los avalúos catastrales, que están generando unos problemas muy grandes dentro del departamento. Me parece que ha sido muy buena la gestión por parte del gobernador de Santander, ya que ha favorecido el equilibrio y la justicia con los productores”.

Cumplir con los ajustes en los tiempos establecidos, garantizar transparencia en la revisión y materializar los alivios prometidos será determinante para consolidar la confianza entre el Estado y el sector rural.